WASHINGTON — El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos compró por 950 millones de dólares tres centros de detención para migrantes en California, con capacidad para unas 2.600 personas.
La compra llega en momentos en que California endurece las reglas para las empresas privadas de detención migratoria y pone nuevos límites a ciertas operaciones federales.
Así lo anunció este lunes en un comunicado GEO Group, la empresa que vendió las instalaciones y una de las mayores operadoras privadas de centros de detención y prisiones en Estados Unidos.
Aunque el complejo formado por los tres centros (ubicado en Adelanto, California) pasará a ser propiedad del Gobierno, GEO Group seguirá administrando todas las instalaciones en virtud de un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que vence en diciembre de 2034.
Alrededor de un tercio de los migrantes detenidos por ICE se encuentran en centros administrados por GEO Group, que recibe casi la mitad de sus ingresos de contratos con el Departamento de Seguridad Nacional.
David Venturella, el director interino de ICE, nombrado en mayo de este año, trabajó en GEO Group entre 2012 y 2023 y luego fue consultor de la empresa hasta 2025.
Su nombramiento recibió críticas de legisladores demócratas, entre ellos la senadora Elizabeth Warren, quienes señalaron "posibles conflictos de interés" y cuestionaron su trayectoria profesional, marcada por el paso entre cargos en el Departamento de Seguridad Nacional y en empresas privadas operadoras de centros de detención.
Tras los cuestionamientos de Warren, Venturella aseguró que había vendido sus acciones de GEO Group y que se había apartado de "todos los contratos y obligaciones relacionados" con los centros de detención.
Gobernador promulga leyes que favorecen la inmigración
Newsom firmó tres leyes que buscan obstaculizar la agenda contra la inmigración indocumentada que promueve el presidente, Donald Trump, una de sus principales promesas de campaña.
Se trata de las medidas, AB 1633, AB 1806 y AB 1807, que abordan tres áreas distintas: los ingresos de las compañías privadas de detención, las investigaciones de tiroteos mortales que involucren a agentes federales de inmigración y el uso de propiedades estatales durante operativos migratorios, reseña el diario Los Angeles Times.
La Ley AB 1633 establece un nuevo impuesto del 25% sobre los ingresos de las empresas que operen centros de detención de migrantes. La Ley AB 1806 impone un nuevo mecanismo de supervisión a los agentes federales. Mientras que la legislación, AB 1807, establece restricciones a la agencia federal sobre el uso de propiedades que pertenecen al estado de California.
Las tres leyes representan la estrategia de California contra las operaciones federales de inmigración.
FUENTE: EFE y Los Angeles Times
