¿Existe aún el racismo dentro de las universidades en EEUU?

"El alumno debe ser tratado en función de sus experiencias como individuo, no en función de su raza", argumentó el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

La decisión de los seis jueces conservadores del Máximo Tribunal ubica dentro de la Constitución la línea de freno a una tendencia en las últimas décadas de las archiconocidas y polémicas cuotas étnicas en los centros de educación superior, que se conviertieron con el tiempo en otro herramienta discriminatoria.

Los ejemplos son innumerables dentro de la frustración de padres e hijos blancos americanos o extranjeros de raza blanca que en ya no pocos ocasiones han sido despojados de su inteligencia, capacidad y coeficiente intelectual, de un futuro prominente, por la simple tendencia "progresista" (socialista) que ha revertido la discriminación real que sufrieron los negros y latinos hace más de medio siglo en EEUU para dar paso a un impositivo y partidista capítulo de la historia estadounidense fundamentado en atisbar la presencia de minorías en la sociedad en medio de la segregación a los blancos.

La inmensa mayoría del pueblo estadounidense, sin importar filiación partidista e ideológica, valora la importancia de que la sociedad por sí misma defienda los valores y derechos de cada persona sin medir el color de la piel, raza, sexo o procedencia. Y es un tema que se hace irrefutable en la era moderna.

Los magistrados conservadores estimaron que las universidades son libres de considerar la experiencia personal de un solicitante, por ejemplo si sufrió racismo, a la hora de sopesar su solicitud frente a otros más cualificados académicamente. Pero decidir, principalmente en función de si es blanco o negro, no está permitido, es en sí mismo discriminación racial, aseguraron. "Nuestra historia constitucional no tolera esa opción", añadió Roberts.

Tras el movimiento por los derechos cívicos de los años sesenta, varias universidades muy selectivas introdujeron criterios raciales y étnicos en sus procedimientos de admisión para corregir las desigualdades derivadas del pasado segregacionista de Estados Unidos.

Esta política, conocida como "discriminación positiva", permitió en su momento aumentar la proporción de estudiantes negros, hispanos o indios estadounidenses en las aulas, pero desde hace mucho tiempo que ha sido blanco de críticas en los círculos conservadores, donde se considera oscura y racista.

La Corte Suprema se ha pronunciado en contra de las cuotas en varias ocasiones desde 1978, pero siempre ha autorizado que las universidades tengan en cuenta criterios raciales, entre otros.

Hasta ahora, el Máximo Tribunal había considerado "legítima" la búsqueda de una mayor diversidad en los campus, aunque ello supusiera quebrantar el principio de igualdad entre todos los estadounidenses.

El cambio de este jueves fue aplaudido por los conservadores que vieron resacir lo que especifican las leyes constitucionales.

"Este es un gran día para Estados Unidos (...) Vamos a volver a todo basado en el mérito ¡y así es como debe ser!", escribió en su red social -Truth Social- el expresidente Donald Trump (2017-2021).

El eslogan de la izquierda

Y como era de suponer, el presidente Joe Biden dijo estar "fuertemente en desacuerdo".

"La discriminación sigue existiendo en Estados Unidos", afirmó. "La decisión de hoy no cambia eso. Es un hecho simple que si un estudiante ha tenido que superar la adversidad en su camino hacia la educación, las universidades deben reconocerlo y valorarlo".

"No podemos permitir que esta decisión sea la última palabra", añadió el Presidente, para quien "este no es un tribunal normal".

En reiteradas ocasiones Biden ha desacreditado las decisiones de la Corte Suprema que avalan los valores conservadores sobre los que se fundó esta gran nación.

Hoy los liberales en el país se empecinan en transformar el capitalismo tradicional conservador en un experimiento del marximo cultural en la mayor potencia del planeta.

Algunos argumentan que la llamada "discriminación positiva" ayuda a sacar las minorías de los ámbitos de probreza y delincuencia, pero en EEUU existen múltiples programas estatales y federales con ese propósito, además de planes de estudio en los "colleges" que amplían las posibilidades.

Los gobiernos estatales y federales estadounidenses, las instituciones de educación, las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y los bancos ofrecen a millones de familias de bajos ingresos programas de beneficio para que los niños y adolescentes puedan salir de un entorno hostil y poco favorable a su futuro.

Entre esas contribuiciones aparecen la Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Ley de Atención Asequible (ACA), Viviendas subsidiadas y proyectos de vivienda pública, Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF o Welfare), Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), Programa Head Star con servicios integrales de educación; Programa Federal de Becas Pell, Medicaid.

Las universidades no constituyen una entidad para determinar o implementar políticas o leyes, para eso existe un Congreso, una Constitución y un sistema judicial.

Las universidades deben servir para estimular la competencia de conocimientos, premiar el talento y contribuir al desarrollo de la sociedad y la ciencia y no para imponer fines o tendencias políticas bajo criterios desacertados de apreciación que a la larga terminan en consecuencias contraproducentes.

Históricamente, las tendencias políticas liberales etiquetan segmentos poblacionales en busca de una imposible equidad social que marca tendencias erróneas en la convivencia de seres humanos. El falso prisma de la igualdad no funciona ni desde la raíces biológicas del Hombre. El ser humano por naturaleza es diverso, diferente: desde sus huellas dactilares hasta su conducta, personalidad, actitudes, nacionalidad, educación familiar, etc.

Lo que no debe limitarse es el derecho y las posiblidades a demostrar la capacidad individual humana. Cualquier oficio o profesión desempeñan un rol fundamental dentro de las sociedades y no necesariamente como universitarios graduados.

La raza, el color de piel, nacionalidad o procedencia social no pueden convertirse en un derecho superior ni en una condición primordial para el triunfo o para abrir puertas bajo la victimización social que amplifica la ideología de izquierda o "progresista" (socialista).

La competencia -como escalón intrínseco del Capitalismo Occidental- ha sido el motor de desarrollo de las sociedades, la que ha impulsado la tecnología y los avances científicos en todas las áreas de la vida humana. Matar ese incentivo y salir al mundo con la simple ventaja de la piel o la raza es sólo el camino directo al fracaso y al racismo.

Los tres jueces progresistas de la Corte Suprema de EEUU elevaron las críticas sobre el dictamen, el mayor peligro para una entidad judicial que debe hacer cumplir las leyes y los derechos individuales plasmados en la Constitución de EEUU, no defender dogmas partidistas ni tendencias ideológicas liberales y socialistas contrarias a esta gran nación conservadora, y que además han demostrado [durante décadas] que sólo sirven instrumento de destrucción de la prosperidad económica, la democracia y como desarticulación de la armonía social.

El tribunal está "invirtiendo décadas de jurisprudencia y de progreso", escribió la jueza Sonia Sotomayor.

"Al hacerlo, el tribunal consolida una norma superficial" de indiferencia al color de la piel "como principio constitucional en una sociedad endémicamente segregada", agregó.

Este ha sido el eslogan histórico sobre el que sigue montado la izquierda y la extrema izquierda en EEUU y que aún, en pleno siglo XXI y con el giro de 180 grados que ha dado la sociedad norteamericana sobre el racismo, convencen a millones de personas y los alientan a fomentar divisiones y revoluciones. Es el país totalmente diferente que no quieren y que eligió por dos mandatos y, por notable mayoría blanca, a una persona de raza negra como presidente de EEUU: Barack Hussein Obama.

La sentencia de la Corte Suprema partió de una demanda presentada en 2014 contra los centros universitarios privados y públicos más antiguos de Estados Unidos: Harvard y la Universidad de Carolina del Norte.

lmorales@diariolasamericas.com

 NULL