Sur de Florida lidera un nuevo plan contra el fraude en ayudas alimentarias

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones y el inspector general del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), John Walk, anunciaron recientemente la iniciativa Hunger Assistance Enforcement and Accountability Teams (HEAT).

Los equipos examinarán robos y compraventa ilegal de beneficios, suplantación de identidad y operaciones comerciales irregulares. Abarcarán el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP).

El comunicado explica que la región fue escogida por su extensa actividad comercial, diversidad demográfica y conexiones internacionales. Participan organismos federales, estatales y locales, entre ellos el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

En un caso divulgado el 30 de octubre, la Fiscalía federal acusó al comerciante de Hollywood Al Amin, de 52 años, de participar en una operación que habría utilizado más de $500,000 en asistencia nutricional para adquirir mercancía destinada a la reventa.

Según la acusación, el sospechoso y otras personas compraban tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT) mediante pagos en efectivo equivalentes a aproximadamente la mitad de su saldo disponible. Después, presuntamente empleaban esos recursos para realizar compras al por mayor en distintos establecimientos.

Parte de la mercancía, sostiene la acusación, abastecía su tienda; el resto presuntamente se vendía a otros negocios de la zona.

Amin enfrenta un cargo de conspiración relacionado con la adquisición y utilización no autorizadas de la ayuda y otro de conspiración para cometer fraude electrónico. De ser declarado culpable, las penas máximas son de cinco años por el primero y de 20 por el segundo. El caso es investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina del Inspector General del USDA.

Por su parte, el Departamento de Servicios Financieros de Florida (DFS) anunció el 29 de octubre el arresto de Anwar Jouda por un presunto desvío de $862,394.95 en otro expediente relacionado con un negocio de Miami-Dade autorizado para recibir pagos de SNAP.

De acuerdo con esa dependencia, la operación habría empleado datos de identidad de una víctima y de su establecimiento, sin su conocimiento ni consentimiento, para crear cuentas comerciales fraudulentas y redirigir depósitos hacia cuentas personales y empresariales del investigado.

La acusación describe solicitudes de comercio falsas, documentos falsificados, información bancaria alterada y comunicaciones engañosas. Los investigadores también atribuyen a Jouda el envío de una parte de los fondos a Ramallah, en Cisjordania, mediante transferencias internacionales, información que compartieron con sus socios federales.

Jouda fue acusado de hurto mayor, esquema organizado para defraudar y uso delictivo de información de identificación personal. En el anuncio participaron el director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, y la sheriff Rosie Cordero-Stutz.

Los dos expedientes corresponden a investigaciones distintas y sus señalamientos deberán probarse ante los tribunales. En conjunto, las cantidades que las autoridades atribuyen a las operaciones superan los $1.3 millones.

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