GINEBRA - Un promedio de 23.000 migrantes, cuyos países de origen no los aceptan, han sido expulsados de Estados Unidos, según expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.
La representante adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Jennifer Locetta, apostó ante el Consejo de Seguridad por el fin del desplazamiento forzado y una reforma del sistema global de asilo.
Estados Unidos ha creado un esquema de externalización migratoria que involucra a al menos otros 35 Estados y con el que ha expulsado a terceros países a alrededor de 23.000 personas.
Los acuerdos firmados por países de todo el mundo "para recibir aviones cargados de migrantes expulsados de Estados Unidos" violan el principio de no devolución, según indicaron veintitrés relatores y otros expertos en un comunicado conjunto en el que no especificaron en qué periodo fueron expulsadas de Estados Unidos a terceros países las 23.000 personas. Sin embargo, no mencionan la responsabilidad de los gobiernos de los países de origen de los migrantes.
En opinión de los relatores, existe falta de transparencia; "estos acuerdos quedan en gran medida fuera de la supervisión democrática y del monitoreo independiente de derechos humanos", señalaron.
Entre los países implicados en este "esquema de externalización migratoria" que denuncian los expertos se encuentran naciones latinoamericanas como Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
Piden a países receptores suspender acuerdo con EEUU
Los expertos firmantes, encabezados por el relator especial sobre derechos humanos de los migrantes Gehad Madi, conminaron a los países de la lista a suspender de inmediato estos acuerdos, así como a restablecer el acceso a procedimientos de "asilo justos y eficaces".
Según denunciaron, algunos acuerdos contemplan únicamente una recepción temporal seguida de una nueva expulsión a un tercer país, lo que en ocasiones implica presiones y amenazas a los migrantes para que soliciten regresar a su territorio de origen pese a los riesgos que ello podría implicar para su protección.
Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha buscado suscribir este tipo de acuerdos para acelerar el número de deportaciones, una de sus promesas electorales.
El Gobierno de Trump pidió la semana pasada a la Corte Suprema estadounidense que le permita continuar deportando migrantes a terceros países distintos a sus lugares de origen, después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito hiciera efectiva la decisión de un juez federal de Boston contra las deportaciones rápidas a terceros países.
Desplazamiento
"Estados Unidos está convencido de que el fin del desplazamiento, en lugar de gestionar esta crisis año tras año, tiene que ser nuestro objetivo", expresó la representante adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Jennifer Locetta en una sesión celebrada en el marco de la Asamblea General de la ONU.
La representante estadounidense apuntó que el sistema internacional "no puede seguir tratando el desplazamiento forzado como una carga únicamente para los países de acogida". "Los países de origen tienen que responder y rendir cuentas".
Los migrantes económicos
Además, consideró que ACNUR debe desempeñar "un papel fundamental para fomentar el retorno de los refugiados" y aseguró que el sistema global de asilo "no puede sostenerse sin reformas sostenidas".
"La principal prioridad de ACNUR debe ser promover cambios que ayuden a evitar que los migrantes económicos aprovechen el sistema del asilo. Estaremos esperando las reformas ya tan necesarias y eliminando los incentivos de abusos fraudulentos del sistema de protección internacional", apostilló.
En EEUU hay más de 2 millones de casos atascados en las cortes de inmigración. Para la Casa Blanca, la mayoría son inmigrantes económicos, por lo que ha endurecido la política de aprobación de asilo político. En lo que va del año 2026, la tasa de aprobación de los asilos políticos es del 5,5% en el tercer trimestre, frente al 24% en 2025 y el 46% en 2024, según datos de las cortes recopilados por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un centro de investigación de la Universidad de Syracuse.
Desde 2025, la tendencia se invirtió, afirma Requisitos-USA.com. Con el cambio de administración existe una aplicación más estricta de la ley, mayor velocidad para decidir y denegar casos, y más facultades para que los jueces desestimen solicitudes.
El organismo sostiene que un caso débil o mal documentado tiene muy pocas posibilidades; la diferencia la marcan las pruebas, la coherencia del relato y la representación legal.
FUENTE: Con información de EFE / TRAC / Requisitos-USA.com
