MIAMI.- Era el 24 de febrero de 1996 y la avalancha de refugiados cubanos continuaba cruzando el Estrecho de Florida en precarias embarcaciones, a merced de la suerte de quien les pudiera ayudar. Armando, Carlos, Mario y Pablo sobrevolaban el amplio mar en pequeñas avionetas en busca precisamente de quienes necesitaran ayuda, cuando fueron derribados por la fuera área del Gobierno de Cuba por auxiliar a quienes huían de la dictadura de Fidel Castro.
Hermanos al Rescate, un crimen que aún clama justicia
A 28 años del horrendo asesinato de Armando, Carlos, Mario y Pablo persisten las voces que imploran el derecho a juzgar a quienes acabaron con la vida de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate
La labor de los cuatro asesinados era lanzar botellines de agua y algunos alimentos, mientras avisaban a la Guardia Costera de Estados Unidos para que rescatara a los refugiados.
Propuestos para el Premio Nobel de la Paz, los Hermanos al Rescate, bajo la dirección de José Basulto, realizaron decenas de vuelos similares sobre las turbulentas aguas del estrecho.
De esta manera, miles de vidas fueron salvadas de haber caído en las profundidades del mar o perecido en las bocas de tiburones.
Eran dos estadounidenses nacidos de padres cubanos exiliados, un cubano que creció en Miami y otro que llegó como balsero a Estados Unidos: Carlos Costa, de 29 años, Mario Manuel de la Peña, 24; Armando Alejandre Jr., de 45 y Pablo Morales, 29, cayeron al mar, pulverizados, junto a los restos de los pequeños aviones bimotor Cessna.
Las pruebas
El Gobierno cubano alegó que las pequeñas aeronaves habrían violado el espacio aéreo y lanzado octavillas antigubernamentales en La Habana unos días antes, pero la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés) descalificó el argumento y aseguró que la Fuerza Aérea de Cuba fue ordenada “interceptar los vuelos posteriores y derribarlos, hubieran ingresado o no al espacio aéreo cubano”.
Según reveló el audio presentado, las avionetas de Hermanos al Rescate volaban sobre el Estrecho de Florida al norte del paralelo 24, que marca el límite de las aguas territoriales cubanas, cuando dos aviones cubanos de guerra, un MiG-29 y un MiG-23, fueron ordenados confrontar y derribar los pequeños aviones.
El derribo fue casualmente presenciado desde del buque crucero Majesty of the Seas y el barco pesquero estadounidense Tri-Liner, así como desde la tercera avioneta de Hermanos al Rescate, al mando de Basulto, que logró escapar del ataque.
Las pequeñas aeronaves estaban incluso cerca del barco pesquero, que denotó entonces una posición registrada de nueve millas al norte de territorio marítimo cubano.
Además, el reporte investigativo arrojó que los tripulantes de las pequeñas aeronaves ni fueron contactados ni prevenidos, como indica el principio básico de la ley marítima internacional, promulgada por la ICAO.
El derribo de las avionetas fue condenado por varios países y organismos internacionales. Incluso el Consejo de Seguridad de Nacional Unidas deploró el hecho, con la esperada abstención de China y Rusia.
La resolución señaló que el derribo de las dos avionetas constituyó una violación del principio de no utilizar armas contra aeronaves civiles en vuelo y que, al interceptar dichas aeronaves, la vida de las personas a bordo no debe correr peligro.
Según consta en los archivos, se expresaron las condolencias a las familias de las cuatro personas asesinadas, al mismo tiempo que todas las partes involucradas fueron llamadas a respetar la aviación civil internacional, las leyes y los procedimientos.
Asimismo, se acogió con beneplácito la decisión de la OACI de investigar las normas y prácticas para evitar un incidente similar.
Reacciones
En Miami, el exilio cubano cerró filas bajo la voz de Jorge Mas Canosa: "Que dos aviones de combate del Gobierno de (Fidel) Castro derriben dos aviones civiles desarmados con banderas estadounidenses en una misión humanitaria debe considerarse un acto de guerra contra Estados Unidos ", señaló el cofundador y entonces líder de la Fundación Nacional Cubano Americana.
En aquel tiempo, el presidente Bill Clinton (1993-2001) lideraba el Gobierno de Estados Unidos, y aunque su administración llevó el asunto a la Naciones Unidas, en la voz de la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright, y se dictaron sanciones, el asunto prácticamente terminó con la imposición de la paciencia diplomática internacional.
Hay quien opina que no hubo voluntad política de llevar el asunto a consecuencias mayores.
“Podemos decir que el Gobierno de Estados Unidos no tuvo voluntad política para hacer justicia. Optaron por sobrellevar la situación lo mejor posible para no perjudicar las relaciones internacionales. Prefirieron enfocar el caso como un problema de derecho internacional, y ahí quedó”, señaló Maggie Alejandre Khuly, hermana de Armando, durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS unos años después.
De hecho, Miriam de la Peña, madre de Mario, señaló que durante la presidencia de George W. Bush hubo cierta disposición para llevar a cabo “un proceso judicial justo”.
De la Peña recordó que lograron una condena al derribo de las avionetas en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, así como el veredicto de culpabilidad en un juicio civil contra el Gobierno de Cuba.
Entonces, el cubano Gerardo Hernández, cabecilla de la Red Avispa de espionaje cubano en EEUU, fue condenado por conspirar para materializar el derribo de las avionetas.
Sin embargo, Hernández, que fue sentenciado a dos cadenas perpetuas, junto a otros cuatro integrantes de la red de espionaje, obtuvo el perdón del presidente Barack Obama como parte del proceso que restablecería las relaciones diplomáticas con Cuba en el 2014.
Culpables
Fidel Castro se responsabilizó públicamente con el hecho, pero nunca pudo ser juzgado plenamente por organismos internacionales.
“El general que dio la orden, Rubén Martínez Puente, tenía una orden para ser juzgado en EEUU, pero también falleció”, recordó la madre de Mario.
Por otra parte, el piloto militar Luis Francisco Pérez Pérez, que fue el elegido para disparar contra las avionetas y sobre quien sopesaba una orden de captura y proceso judicial en EEUU, también falleció en Cuba el año pasado.
Informes oficiales afirman que Raúl Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas, emitió la fatídica orden. Aún vive y reside en Cuba.
Hoy, a 28 años del horrible suceso que estremeció buena parte del mundo occidental, los familiares de Armando, Carlos, Mario y Pablo refuerzan sus ansias para juzgar a quienes participaron en la consumación de los hechos.
“Habrá justicia. Algún día un tribunal internacional atenderá el caso y habrá justicia”, resaltó De la Peña.
jhernandez@diariolasamericas.com
@hesushdez
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