¿Venezuela está a punto de perder a CITGO en los tribunales de EEUU?

Una licencia general, la 5W, emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el 4 de mayo pasado, frenó hasta el 19 de junio la venta aprobada por la Corte Federal de Delaware por un monto de 5,900 millones de dólares, en protección a los activos.

Con ello también se detuvo el largo proceso de subasta de CITGO, aprobado por un tribunal de Delaware, para pagar a unos 15 acreedores que demandaron tanto a la empresa, a través de su casa matriz PDV Holding, como al Estado venezolano “por incumplimientos de deuda y expropiaciones” en el país sudamericano”, según se informó.

Sin embargo, CITGO, ubicada en la ciudad de Houston, en Texas, se encuentra atrapada en una compleja situación político-legal que pone en juego las posibles maniobras de la representación venezolana para evitar la ejecución judicial. El camino está lleno de dificultades, según los expertos.

“El proceso jurídicamente está muy avanzado, pero políticamente todavía no está cerrado”, advierte de entrada el abogado Miguel Ángel Martín, especialista en el tema jurídico internacional y exmagistrado del Tribunal Supremo ad hoc venezolano.

CITGO, entre omisiones y disputas

El caso puntual de la corporación petrolera es el de los llamados Bonos 2020, el cual condensa la decisión del régimen de Nicolás Maduro de dar en garantía el 50.1% de las acciones de PDV Holding en CITGO a tenedores de bonos en el año 2016.

Estos, al no recibir el pago como se había pactado en ese año, demandaron a la empresa en un tribunal federal de Nueva York, a cargo la juez Katherine Polk Failla, que favoreció el reclamo por los bonos emitidos por PDVSA en perjuicio de la nación.

En 2024, un tribunal de Apelaciones anuló la decisión de la juez en contra de CITGO, en una historia llena de disputas y omisiones que comenzó en 2017 cuando un tribunal de Delaware responsabilizó a la PDV Holding de las deudas y expropiaciones en Venezuela.

Pero en noviembre de 2025, este tribunal autorizó la venta de las acciones al admitir la demanda de la compañía Amber Energy, uno de los acreedores y filial de la Elliott Investment Management, que ofertó la adquisición de los activos por 5,900 millones de dólares, en la subasta organizada para pagar los compromisos externos de Venezuela.

“La operación aún no se ha consumado definitivamente porque depende de autorizaciones regulatorias del gobierno de EEUU, particularmente de la OFAC”, acota Martín al referirse a la licencia general, la número 21 en siete años, según reportes especializados, que podría ser extendida o no en junio por la OFAC.

No obstante, se dio inicio a la etapa procesal más crítica de CITGO para la representación venezolana, según los consultados.

Fase más crítica del proceso judicial

Salvar a la empresa de la venta sería el objetivo principal de los abogados venezolanos y supone negociar la inmensa deuda cifrada en unos 150,000 millones de dólares, en total, que provocó el régimen chavista en más de una década, y que se habría reducido en 1.825 millones de dólares en 2025.

Además, tendrían que anteponer la inconveniencia de vender los activos de la empresa calculados entre 15 billones y 18 billones de dólares, por un monto mucho menor como el ofertado.

CITGO es propietaria de las refinerías de EEUU Lake Charles, Corpus Christi y Lemont, las cuales fueron diseñadas para procesar crudo pesado venezolano, lo que le otorga un enorme valor geopolítico y energético, y es de vital importancia para el mercado petrolero global.

Pero para Martín el factor más crítico es el precedente judicial del “alter ego”, una figura legal que permitió al tribunal estadounidense ignorar la separación legal entre la República y PDVSA establecida en las leyes venezolanas.

Esta decisión se derivó del “uso político y financiero de PDVSA y CITGO por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y luego del gobierno interino de Juan Guaidó”, acota el experto

Aunque lo más favorable para CITGO en la actualidad es que sigue parcialmente protegida por medidas que “mantienen abierta una ventana para una eventual negociación o reestructuración integral de la deuda venezolana”, Martín advierte que una liquidación apresurada perjudicaría incluso a los propios acreedores de la filial poseedora de un creciente valor estratégico y financiero.

El "alter ego" en EEUU

“Los tribunales estadounidenses concluyeron que no existía una verdadera separación patrimonial entre PDVSA y la República, lo cual favoreció que acreedores de Venezuela avanzaran judicialmente contra CITGO. Y a esto se suma la enorme acumulación de deudas, arbitrajes e incumplimientos del Estado venezolano durante años”, apunta Martín, al comentar el enorme riesgo que corre el activo venezolano.

