Policía culpa al sistema penitenciario por fuga de cabecilla vinculado al magnicidio de Fernando Villavicencio

Un informe de la Unidad Investigativa Antidelincuencial (UIAD), fechado el 26 de enero de 2026, concluyó que la prelibertad otorgada a Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor” —señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Lobos— estuvo marcada por irregularidades no reportadas oportunamente al juez competente.

El reporte policial, citado por Primicias, señala que los controles virtuales implementados tras un incidente armado ocurrido durante una comparecencia presencial carecieron de mecanismos que permitieran confirmar la identidad y ubicación real de Aguilar. El sistema habría permitido incluso el envío de fotografías repetidas y otras en las que el individuo aparecía con el rostro cubierto.

El descargo del SNAI

La Policía aseguró además que no se realizaron visitas domiciliarias mensuales para comprobar su permanencia en el domicilio registrado en Quito, pese a ser una de las condiciones impuestas por el juez de garantías penitenciarias de Latacunga, Víctor Darío Barahona, cuando concedió el beneficio en 2022 dentro de un proceso por asesinato.

El informe advierte que tampoco se informó al juez sobre posibles incumplimientos detectados durante el seguimiento, lo que habría facilitado la posterior fuga del procesado.

Infobae detalla que el SNAI presentó un descargo interno reconociendo que recomendó controles virtuales debido a riesgos de seguridad y que algunos procedimientos se aplicaban conforme a criterios operativos internos. De acuerdo con la publicación, la unidad de reinserción penitenciaria incluso solicitó una prórroga al juez para remitir documentación adicional sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas.

Vínculos con el magnicidio de Fernando Villavicencio

No obstante, para la Policía, las fallas en la verificación del domicilio y de las comparecencias resultaron determinantes para que alias “Lobo Menor”, actualmente prófugo, lograra evadir el control institucional.

La controversia surge en medio de las investigaciones por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 durante un mitin político en Quito. La Fiscalía General ha señalado a estructuras criminales vinculadas al narcotráfico como responsables del atentado y apuntado a miembros de Los Lobos como presuntos autores intelectuales y materiales.

Alias “Lobo Menor” es considerado por las autoridades como uno de los cabecillas de esa organización y figura entre los investigados en el magnicidio. Su fuga mantiene encendidas las alarmas y ha reabierto el debate sobre la efectividad de los mecanismos de control de beneficios penitenciarios en un país marcado por la creciente violencia criminal.

Debate sobre responsabilidad institucional

Fuentes judiciales consultadas por Primicias indicaron que el informe policial ya forma parte de la documentación remitida para evaluar posibles responsabilidades administrativas o penales relacionadas con el seguimiento al beneficio de prelibertad. Hasta ahora, no se han anunciado sanciones concretas.

Mientras la Policía insiste en que la falta de controles adecuados permitió la evasión del prófugo, el SNAI sostiene que actuó conforme a lineamientos judiciales y en un contexto de riesgo extraordinario.

El caso vuelve a exponer las grietas del sistema carcelario ecuatoriano, que en los últimos años ha enfrentado masacres carcelarias, denuncias de corrupción interna y una penetración creciente de bandas criminales dentro y fuera de los centros de detención.

La fuga de Aguilar —uno de los presuntos implicados en el asesinato de un candidato presidencial— mantiene bajo fuerte escrutinio los mecanismos de prelibertad y las capacidades de supervisión del Estado en un país que atraviesa una de sus peores crisis de seguridad.

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FUENTE: Con información de Infobae / Primicias