Juez federal frena multas impuestas por Trump a inmigrantes por incumplir órdenes de salida de EEUU

Mientras continúa el litigio, el juez de distrito George O'Toole Jr., de Boston, ordenó suspender la aplicación de la normativa federal que regula estas multas y las sanciones emitidas bajo el procedimiento luego del 27 de julio de 2025.

El magistrado cuestionó que el Gobierno de Trump no hubiera valorado adecuadamente las circunstancias individuales de los afectados y concluyó que el cobro de las multas podría llevar a los demandantes a la insolvencia.

O'Toole consideró que los demandantes tienen probabilidades de demostrar que la normativa utilizada para imponer las sanciones es ilegal.

"Esto significa que el Gobierno no puede hacer cumplir estas multas mientras el caso sigue su curso", señaló en un comunicado la Legal Aid Society, que representa a los demandantes junto con otros grupos de servicios legales.

Migrantes afectados

Las demandantes, Maria L., de Massachusetts, y Nancy M., de Florida, se enfrentaron a sanciones de cientos de miles de dólares y de hasta 1,8 millones, respectivamente, pese a mantener contacto con las autoridades de inmigración y seguir los procedimientos legales disponibles.

"Ambas demandantes han permanecido en el país para solicitar un alivio migratorio que les permita obtener un estatus legal", indicó la Legal Aid Society.

Una de las personas que ejerció la acción obtuvo posteriormente una visa de inmigrante y fue admitida como residente permanente legal. "Este fallo representa una victoria crucial para las familias inmigrantes que fueron amenazadas ilegalmente con la ruina financiera", dijo la organización legal.

La demanda, que fue presentada en noviembre de 2025, impugna una política que, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha afectado a más de 100.000 personas en todo el país y generado multas por un valor aproximado de 84.000 millones de dólares desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero del año pasado.

Centros de detención

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció esta semana la compra por 950 millones de dólares tres centros de detención para migrantes en California, con capacidad para unas 2.600 personas.

El anuncio fue hecho por GEO Group, la empresa que vendió las instalaciones y una de las mayores operadoras privadas de centros de detención y prisiones en Estados Unidos.

Aunque el complejo formado por los tres centros (ubicado en Adelanto, California) pasará a ser propiedad del Gobierno, GEO Group seguirá administrando todas las instalaciones en virtud de un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que vence en diciembre de 2034.

 NULL

    

FUENTE: Con información de EFE