Caso en farmacias de Broward reaviva alertas sobre tráfico de opioides

Durante el juicio, la fiscalía federal sostuvo que Yusuf, residente de Tampa y propietaria de Striderite Pharmacy, en Margate, y Chans Pharmacy Plus, en Pembroke Pines, dispensó al menos 335.351 tabletas de oxicodona de 30 miligramos, una de las presentaciones de mayor potencia de este opioide, cuyo uso requiere una estricta supervisión clínica por su elevado potencial adictivo.

Según las pruebas expuestas ante el jurado, la acusada cobraba hasta diez veces el precio habitual del medicamento, exigía pagos únicamente en efectivo y abastecía tanto a personas que recorrían largas distancias dentro del propio estado de Florida para obtenerlo, como a traficantes que retiraban recetas a nombre de decenas de pacientes.

Pero el expediente trasciende el proceso judicial. También reabre el debate sobre el uso inapropiado de opioides recetados y el impacto que pueden tener sobre la salud pública, especialmente cuando involucran a adolescentes y adultos jóvenes.

Consultado en exclusiva por DIARIO LAS AMÉRICAS, el doctor Jorge Luis Posada, especialista en Medicina Interna y Nefrología certificado por el Board de Medicina Interna, considera que la oxicodona continúa siendo una herramienta terapéutica indispensable para determinados enfermos, pero también uno de los fármacos que exige mayor responsabilidad por parte de médicos, farmacéuticos y quienes la reciben.

“La oxicodona es un analgésico opioide de alta potencia que se utiliza para tratar dolor moderado a intenso cuando otros medicamentos no son suficientes. Está indicada, por ejemplo, en pacientes con cáncer, dolor postoperatorio importante o dolor crónico cuidadosamente seleccionado. Debe utilizarse siempre bajo supervisión médica debido a su elevado potencial de causar dependencia y sobredosis”.

El especialista precisó que la formulación de 30 miligramos, como la involucrada en este caso, supone un peligro significativamente mayor que las presentaciones de menor dosis.

“Una tableta de 30 miligramos incrementa el riesgo de depresión respiratoria, especialmente en personas que no tienen tolerancia a los opioides. Además, estas dosis altas presentan un mayor riesgo de ser desviadas para uso no médico, por lo que requieren controles más estrictos”.

Posada explicó que una persona que consume este opioide sin necesitarlo o sin seguimiento profesional puede experimentar somnolencia intensa, alteraciones del juicio, náuseas, estreñimiento y, en los casos más graves, una disminución peligrosa de la respiración capaz de provocar pérdida del conocimiento e incluso la muerte.

Ese riesgo aumenta cuando la sustancia se combina con alcohol o con medicamentos sedantes, como las benzodiacepinas, ya que todos actúan como depresores del sistema nervioso central y potencian sus efectos.

Adolescente, blanco vulnerable

Uno de los aspectos que más preocupa al doctor es la facilidad con la que este tipo de opioides puede desencadenar un trastorno por consumo en edades tempranas, cuando el cerebro aún no ha concluido su desarrollo.

“La dependencia puede desarrollarse en cuestión de semanas en algunas personas, aunque el tiempo varía según la dosis, la frecuencia de uso y la susceptibilidad individual. Los adolescentes son particularmente vulnerables porque su cerebro aún está en desarrollo, especialmente las áreas relacionadas con el control de impulsos y la toma de decisiones”.

Explicó que esa inmadurez neurológica favorece conductas impulsivas y dificulta valorar las consecuencias de determinadas decisiones, factores que incrementan la probabilidad de desarrollar un trastorno por consumo de opioides cuando existe un uso inapropiado del fármaco.

Entre las principales señales de alerta mencionó la necesidad de aumentar progresivamente la dosis para obtener el mismo efecto, consumir el opioide con mayor frecuencia de la indicada, buscar recetas de distintos médicos, presentar cambios importantes en el comportamiento, disminuir el rendimiento escolar o laboral, aislarse socialmente y continuar utilizándolo pese a las consecuencias negativas.

Asimismo, indicó que el consumo prolongado puede ocasionar dependencia física, alteraciones hormonales, deterioro cognitivo, estreñimiento crónico, mayor sensibilidad al dolor, un fenómeno conocido como hiperalgesia inducida por opioides, y una elevada probabilidad de sufrir una sobredosis.

Recordó que este trastorno no solo compromete la salud del paciente, sino que también puede convertirse en la puerta de entrada hacia drogas ilícitas de mayor peligrosidad.

“No ocurre en todos los casos, pero sí representa una vía reconocida hacia el consumo de opioides ilícitos para una parte de las personas con trastorno por consumo de opioides. Cuando las recetas dejan de estar disponibles o resultan demasiado costosas, algunas personas recurren a sustancias ilícitas, que hoy en día con frecuencia contienen fentanilo ilícito, lo que aumenta dramáticamente el riesgo de sobredosis”.

