¿Puede defenderse la sociedad civil cubana de la represión castrista?

¿Qué pueden esperar los cubanos en general y la sociedad civil en particular de la justicia en Cuba en 2022? La respuesta obvia es: poco o nada. Los juicios y condenas a manifestantes del 11J, el proyecto del nuevo Código Penal cubano, el cronograma legislativo ajustado en diciembre de 2021 y la falta de transparencia del régimen sobre el proyecto de Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales lo demuestran.

Sin embargo, la pregunta más importante no es qué le viene encima al pueblo cubano, sino qué puede hacer este y, sobre todo, qué papel debe jugar la sociedad civil cubana que enfrenta el peligro de ser aniquilada totalmente, mediante encarcelamientos, exilios forzados y otras formas de hostigamiento como el acoso policial, los despidos laborales, negativas de autorización para emprender formas lícitas alternativas de empleo, el asesinato mediático de imagen y los actos de repudio.

Las muestras de descontento sin precedentes que ha enfrentado el régimen desde el 11 de julio le obligan a ajustar aún más su maquinaria de represión policial y judicial. Esto sin dudas plantea un reto superior para la sociedad civil cubana: ¿Cómo continuar existiendo y, sobre todo, trabajando para lograr la transición hacia la democracia en Cuba, en medio del panorama represivo que se avecina?

Teniendo en cuenta las peticiones fiscales y las sentencias judiciales impuestas a los manifestantes del 11J, las experiencias de algunos abogados que trabajaron en la defensa de esos acusados y accedieron a hablar con DIARIO DE CUBA bajo anonimato, y los análisis de varios juristas independientes cubanos, nuestro medio ha decidido publicar un dosier sobre el panorama judicial y legislativo del país en el 2022.

Con esta serie de trabajos no solo pretendemos analizar el contexto actual, que se presenta oscuro para el pueblo y la sociedad civil cubana, sino intentar arrojar cierta luz en esa densa oscuridad, para brindar algunas pautas sobre qué hacer ante el perfeccionamiento del aparato represivo legal y judicial del régimen cubano.

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FUENTE: DIARIO DE CUBA