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VEREDICTO FEDERAL

Condenan a excongresista de Miami en caso por lobby vinculado a Venezuela

David Rivera y la consultora Esther Nuhfer fueron hallados culpables tras siete semanas de juicio; el proceso expuso una operación de 50 millones de dólares para influir en la política estadounidense

Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un jurado federal en el sur de Florida declaró culpable este viernes al excongresista David Rivera y a la consultora política Esther Nuhfer por su participación en un esquema de influencia extranjera vinculado a Venezuela, tras un juicio de alto perfil que se extendió durante siete semanas.

La decisión pone fin a años de investigación y establece responsabilidad penal en un caso centrado en una campaña de presión política valorada en 50 millones de dólares, presuntamente diseñada para incidir en la política de Estados Unidos hacia el gobierno venezolano durante el primer mandato de Donald Trump.

Rivera, quien representó a Florida en el Congreso entre 2011 y 2013 y previamente se desempeñó como legislador estatal, fue hallado culpable de siete cargos federales, mientras que Nuhfer fue condenada por cuatro. Ambos enfrentaban acusaciones de conspiración contra EEUU, actuar como agentes de un gobierno extranjero sin registrarse y participar en operaciones de lavado de dinero.

Durante el proceso, la fiscalía sostuvo que los implicados ocultaron su relación contractual con una filial en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, mientras buscaban influir en figuras políticas en Washington.

El juicio incluyó el testimonio del secretario de Estado Marco Rubio, quien afirmó ante el tribunal que desconocía la existencia del contrato en cuestión cuando sostuvo encuentros vinculados a Venezuela con Rivera, con quien mantiene una relación política de larga data.

A lo largo de las audiencias, los fiscales presentaron evidencia documental, comunicaciones y registros financieros para sustentar la acusación de que se trató de una operación encubierta orientada a influir en decisiones del gobierno estadounidense.

La defensa, por su parte, argumentó que no existía obligación legal de registrarse como agentes extranjeros y sostuvo que las gestiones tenían como objetivo promover un cambio político en el país suramericano, no beneficiar al régimen de Nicolás Maduro.

El caso también ofreció una mirada poco frecuente sobre el papel de Miami como punto de conexión en operaciones de influencia internacional dirigidas a incidir en la política estadounidense hacia América Latina.

Con el veredicto ya emitido, el expediente entra ahora en la fase de sentencia, en la que un juez federal determinará las penas que deberán cumplir los condenados, quienes enfrentan la posibilidad de varios años de prisión.

Desde DIARIO LAS AMÉRICAS, estaremos pendientes del desenlace del caso.

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