Corte Suprema evalúa si un juez puede frenar a Trump en casos de ciudadanía por nacimiento

El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó una polémica orden ejecutiva. Su objetivo: negar la ciudadanía a hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.

El derecho ha sido utilizado por inmigrantes como chantaje legal para legalizarse en EEUU. De hecho, miles de mujeres han ingresado al país embarazadas para parir en territorio estadounidense con todos los beneficios de la seguridad social y la salud pública en EEUU. Otras llegan y salen embarazadas a modo de legalizarse para aplicar a la ciudadanía o residencia a través del derecho de sus hijos por haber nacido en territorio norteamericano.

El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.

El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington (noroeste). Todos son estados gobernados por la extrema izquierda.

En su red Truth Social calificó de "jueces de izquierda radical" a aquellos que emiten medidas cautelares a nivel nacional.

Podrían "¡conducir a la destrucción de nuestro país!", dijo sobre los jueces que, según él, "quieren asumir los poderes de la presidencia, sin tener que alcanzar los 80 millones de votos" en las urnas.

Magistrados de ideología de izquierda han congelado otras iniciativas de Trump, desde su gestión económica hasta inmigración.

Ante esta situación su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema. Le pide que restrinja la aplicación de la orden judicial a las partes que presentaron el caso y al distrito donde preside el juez.

¡"40 medidas cautelares"!

"Los tribunales han emitido 40 medidas cautelares universales contra el gobierno federal", afirmó el asesor jurídico de la administración John Sauer, quien argumenta a favor de Trump en la audiencia.

"Las medidas cautelares universales exceden la facultad judicial (...) y perturban el delicado equilibrio constitucional de la separación de poderes", añadió.

Sonia Sotomayor, una de las tres juezas progresistas, discrepó porque si las medidas cautelares no se aplicaran a todos los afectados cada uno de ellos se vería obligado a presentar un recurso por separado o uno colectivo.

"Si hablamos de los cientos y miles de personas que no participaron en la sentencia del tribunal, todas tendrían que presentar demandas individuales, o una demanda colectiva. Una demanda colectiva sería algo sin sentido", dijo y aseguró que el argumento del gobierno viola cuatro precedentes de la Corte Suprema.

Otros presidentes se quejaron de las medidas cautelares durante sus mandatos porque los ataban de manos, pero ninguno se enfrentó a tantas en tan poco tiempo.

Hay un motivo para ello, explica Steven Schwinn, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Illinois en Chicago.

"Hemos visto una oleada de actividad de la administración Trump como nunca hemos visto de otro Presidente", dijo Schwinn.

Los dos grupos que desafían el decreto de Trump, CASA y ASAP, consideran que el intento del gobierno de limitar la aplicación del fallo carece de sentido, sobre todo en el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

La orden judicial universal "en este caso preserva la uniformidad de la ciudadanía de Estados Unidos" porque que un niño sea ciudadano "no debe depender del estado donde nace", sostienen.

Independientemente de lo que decidan los jueces sobre las medidas cautelares a nivel nacional, se espera que el tema de si Trump puede poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento acabe en la Corte Suprema "probablemente más temprano que tarde", opina Schwinn.

FUENTE: Con información de AFP.