Trump se declaró inocente de todos los cargos y dijo que el caso en su contra tiene motivaciones políticas y es orquestado por los demócratas en un intento de eliminarlo de la contienda electoral.
El expresidente encara seis juicios en medio de la campaña presidencial, que en total suman 90 cargos, se trata de un caso sin precedentes en la historia de Estados Unidos contra un exmandatario, con el que los demócratas buscarían eliminarlo políticamente y destruir sus finanzas.
Exfiscal: “atroz conflicto”
El juez Merchán, de origen colombiano, aportó a la campaña “Biden for President” e hizo contribuciones al Progressive Turnout Project y Stop Republicans. El objetivo de Progressive Turnout Project es “reunir a los demócratas para que voten”, según el sitio web del grupo.
Mientras que la hija del juez, Loren Merchán, es una asesora de campaña demócrata, que dirige la firma de consultoría política de izquierda con sede en Chicago, Authentic Campaigns, que ha recaudado casi 100 millones de dólares para el juicio contra el exmandatario, de acuerdo con la denuncia del exabogado principal del Comité Judicial del Senado, Mike Davis, fundador del Proyecto Artículo III, un grupo que impulsa el nombramiento de jueces conservadores.
“Loren Merchan, es una destacada consultora demócrata y recaudadora de fondos de campaña que trabaja para Biden, Kamala Harris, Adam Schiff y muchos otros demócratas”, dijo Davis. “Ha recaudado casi 100 millones de dólares para este juicio penal. Ella se está beneficiando de esto”, afirmó en un reciente podcast War Room.
Shiff, un representante demócrata de California fue uno de los promotores de la confabulación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016, cuya millonaria investigación no encontró evidencias de colusión entre la campaña de Trump y Rusia. Shiff, que se postula al Senado, es uno de los clientes de Authentic.
El exfiscal general Interino, Matt Whitaker, afirmó que Loren Merchán, ha utilizado “varias veces el mismo caso que el juez Merchán está presidiendo, en sus presentaciones de recaudación de fondos”. Se trata de acciones en el que Whitaker señala “abundan los conflictos de intereses y en cómo el juez Merchán maneja el juicio contra Trump”.
“El hecho de que las campañas demócratas y sus consultores afiliados se estén beneficiando enormemente de la persecución política contra el presidente Trump no debería sorprender a nadie que siga el dinero en la política, pero el hecho de que un familiar directo del juez que preside este caso también lo sea, representa un atroz conflicto de intereses”, dijo Whitaker.
“Cuando se considera el hecho adicional de que el juez Merchán hizo todo lo posible para contribuir personalmente a la campaña del presidente Biden en 2020, cualquier observador razonable de este asunto concluirá que permitir que el juez Merchán continúe participando en este caso, es insostenible”, acotó.
“No hay evidencia”
Consultado sobre el tema, el abogado Ángel Leal, considera que no hay evidencia que ponga en duda la integridad del sistema judicial de Nueva York o del juez Juan Merchán, y estima que Trump goza de las garantías constitucionales.
“El acusado, el expresidente Donald Trump como cualquiera acusado que tiene protecciones constitucionales que tiene la cuarta, quinta y sexta enmienda”, afirmó el jurista. La cuarta enmienda se adoptó para proteger la privacidad de las personas y sus bienes; la quinta protege contra el testimonio propio, ser juzgado dos veces por el mismo delito y de la incautación de bienes; y la sexta enmienda protege los derechos a un juicio rápido, a un juicio con jurado y a los servicios de un abogado.
“Tiene un equipo legal élite que muchos acusados no tienen esa posibilidad, tiene la garantía de que se presume inocente hasta que sea hallado culpable más allá de una duda razonable, tiene que ser (declarado) convicto por un jurado unánime y a lo que quiero llegar es que el juez Merchán en realidad no decide el caso, el juez es quien dirige el procedimiento del caso, toma decisiones referente a distintas mociones que hemos visto durante el transcurso del litigio, pero en realidad no es el que decide finalmente la inocencia o culpabilidad del acusado”, acotó el abogado Leal.
