Responsabilizan a régimen de Maduro por complicidad en ataque a población indígena

Ikabarú es un pueblo alejado de todo. Ubicado en el corazón de la Gran Sabana, en el estado Bolívar, en la región suroriental de Venezuela, forma parte de la zona más rica de la región por sus minas de oro y diamantes. Cualquiera que desee llegar allí, vía terrestre, tendrá que demorar más de cuatro horas para conseguirlo, porque en los 120 kilómetros que lo separan de la población más importante del área, Santa Elena de Uairén, las carreteras están en muy mal estado y muchas son de tierra. Allí en Ikabarú, el viernes 22 de noviembre asesinaron a 8 personas, aterrorizando a los pobladores de la zona.

La masacre ocurrió a las 8:16 de la noche, cuando más de 20 hombres fuertemente armados, vestidos de negro, pero con los rostros descubiertos, aparecieron en el pueblo. Según los testigos que dieron declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS sin revelar sus identidades por razones de seguridad, los atacantes salieron detrás de la medicatura [pequeño centro asistencial para emergencias] y se dividieron en grupos para caminar por las diferentes calles, disparando al cielo y gritando que habían llegado para liberar al pueblo. “Ésta es una luz que se prendió” decían.

Según comentan los testigos, se conocían los nombres de las víctimas, aunque algunos aseguran que al sargento de la Guardia Nacional, José Perera lo asesinaron cuando intentó hacer uso de su arma de fuego para defender a los amenazados.

Relatan que uno de los grupos de atacantes se dirigió hacia el negocio de Dani. (Distribuidora Valemas, una especie de supermercado pequeño, donde además venden bebidas alcohólicas. Allí las personas acostumbran a quedarse a las puertas del local tomando algo entre amigos). Fueron directamente hacia aquellos que buscaban. Caminaron hacia a Luis Alejandro (Fernández), que iba llegando con su esposa y una amiga. Le preguntaron: “Dónde está Cristóbal que hace cinco minutos estaba contigo”, y al no responder lo mataron sin decir más palabras. En ese momento Edison Soto, mejor conocido como Váquiro, intentó huir y se escuchó que uno de ellos dijo: “No dejen escapar al Váquiro”, y lo mataron. Él es el único indígena de etnia pemón asesinado en la masacre. Los otros son “criollos” [así identifican en esa zona a los que no son indígenas]

Explican los testigos, que muchos salieron corriendo, como dos jóvenes militares que habían ido a la zona de La Sabana, donde están las dos antenas de internet del sector. Al ver que el grupo venía fuertemente armado, buscaron refugio en la casa de un vecino que los auxilió a pesar de las amenazas. Otros intentaron esconderse, mientras que a algunos eran interrogados sobre” ¿Quién manda en Ikabarú?”.

Comentan que una joven que presta su conexión de internet fue obligada a tumbar sus equipos, mientras imploraba que no la mataran que era madre de dos niños. “Ellos le dijeron que no mataban inocentes, sino gente mala, y se fueron”.

Según el relato de quienes vivieron el horrible hecho, los hombres armados buscaban a un sujeto nombrado Cristóbal Ruiz Barrios, a quien acusaban de ser “el pran” [término usado para identificar al líder que gobierna una población penal en una cárcel en Venezuela, pero el término se ha extrapolado a estas alejadas poblaciones indígenas para identificar a quien maneja las mafias del oro).

Al no encontrarlo, los atacantes caminaron por el pueblo. Recorrieron las oscuras calles, gritando a viva voz que eran de la banda del “Ciego” y que solo querían hacer justicia en Ikabarú. Según comentan quienes lograron verlos, portaban armas sofisticadas de largo alcance.

“Ellos están mejor armados que la Guardia. Dispararon hasta que se cansaron, y mientras tanto la gente se había quedado atrapada dentro de las viviendas escuchando a lo lejos lo que ocurría. Logramos salir cerca del amanecer, para ver qué había pasado y quiénes eran los muertos. No dormimos, no sabíamos si había algún familiar entre los fallecidos”.

La presencia del grupo armado en Ikabarú se extendió hasta cerca de la medianoche. Unos se quedaron en el local donde ocurrió la mayoría de los asesinatos, mientras otros recorrían las calles buscando al sujeto llamado Cristóbal. Pero a pesar de que el ataque duró más de cuatro horas, la Guardia Nacional nunca salió de su comando.

