CARACAS.- El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tareck Williams Saab, afirmó que en Venezuela "no hace falta" que sea instalada una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI), como se acordó la semana pasada durante la visita a este país del fiscal Karim Khan, porque las denuncias sobre violaciones a derechos humanos ya están siendo investigadas por su despacho.
Régimen de Maduro desestima oficina de la CPI
Saab, que lidera el Ministerio Público venezolano, calificó de "avance positivo" la apertura de la oficina de la CPI en Caracas, aunque aseveró al mismo tiempo que Venezuela tiene un sistema de justicia. "Hacemos justicia en materia de derechos humanos. No hace falta que una instancia trasnacional, llámese CPI o como sea, haga lo que ya en el país estamos nosotros haciendo".
Aseguró que el Ministerio Público "lidera la acción penal que, en base a las denuncias sobre DDHH, ha actuado con mucha fuerza, de manera ceñida a lo implacable, que son las sanciones en esta materia". "Hay cifras, informes", manifestó.
El fiscal general de Maduro desestimó la denuncia que en su momento presentó ante la CPI el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, contra el régimen de Maduro, y consideró que "fue una trama estrictamente política".
"Almagro en su momento que sabemos es un agente que trabaja para potencias extranjeras, para Gobiernos en la época que se llamaron Grupo de Lima que ya no existen, fíjate tú que insólito no", señaló Saab durante un programa de televisón.
Añadió que la oficina no recibirá denuncias y que tendrá un “carácter técnico, de formación y cooperación”.
En ese sentido, el representante de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dijo que la oficina no recibirá denuncias ni recabará información sobre casos de crímenes de lesa humanidad. Detalló que sus funciones será de capacitación y formación de funcionarios venezolanos, como parte de los mandatos establecidos en el Estatuto de Roma, reseñó VOA.
El caso
En las manifestaciones contra el régimen de Maduro en 2017 murieron 120 personas. El caso fue llevado a la Corte de La Haya por varios de los Estados miembros -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
Lo que indaga la CPI son denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Organizaciones y activistas de derechos humanos han denunciado que los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
En el marco de la visita de Khan a Venezuela el viernes -la tercera que realiza al país sudamericano-, la Fiscalía de la CPI y el régimen de Maduro suscribieron un acuerdo para abrir una oficina en el país que facilite la investigación.
Khan y Maduro firmaron un memorando de entendimiento que también contempla ofrecer asistencia técnica y asesoría en las reformas judiciales que las autoridades venezolanas tienen en agenda "para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y una paz sostenible”, según dijo el fiscal de la CPI.
Khan expresó su satisfacción de que entre la Fiscalía, bajo su dirección, y Venezuela exista hoy un acuerdo y una cooperación significativa, pese a los desacuerdos previos.
Se refería concretamente a que Maduro señaló en su momento a la Fiscalía de tener una visión prejuiciosa cuando ésta decidió en noviembre, por petición de Khan, reabrir la investigación. Maduro aseguró que detrás está la estrategia de Washington con miras a desacreditar a su régimen.
El fiscal argumentó que se había constatado que había indicios de la comisión de delitos y de que el país no ha demostrado que haya hecho justicia o reparado a las víctimas.
El régimen venezolano pidió diferir el proceso y presentó en febrero un documento argumentando sus avances en reformas judiciales -que fue desestimado en abril por La Haya- con miras a que se desechase la investigación.
El memorando, el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021, complementa uno previo que contempla el visado libre de todo estorbo para facilitar el ingreso de funcionarios de la Fiscalía de la CPI a Venezuela.
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FUENTE: Con información de AP / Europa Press / Globovisión / VOA