Aceptar que CITGO es el “alter ego” de la República de Venezuela y que por lo tanto debe cumplir con sus obligaciones es un argumento legal que también objeta el politólogo y abogado Orlando Viera-Blanco, al comentar el aspecto jurídico clave en el proceso judicial.

“Según la ley de Delaware, solo se cumple con la función de alter ego cuando la empresa creada, constituida, lo ha sido con fines fraudulentos, es decir, para defraudar las obligaciones originarias que la empresa demandada originalmente, en este caso la República de Venezuela, tenía con sus acreedores”, explica.

Y añade: “Yo creo una empresa para evadir la responsabilidad, realizaría una operación simulada para defraudar así a los acreedores. Este no es el caso de CITGO, que tiene una operación propia y existe desde hace muchos años”.

La invocación del alter ego objeto del debate fue apelado por los abogados venezolanos en la audiencia del jueves pasado y quedó diferido por el tribunal de apelaciones para otra sesión judicial, luego de que se aboquen al fondo de la causa y se decida sobre la demanda de los acreedores.

“Ahora es la oportunidad para que la Corte de Apelaciones evalúe si hubo fraude o no, y ese es el alegato central de la apelación de Venezuela”, argumenta Viera-Blanco.

Venezuela y el riesgo de perder

En este contexto, “Venezuela enfrenta hoy el mayor riesgo de perder CITGO”, afirma Martín al considerar que “el proceso judicial avanzó mucho más allá de hipotética amenaza”

Al evaluar el panorama legal, el experto sostiene que existe aún un margen para evitar la pérdida definitiva de CITGO siempre y cuando “se construya una estrategia seria de renegociación global de la deuda, acompañada de respaldo político internacional y garantías institucionales creíbles”. Sin embargo, percibe que el momento es complicado.

“Luce difícil mientras Venezuela continúe institucionalmente debilitada, sin una representación plenamente legítima y eficaz ante la comunidad internacional, y bajo estructuras políticas que, en buena medida, contribuyeron a generar la crisis jurídica, financiera y patrimonial que hoy amenaza la principal filial internacional de PDVSA”, dice.

La negociación en manos de representantes del gobierno interino de 2019 y ahora de Delcy Rodríguez, desde enero pasado, que trabajan conjuntamente para enfrentar la fase más crítica y decisiva del proceso, “no tiene garantía de éxito”.

“No hay garantía de que Venezuela recupere CITGO, precisamente porque las personas que vienen representado los intereses son las mismas que llevaron a la empresa a esta circunstancia”, asegura.

“La situación de ilegitimidad existente es muy grave”, insiste el abogado, al referirse a “la necesidad de un gobierno legítimo” que pueda representar los intereses y negociar con los acreedores para salvar a CITGO.

OFAC, rol decisivo

Viera-Blanco, por su parte, enfoca la posibilidad de perder a la empresa desde los escenarios de si se plantea considerar válida o no la operación de los bonistas de 2020, “y quedaría mucha tela que cortar”.

La OFAC tendría un rol decisivo, según el jurista:

“Todo esto tiene ingredientes inmensamente políticos. Que CITGO se vea rematada por un tercio de su valor en EEUU no solamente es una realidad que contraría los principios de estabilidad y recuperación económica que ha diseñado Washington para Venezuela, y en lo cual la empresa sería piedra angular de la refinación de un petróleo pesado, como el propio venezolano, sino que significaría también un acto muy injusto y desproporcionado”.

Viera-Blanco dice confiar en que prevalecerá “la pulcritud y la lógica administrativa y política de Washington que dé tutela y protección a CITGO”. Incluso que las Cortes “van a considerar con lupa y con buena retina la emisión de esos bonos de Maduro, quien dio garantía sin tener la autonomía suficiente para darlos en contra del interés nacional”.

Sin embargo, menciona la representación judicial de Venezuela, que ejercen conjuntamente abogados del interinato y de la actual gestión de Delcy Rodríguez en los procesos, un aspecto crucial y aún no resuelto.

“Aparentemente se ha permitido la continuidad a la representación de Venezuela en las Cortes, pero también les ha dado continuidad a los representantes de CITGO, de PDVSA ad hoc, en los procesos que aún las Cortes ni tampoco Washington lo han decidido determinantemente”.

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FUENTE: Entrevistas a juristas Miguel Ángel Martín y Orlando Viera-Blanco, expertos en el tema jurídico