MIAMI.- Los estudiantes sin estatus migratorio legal no podrán comenzar estudios en las 12 universidades públicas de Florida desde el curso académico 2027-2028, luego de que la Junta de Gobernadores aprobara por unanimidad una modificación de las normas de admisión.
La decisión afectará directamente a instituciones del sur de Florida como Florida International University (FIU) y Florida Atlantic University (FAU). También comprende centros como University of Florida, Florida State University, University of Central Florida y University of South Florida.
La normativa establece que una persona “presente ilegalmente en Estados Unidos” no será elegible para una matrícula inicial. Su redacción indica que no ordena expulsar a quienes ya cursen una carrera cuando entre en vigor, aunque las autoridades todavía deberán definir cómo verificarán el estatus migratorio de los nuevos aspirantes.
Actualmente, el Sistema Universitario Estatal no lleva un registro específico de los alumnos que carecen de presencia legal en el país. Tampoco se ha divulgado cuántos estudiantes quedarían excluidos cada año.
Defensa de las plazas financiadas por el estado
El vicegobernador Jay Collins calificó la medida como una decisión de “sentido común” y sostuvo que las universidades públicas deben reservarse para estudiantes que se encuentren legalmente en Estados Unidos.
Según Collins, los contribuyentes de Florida no deberían financiar oportunidades educativas para personas que incumplieron las leyes migratorias.
Por su parte, el gobernador Ron DeSantis había respaldado la propuesta desde su discusión preliminar, bajo el argumento de que las instituciones estatales deben priorizar a los residentes del estado.
La votación ocurrió sin debate entre los integrantes de la Junta de Gobernadores, aunque profesores, estudiantes y representantes sindicales expresaron su rechazo durante el periodo de comentarios públicos.
Florida se convierte de esta manera en el cuarto estado con restricciones de este tipo, después de Alabama, Georgia y Carolina del Sur. Por el tamaño de su sistema universitario y de su población inmigrante, el alcance potencial de la medida podría ser considerable.
Críticas por oportunidades perdidas
La Asociación de Educación de Florida (FEA) y United Faculty of Florida sostienen que la nueva norma sustituye los méritos académicos por el estatus migratorio como criterio de acceso.
Andrew Spar, presidente de la FEA, señaló que muchos de los jóvenes afectados crecieron y estudiaron en escuelas públicas floridanas. A su juicio, impedirles continuar hacia una carrera universitaria desperdicia la inversión que el propio estado realizó durante su educación primaria y secundaria.
Los críticos también advierten que la exclusión podría reducir la cantidad de futuros profesionales en sectores que afrontan escasez de trabajadores. La administración estatal, por su parte, considera que esas oportunidades deben dirigirse primero a ciudadanos y residentes legales.
La prohibición universitaria amplía una política iniciada en 2025, cuando Florida eliminó el beneficio que permitía a determinados alumnos indocumentados graduados de escuelas secundarias del estado pagar matrícula como residentes.
En junio de 2026, la Junta de Educación fue más lejos y bloqueó su ingreso a los centros públicos estatales y a programas de educación general para adultos. Esa decisión alcanzó instituciones como Miami Dade College, Broward College y Palm Beach State College.
Las universidades privadas no están incluidas en la regulación. Sin embargo, sus costos suelen ser mayores, por lo que las becas institucionales y privadas podrían convertirse en una de las pocas alternativas para los jóvenes afectados que permanezcan en Florida.