Concejal de Doral envía cartas al Congreso ante detenciones de venezolanos por ICE

En un video divulgado en Instagram, Pineyro explicó que las cartas buscan poner en contexto a las autoridades sobre las detenciones reportadas en una comunidad donde miles de residentes mantienen procesos migratorios pendientes, permisos de trabajo u otras solicitudes ante el Gobierno federal.

El legislador, nacido en Venezuela, afirmó que continuará realizando gestiones para que los funcionarios con capacidad de intervenir conozcan directamente lo que sucede en Doral. Su mensaje estuvo acompañado de un llamado a conciliar el cumplimiento de las leyes migratorias con un trato humano hacia quienes llegaron al país para trabajar y no tienen antecedentes penales.

“Se puede hacer cumplir la ley sin perder la humanidad”, señaló Pineyro al referirse a su iniciativa.

Preocupación en las calles

La comunicación surge después de varios reportes sobre la presencia de agentes federales en diferentes sectores de Doral. Uno de los operativos más recientes fue documentado la mañana del 8 de septiembre, en las inmediaciones de la calle 36 y la avenida 79 del NW.

Las acciones han generado temor entre residentes y una reducción visible de la actividad en determinadas zonas comerciales. Doral concentra una de las mayores comunidades venezolanas de Estados Unidos, por lo que las detenciones tienen una repercusión particular entre personas que huyeron de la crisis política, económica y social de su país.

Organizaciones venezolanas también han reclamado al Congreso que supervise las actuaciones de ICE y solicite datos precisos sobre los arrestados, sus antecedentes y el estado de sus trámites migratorios.

Un informe remitido recientemente a legisladores señala casos de personas detenidas pese a contar con permisos laborales y solicitudes de asilo pendientes.

Competencia federal

Pineyro reiteró que la Policía de Doral no dirige los operativos migratorios observados en la ciudad y que esas acciones corresponden a autoridades federales.

En un pronunciamiento anterior, el concejal pidió diferenciar entre personas que representan una amenaza para la seguridad pública y familias que trabajan y procuran regularizar su situación.

La Ciudad suscribió en 2025 un acuerdo de cooperación con ICE bajo el programa 287(g). Sin embargo, las autoridades municipales han sostenido que ese convenio no convierte automáticamente a los agentes locales en responsables de las redadas federales.

Con el envío de las cartas, Pineyro intenta trasladar la preocupación de los residentes a instancias con jurisdicción migratoria. El concejal no anunció una respuesta inmediata de los destinatarios, pero aseguró que seguirá promoviendo gestiones orientadas a proteger a las familias trabajadoras sin desconocer la aplicación de la ley.

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