A juicio del analista político republicano Frank Rodríguez los señalamientos al juez Merchán, son suficientes para recusar el caso, debido a las evidencias.
“A pesar de que los juicios son deliberados por un jurado, los jueces tienen mucha influencia porque toman muchas decisiones que pueden ser adversas para la persona que está acusada. El gobierno es mucho más fuerte que cualquier individuo, por ejemplo, el hecho de que los que le acusan puedan hablar y él (Trump) no, es algo que normalmente no ocurre, al acusado se le permite defenderse, pero no en este caso”, aseveró.
“Este señor (Merchán) tiene un récord de meter en la cárcel a otros empleados de Trump y se ve que tiene una animosidad hacia Trump, que no puede ser imparcial y lo ha demostrado en diferentes acciones que ya ha tomado”, refirió en alusión a la orden Mordaza que impide hacer comentarios sobre el juicio que enfrenta y de figuras clave en el caso. Merchán acusa a Trump de violar la orden de silencio y contempla un posible castigo y ha amenazado con encarcelarlo.
Órdenes mordaza
En un mensaje en redes sociales, Trump escribió que la orden mordaza es “ilegal, antiestadounidense, anticonstitucional” y aseveró que el juez Juan M. Merchan “está ilegalmente tratando de privarme de mi derecho bajo la Primera Enmienda de hablar en contra de la politización de la justicia”.
Merchán es el tercer juez demócrata que le ha impuesto una orden mordaza a Trump. Antes lo había hecho la juez federal Tanya Chutkan --una donante de la campaña de Barack Obama propuesta como juez por él en 2014--, que lleva el caso por presunta conspiración para revertir el resultado de las elecciones de 2020. El otro es el juez demócrata Arthur Engoron, encargado del caso por fraude en Nueva York promovido por la fiscal estatal demócrata Letitia James, que le valió una multimillonaria multa, de la cual pagó una parte para poder apelar la sentencia.
Rodríguez señaló que la fiscal Letitia James y el fiscal progresista Alvin Bragg, que lleva el caso del ‘pago secreto’ que lidera el juez Merchán “hicieron campaña diciendo que meterían preso a Trump, que lo iban a despojar de sus propiedades y que lo harían trizas, eso es inaudito que una persona que va a representar al pueblo haga campaña electoral prometiendo semejante cosa”.
“Voy a decir un nombre, Donald Trump”. “Estoy aspirando a ser fiscal general porque nunca tendré miedo de desafiar a este presidente ilegítimo cuando nuestros derechos esenciales están en peligro”. “Básicamente, todo lo que él defiende viola los valores sobre quienes somos como personas y como sociedad. Así es que los individuos que se preocupan por este país y por nuestros derechos y por los inmigrantes tenemos que hacer ruido, tenemos que hacerle saber al presidente”, son los mensajes de campaña que hizo Letitia James durante actos de su campaña por la fiscalía en Nueva York.
Para el analista Rodríguez, el objetivo es claro. “Es insólito, está fuera de los cánones normales de la República de Estados Unidos, estamos viviendo en tiempo que se impone la venganza y los intereses salvajes y la justicia debe ser ecuánime, no se puede elegir a personas que con sus juicios de antemano te han declarado culpable, eso es estalinista, Stalin decía yo tengo el hombre busquemos el delito, eso al revés, hay un delito y se busca quién lo hizo, no que tienen al hombre y le buscan por donde hundirlo”.
Un caso “complicado”
El abogado Leal sostiene que se trata de un juicio complicado porque son 34 cargos por supuesta falsificación de registros comerciales. “A lo que quiere llegar la Fiscalía de Manhattan es que la falsificación de los registros comerciales se hizo con la intención de violar leyes estatales y federales específicamente teniendo que ver con financiamiento de campañas. En realidad, no es un simple caso de registros comerciales falsificados que pudiera ver como un tema de contabilidad, sino más bien un tema importante que tuvo que ver con la integridad del proceso electoral antes de las elecciones presidenciales del 2016”.
