ONG venezolanas exigen al nuevo fiscal cifras claras sobre amnistía

Espacio Público, Alerta Venezuela y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) alegaron que los datos solicitados deben conocerse, según el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.

La ley da un plazo a la la Fiscalía de máximo 20 días hábiles para responder.

En este sentido, las organizaciones pidieron el número de boletas de excarcelaciones emitidas y ejecutadas a partir de la solicitud de fiscalías.

Otro aspecto importante para las ONG es el número de personas bajo medidas cautelares a quienes se les ha aplicado la amnistía. También solicitan desglosar la lista de penales donde se ejecutaron las excarcelaciones y la cantidad de personas beneficiadas por centro en cada estado del país.

Además, las organizaciones de DDHH requirieron el número de denuncias recibidas por retardo u omisión en la aplicación de la ley.

Difieren audiencia

Carlos Trapani, abogado y defensor de los derechos de la niñez, denunció que fue diferida por sexta vez la audiencia en el caso de la adolescente Samantha Hernández, de 16 años, quien es familiar de un teniente acusado del delito de traición a la patria.

"El retraso en el caso no solo significa trabas administrativas sino que cada día es un daño acumulado", dijo Trapani en redes sociales.

A la adolescente se le negó la amnistía.

Samantha Hernández fue detenida el pasado 19 de noviembre por funcionarios encapuchados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en la casa de sus abuelos en Caracas.

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FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo/Monitoreamos/Carlos Trapani