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Poder Electoral

Venezuela: ¿Quién es el nuevo presidente del CNE?

Pedro Enrique Calzadilla fue ministro en dos oportunidades con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro

MIAMI.- El régimen de Nicolás Maduro ya tiene su Consejo Nacional Electoral hecho a su medida. En la presidencia quedó Pedro Calzadilla, una figura poco visible de la dictadura pero que a partir de ahora tomará un protagonismo destacado al lado de los otros rectores principales Enrique Márquez, Alexis Corredor, Roberto Picón y Tania D’amelio.

La designación de Calzadilla ha disparado las alarmas entre las fuerzas de oposición colocando en duda que sea un árbitro totalmente imparcial, cuando se conoce parte de su pasado político.

Según un reporte publicado por El Nacional Pedro Enrique Calzadilla Pérez es licenciado en historia, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Cuenta con estudios de postgrado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Tolouse – Le Mirail, en Francia.

Ha desempeñado cargos de administración pública durante la revolución chavista, tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro.

Fue cofundador en 2007 del Centro Nacional de Historia, ente adscrito al Ministerio de Cultura, cartera que estuvo a su cargo más tarde.

Entre 2007 y 2009 fue director ejecutivo del centro mencionado y entre ese año y 2011 se encargó de la presidencia de la institución.

Fue Ministro de Cultura de 2011 a 2013 y Ministro de Educación Universitaria de 2013 a 2014 cuando ocurrieron las fuertes represiones contra estudiantes que manifestaban contra Maduro. Una pieza clave del chavismo.

Rectores "equilibrados"

Alexis Corredor Pérez también fue profesor universitarios y exfuncionarios del régimen socialista; Tania D’Amelio, actual miembro del Poder Electoral quien fue sancionada el 9 de agosto de 2017 por el Departamento del Tesoro estadounidense y en febrero de 2021 la Unión Europea la incluyó entre los 19 funcionarios sancionados por su relación con el gobierno de Maduro, acusada de “contribuir a socavar el estado de derecho en Venezuela en sus funciones al participar en la ejecución de las elecciones presidenciales de 2018 y en el cambio a las normas electorales para las elecciones legislativas de diciembre".

Los otros dos cargos los ocupan los opositores Roberto Picón y Enrique Márquez, quienes según señala AP aportan una amplia experiencia política y conocimiento de la maquinaria electoral de Venezuela. El exlegislador Márquez fue vicepresidente de la Asamblea Nacional por consenso luego que la oposición tomó el control del Legislativo tras ganar por abrumadora mayoría los comicios en 2015.

Se le unirá Picón, el estratega de toda la vida e ingeniero de sistemas informáticos que fue encarcelado entre junio y diciembre de 2017 por organizar una votación simbólica y paralela cuando la oposición boicoteó el referendo de Maduro para nombrar una Asamblea Constituyente. Fue liberado por recomendación de la llamada comisión de la verdad de la Constituyente.

Rechazo general

El presidente encargado de Venezuela y líder opositor Juan Guaidó rechazó en Twitter la forma en que se dio el proceso de selección de los nuevos directores y afirmó que “las consecuencias de querer imponer un árbitro electoral serán los mismas que en el 2018 y 2020: Arrastrar a Venezuela a un desastre mayor”.

La Secretaría General de la OEA se sumó a las críticas y manifestó en un comunicado que “rechaza y condena estas acciones de la dictadura", como llama al gobierno de Maduro, por ser "contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de los Poderes políticos del Estado”.

Los analistas dicen que quedan por delante una serie de obstáculos antes de que Venezuela vuelva a la senda democrática y se cumplan las demandas de la oposición para que participe en las elecciones de alcaldes y gobernadores que la administración de Maduro quiere celebrar a finales de este año.

Después de la derrota legislativa de 2015, Maduro se dedicó a minar el poder de la Asamblea Nacional y a privarle de sus atribuciones mediante decisiones de la autoridad electoral y el Tribunal Supremo, que además de despojar de sus facultades al Legislativo declaró “inconstitucionales” y “absolutamente nulos” sus actos desde el 2016, incluyendo la elección de nuevas autoridades electorales.

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FUENTE: Con información de AP/EL Nacional

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