ONU pide fin de abusos contra presos políticos en Venezuela y mayor transparencia

Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el funcionario afirmó que su oficina ha recibido información sobre la persistencia de abusos contra personas privadas de libertad, incluidos casos reportados en los centros de detención Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, ubicados en las cercanías de Caracas.

“Persisten los problemas estructurales y sistémicos en materia de derechos humanos”, señaló Türk, quien expresó “profunda preocupación” por las denuncias de torturas y malos tratos a detenidos.

De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal, al menos 508 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellas militares y ciudadanos extranjeros.

"Amnistía bajo cuestionamientos"

Tras la captura del dictador depuesto, Nicolás Maduro, el 3 de enero durante una incursión militar, el régimen interino encabezado por Delcy Rodríguez anunció un proceso de liberaciones y promovió una ley de amnistía aprobada el 19 de febrero.

Las autoridades venezolanas aseguran que más de 7.365 personas han obtenido la libertad plena mediante esta legislación. Sin embargo, el Alto Comisionado indicó que su oficina ha podido confirmar la liberación de unas 950 personas que estaban detenidas arbitrariamente, algunas de ellas bajo condiciones restrictivas.

Türk también informó que alrededor de 60 detenidos que permanecían incomunicados pudieron recibir visitas familiares, lo que calificó como un avance limitado.

El funcionario instó al régimen venezolano a liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente, además de publicar la lista oficial de liberados y permitir acceso sin restricciones a los centros de detención.

Asimismo, lamentó que la Oficina del Alto Comisionado aún no tenga acceso pleno al país para verificar la situación de los presos.

Estado de emergencia y clima de temor

Tras la captura de Maduro, la gobernante del chavismo decretó un estado de emergencia que permite la detención de personas acusadas de apoyar la incursión militar que precipitó el cambio político.

Según Türk, fuerzas de seguridad y grupos armados civiles aprovecharon este marco legal para realizar acciones intrusivas que han contribuido a generar un clima de temor entre la población.

El Alto Comisionado pidió a régimen revisar la necesidad y proporcionalidad de ese decreto, además de derogar la ley que regula el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, la cual —según denunció— limita el trabajo de la sociedad civil en el país.

“Comparto el alivio de las personas liberadas y de sus familiares, pero su detención era inadmisible”, afirmó Türk, quien insistió en la necesidad de adoptar medidas que garanticen la libertad de opinión y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

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FUENTE: Con información de AFP