Y subraya que detectar estas señales de manera oportuna puede marcar la diferencia entre un tratamiento seguro y el desarrollo de un trastorno por consumo de opioides.

Médicos y farmacéuticos

Los controles que ejercen médicos y farmacéuticos constituyen una de las principales barreras para evitar que un opioide de uso terapéutico termine alimentando el mercado ilegal. El doctor Posada otorga especial relevancia al criterio profesional al momento de prescribir y dispensar estos medicamentos resulta tan importante como la propia indicación clínica para reducir los casos de desvío y proteger a los pacientes.

Señaló que la labor del farmacéutico va mucho más allá de entregar un tratamiento. Entre sus responsabilidades figuran verificar la validez de la receta, revisar posibles interacciones medicamentosas, evaluar si la dosis corresponde al cuadro clínico cuando existan dudas razonables, consultar el programa estatal de monitoreo de prescripciones cuando sea necesario y orientar al paciente sobre el uso seguro del fármaco.

“Además, debe ejercer su criterio profesional y comunicarse con el médico prescriptor cuando existan inconsistencias”, dijo.

El internista añadió que también existen señales de alerta que, aunque por sí solas no demuestran una irregularidad, justifican una revisión más rigurosa antes de dispensar un analgésico de alta potencia. Entre ellas mencionó solicitudes reiteradas de dosis elevadas, recetas emitidas por distintos profesionales sin una explicación clínica clara, intentos de surtirlas antes del tiempo establecido, documentación con inconsistencias o comportamientos inusuales durante la solicitud.

No obstante, aclaró que ninguno de esos indicadores constituye por sí mismo evidencia de una actividad ilícita. Por esa razón, insistió en que cada situación debe evaluarse de manera individual y con criterio profesional para no perjudicar a quienes realmente requieren este tipo de tratamiento.

Aunque cualquiera de esos factores podría tener una explicación legítima de forma aislada, la coincidencia de varios patrones suele activar mecanismos de vigilancia dentro del sistema sanitario.

“Cuando varios ocurren simultáneamente, como recorrer largas distancias, pagar exclusivamente en efectivo y solicitar grandes cantidades de opioides de alta potencia, constituyen señales que justifican una revisión más detallada por parte del farmacéutico y de las autoridades regulatorias”, precisó y advirtió que cuando una farmacia deja de cumplir esa función preventiva y termina convirtiéndose en un punto de distribución irregular, las consecuencias trascienden a quienes reciben directamente el medicamento.

Esto incrementa la disponibilidad de estas sustancias para fines no terapéuticos, eleva el riesgo de adicción y sobredosis, deteriora la seguridad pública y erosiona la confianza de la población en el sistema sanitario, resumió.

Posada recordó que el desvío de analgésicos recetados fue uno de los factores que contribuyó al desarrollo de la crisis de sobredosis que enfrenta Estados Unidos. Aunque en la actualidad una parte importante de las muertes está relacionada con el fentanilo fabricado ilegalmente, impedir que estos medicamentos lleguen al mercado clandestino continúa siendo una herramienta clave para prevenir nuevos casos.

“Prevenir el desvío de medicamentos recetados sigue siendo una estrategia importante para reducir nuevos casos de trastorno por consumo de opioides y de sobredosis”, afirmó.

El médico también dirigió un mensaje a quienes requieren estos tratamientos para controlar el dolor y temen ser estigmatizados por utilizarlos.

Recomendó mantener una comunicación abierta con el médico tratante, seguir estrictamente las indicaciones de la receta, almacenar los medicamentos en un lugar seguro, no compartirlos con otras personas y asistir a los controles programados. Añadió que, cuando existe una indicación clínica adecuada y un seguimiento profesional, estos tratamientos pueden ofrecer beneficios importantes sin comprometer la seguridad del paciente.

Respecto a la posibilidad de endurecer las regulaciones, estimó que EEUU ya dispone de múltiples herramientas para supervisar la prescripción y la dispensación de estos medicamentos. En su opinión, el reto no pasa necesariamente por crear nuevas normas, sino por hacer cumplir de manera consistente las existentes, reforzar la capacitación de médicos y farmacéuticos y facilitar el acceso al tratamiento para quienes desarrollan un trastorno por consumo de opioides, sin afectar a los pacientes que realmente necesitan controlar el dolor.

El caso de Broward, dice, demuestra que la respuesta a la crisis de opioides no depende únicamente de las autoridades ni de los tribunales. También exige que médicos, farmacéuticos, pacientes y organismos reguladores asuman la responsabilidad que les corresponde para impedir que fármacos concebidos para aliviar el dolor terminen alimentando una crisis que sigue cobrando miles de vidas cada año en Estados Unidos.

“Los opioides son medicamentos muy valiosos cuando se utilizan correctamente, pero también conllevan riesgos importantes. La prevención del uso indebido es una responsabilidad compartida entre médicos, farmacéuticos, pacientes y autoridades. Mantener ese equilibrio es esencial para proteger tanto la salud individual como la salud pública”, concluyó.

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