Miami-Dade plantea usar oficiales de prisiones para reemplazar escoltas de autoridades locales

En una carta del 22 de octubre, la sheriff Rosie Cordero-Stutz notificó que su oficina terminaría el programa Sergeant-at-Arms a partir del 9 de noviembre. El servicio proporciona protección personal y transporte a la jefa del gobierno condal y a los 13 integrantes de la Comisión.

La funcionaria ha justificado la medida como parte de un esfuerzo para redistribuir recursos ante lo que considera un déficit presupuestario. Según la explicación ofrecida anteriormente por las autoridades locales, mantener el esquema cuesta aproximadamente $4.1 millones anuales.

El plan alternativo fue divulgado por la propia Levine Cava, durante una actividad del Departamento de Correcciones, donde apuntó sobre una nueva responsabilidad de la agencia en la protección de autoridades y un administrador indicó que 33 oficiales habían sido entrenados para ejercer como sargentos de armas.

La propuesta contempla que personal penitenciario asuma tareas desempeñadas por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO). El rechazo también llegó por parte de la comisionada Raquel Regalado, quien sostuvo que esos empleados deben permanecer en las cárceles y atender las necesidades del sistema de reclusión.

En su respuesta por escrito a la sheriff, la alcaldesa advirtió además sobre la seguridad del Centro de Gobierno Stephen P. Clark, donde trabajan empleados públicos, se realizan gestiones ciudadanas y confluyen servicios de transporte. Su preocupación abarca tanto a los cargos electos como a quienes acuden al edificio.

Levine Cava solicitó un plan de transición que precise qué cobertura continuará, cómo se coordinarán las responsabilidades y de qué manera se compartirán las evaluaciones de amenazas. La petición quedó recogida en el intercambio de cartas difundido en octubre.

El desacuerdo sobre las escoltas forma parte de una controversia financiera más amplia. En un comunicado del 8 de octubre, la Alcaldía y el presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez, defendieron una asignación de aproximadamente $1,234 millones para MDSO durante el año fiscal 2026-2027, que calificaron como la mayor en la historia de la agencia.

La administración sostuvo que el monto supera en $186.3 millones la solicitud presupuestaria certificada de la sheriff. También afirmó que incluye recursos para 200 plazas adicionales, 80 de agentes y 120 civiles; y alrededor de $95 millones para horas extras y beneficios asociados.

Cordero-Stutz rechazó esa interpretación en un comunicado del 9 de octubre. Su oficina sostuvo que comparar los totales generales no resuelve una insuficiencia de aproximadamente $42 millones, porque los compromisos existentes limitan el dinero disponible para contratar y capacitar agentes, adquirir equipos y cubrir otras necesidades operativas.

MDSO anunció entonces que apelaría el presupuesto ante la Comisión de Administración de Florida. La sheriff defendió que buscaría alternativas de financiamiento y ahorros para cumplir las obligaciones de su dependencia sin aumentar impuestos ni recortar programas esenciales del condado.

La controversia se produce durante el segundo año de la nueva estructura institucional de Miami-Dade. Cordero-Stutz asumió en enero de 2025 como la primera sheriff electa en casi seis décadas, mientras el sistema de Correcciones permaneció bajo la administración condal. La propuesta de reemplazo recurre a ese personal, que continúa bajo el mando de la Alcaldía.

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