Añadió que la fiscalía tendrá que demostrar la culpabilidad más allá de una duda razonable.
“Desde el punto de vista de defensa ya vemos que en realidad se están enfocando en el tema de que no hubo falsificación de registros comerciales que fueron pagos perfectamente legales de que el caso nada tiene que ver con interferencia electoral. Entonces, en realidad la evidencia deberá demostrar de que ningún registro comercial se hizo con la intención de violar algina ley o influir en las elecciones presidenciales de 2016”, apuntó el experto.
Pese a los señalamientos en su contra y de su hija por conflictos de interés, el juez Merchán se negó a recusarse argumentando que confía en su imparcialidad.
“Si la propia hija del juez Merchán se está beneficiando sustancialmente del caso que él preside, ¿cómo se puede confiar en que será justo e imparcial en sus fallos? Si decenas de millones de dólares no son suficientes para estimular una recusación basada en un conflicto de intereses -o al menos, en la apariencia de un conflicto de intereses- entonces, ¿qué lo es?”, señaló el exfiscal general Whitaker.
Trump denunció en su red social que Loren Merchán, colocó una foto en redes sociales de él tras las rejas. Una cuenta al parecer de Loren Merchán en X, antes Twitter, tiene como foto de perfil una imagen de Trump encarcelado. La firma consultora de Loren Merchán incluyó un enlace de esa cuenta en un mensaje en redes sociales, refirió AP.
Escándalo amoroso entre fiscales
Pero no solo el juicio que lleva Merchán ha sido denunciado por conflictos de intereses y violaciones éticas. El exfiscal Whitaker se refirió a un bochornoso caso que involucra a la fiscal de Georgia, la demócrata Fani Willis que acusa a Trump por supuesta interferencia electoral.
“Los procedimientos recientes en Georgia demuestran que la fiscal de distrito Fani Willis contrató a su amante, Nathan Wade, para gestionar el procesamiento de Trump, a pesar de que tenía poca experiencia como fiscal. En los últimos años, Fani Willis le ha pagado más de medio millón de dólares, de dinero de los contribuyentes, a través de la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton, dinero que luego Wade utilizó para llevarla a vacaciones de lujo por todo el mundo”.
El escándalo amoroso y de lucro terminó con la renuncia del fiscal especial, pero la fiscal Willis continúa a cargo del caso contra Trump.
El juicio que lidera el juez Merchán podría demorar de 5 a 6 semanas, “posiblemente para finales de mayo o principio de junio, el caso se le entregará al jurado”, estimó el abogado Leal.
“Tremendo problema”
Para Rodríguez, el avance de la izquierda es un problema al que ya se enfrentan los estadounidenses.
“Los demócratas controlan los gobiernos de varios estados, el gobierno federal, el Departamento de Justicia, el FBI, la CIA, las corporaciones, las escuelas desde Kindergarden hasta postgrados, ya no se puede hablar libremente en las corporaciones a mí me pasó, no puedes criticar ciertas medidas porque te acusan o te pueden despedir ya hay una ortodoxia dentro de las corporaciones que no te puedes salir de ella”.
Otra situación grave es lo que califica como un “desbarajuste de la moral” que ya están en la cultura y el gobierno al promover “la pornografía en las escuelas, creen que es permitido mutilar a niños inocentes para cambiarles el sexo siendo menores de edad, creen que se puede hacer un aborto a los nueve meses”. La administración Biden se ha pronunciado a favor del cambio de sexo de los menores y su campaña tiene como foco el aborto.
“La gente de valores tradicionales se ha dormido trabajando y preocupados por su familia que no tienen tiempo para participar en la plaza cívica y esta gente tiene todo el tiempo del mundo y el financiamiento que han copado todas las trincheras y para destornillarlos del poder se requiere de un esfuerzo extraordinario y no veo que el pueblo americano lo entienda a plenitud, ya estamos en tremendo problema”, sentenció el analista Rodríguez.
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