“En el comando había solo 6 funcionarios. Ellos no salieron a defender a la población, y luego alegaron que no están autorizados a usar armas largas porque podría morir personas inocentes. Estamos desamparados, y nos da temor de que estos asesinos vuelvan”, afirmó la persona que ofreció el testimonio para este reporte.

Los cuerpos sin vida de Cristian y Cristóbal Ruiz Barrios fueron encontrados en un matorral alejado, dos días después de que ocurriera la masacre, en el pueblo. Los cadáveres fueron hallados por la presencia en el lugar de zamuros [una variedad de ave de rapiña]. Las otras víctimas del ataque fueron Máximo Jeremy Muñoz Solano (17 años), Luis Alejandro Fernández Gómez (28 años), Richard Antonio Rodríguez Galvis (30 años), Eslie Ezequiel Basanta (33 años), Edison Ramón Soto Suárez (indígena pemón de 46 años) y Johnny López, (25 años).

Exigencia al régimen

A propósito del suceso, Virgilio Ferrer, diputado a la Asamblea Nacional por los pueblos indígenas, exigió a las autoridades venezolanas que se pronuncien por la masacre ocurrida en Ikabarú. Afirmó que el único responsable de la situación es el régimen de Maduro, que debe proteger y resguardar los territorios fronterizos e indígenas.

Ikabarú, la guerra del oro y diamantes

Tras una semana de la masacre cometida en esta población indígena no se conoce la verdad de lo ocurrido. Hasta el momento solo hay versiones, pero no hay resultado de ninguna investigación oficial que aclare lo ocurrido.

En Ikabarú, considerado la capital de las minas de la Gran Sabana, sus habitantes no utilizan bolívares [la moneda oficial venezolana], sino que el comercio se maneja con reais de Brasil, dólares u oro. “Aquí muchos vivimos de la extracción del oro de las minas. Una grama, que contiene 10 puntos de oro, las venden en 35 dólares, mientras que un punto puede costar 3.5 dólares. Aquí la riqueza es enorme, por lo que hay muchas personas interesadas en que nosotros nos vayamos de aquí para dejarle el camino libre, pero no lo vamos a permitir” comentan uno de los testigos de la masacre, quien asegura que el pueblo está militarizado, pero igual se sienten desprotegidos.

Por su parte, el capitán de la comunidad pemona Parkupik, Walter Torres aseguró que han recibido amenazas del gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera. “Denunciamos públicamente al régimen de Venezuela, comandado por Nicolás Maduro Moros y el gobernador Justo Noguera; quienes son y serán responsables de cualquier ataque que se les cause a nuestras comunidades indígenas”.

Torres señaló que la manera de accionar de Noguera los sitúo en estado de alerta y por eso se atrevieron a hacer pública la denuncia.

“El régimen nos ataca para arrebatarnos nuestra tierra y recursos, violando, así, el artículo 119 y 120 de la Constitución; [lo cuales] establecen el reconocimiento de los pueblos y comunidades en sus hábitats; el aprovechamiento de los recursos naturales sin lesionar su integridad cultural, social y económica”, concluyó.

“No hay pronunciamientos. No vemos al fiscal general de la República, no vemos al defensor del pueblo. Es un genocidio, es peor de lo ocurrido en la época de la colonia. Este gobierno apunta y va avanzando en el exterminio del pueblo indígena”.

Revelador informe

Según explica un informe Provea, organización no gubernamental que se dedica a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela y a promover la defensa de esas prerrogativas, es importante resaltar cómo por parte de organismos del Estado, existe tolerancia hacia esas acciones ya que según testimonios, “una semana antes de los hechos, la comunidad había sido advertida de una posible incursión de grupos armados, siendo de amplio conocimiento de la Guardia Nacional Bolivariana, que no hizo presencia en la comunidad para labores de vigilancia y protección”.

Provea resaltó que lo que ha ocurrido en Ikabarú ha sido una práctica frecuente en los espacios con territorios mineros, donde grupos denominados “sindicatos” se apoderan de los lugares a través del uso de la violencia para luego implantar un sistema de explotación en la zona con connivencia estatal. Luego, toman las zonas para “explotación controlada”.

La mencionada ONG advierte que la aprobación y expansión del Arco Minero del Orinoco está ocasionando consecuencias en la poblaciones indígenas, no sólo por la destrucción de sus territorios, sino por la apropiación sin consulta de sus tierras, el sometimiento a estructuras paralelas de dominación que actúan con apoyo del Estado, la violencia, el desplazamiento forzado y la pérdida de sus costumbres y culturas.

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