Provincia argentina expulsará y prohibirá entrar a inmigrantes con condenas

El decreto establece "la realización de todas las medidas conducentes a la expulsión y prohibición de ingreso al territorio provincial, de los ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentran cumpliendo condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero".

Pese a la polémica surgida, y aunque no comparte orientación política con el Gobierno peronista de Chubut, el ministro del Interior argentino, Rogelio Frigerio, sostuvo que "es algo que está en la filosofía del Gobierno nacional", y afirmó que han "logrado separar la cuestión de la delincuencia de la inmigración", con récords de radicaciones de inmigrantes y también de expulsiones.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, declaró tras aprobar el decreto que en la provincia patagónica "no van a entrar ese tipo de personas", en referencia a "todos aquellos que tengan que saldar una deuda con la sociedad".

Arcioni expuso que fue el aumento de la proporción de extranjeros entre los delincuentes lo que le motivó a tomar esa decisión, y habló en concreto de un grupo de venezolanos a los que se les habían incautado más de siete kilos de cocaína, así como "peruanos, paraguayas y bolivianos vinculados al tráfico de personas".

El ministro de Gobierno de Chubut, Federico Massoni, añadió que se ha dado a la Policía la orden de que "no se hagan controles aleatorios sino un control férreo, del 100% de los ingresos" a la provincia, y a partir de esta semana destinarán todos los recursos humanos necesarios "para que esto sea llevado a cabo en forma dura, firme".

No obstante aclaró que las instrucciones del gobernador habían sido las de llevar a cabo esa directriz con un "fiel cumplimiento de la Constitución y el respeto a los extranjeros", y puntualizó: "No estamos hablando de los extranjeros en su totalidad, sino de esa minoría que hace del delito su forma de vida".

Tras el anuncio del decreto para expulsar y mantener fuera de Chubut a los inmigrantes con antecedentes, varios expertos constitucionales han manifestado que el decreto es contrario a las leyes, ya que las competencias en materia de control de la inmigración son del Ejecutivo nacional.

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FUENTE: EFE