Edificio en Brickell Bay pone a prueba ley de condominios en Florida

Los señalamientos y acusaciones presentadas por muchos de los residentes de este inmueble pondrían a prueba las virtudes y defectos de la ley de condominios aprobada el año pasado con bombos y platillos.

Maripaz Pereira, Bertrand Lecocq y Christian Roa, los candidatos derrotados, están inconformes con todo el proceso porque, de acuerdo con sus testimonios, hubo irregularidades que podrían invalidar la elección.

El caso sería por fraude electoral.

De acuerdo con el periodista Enrique Córdoba, residente y propietario en Brickell Shores, el administrador del edificio, Julio Sánchez, “fue contratado por Chelín hace nueve años con un salario de $53.000, y se ha convertido en un 'boletero', que le consigue los votos ilegalmente a la presidenta de los propietarios que residen en otros países”.

Algunas de esas boletas electorales supuestamente se habrían enviado por lo menos desde el mes de noviembre del año pasado, cuando ni siquiera estaban todos los candidatos postulados.

Además de los conflictos en la votación, hay otros que tendrían que llamar la atención de las autoridades que vigilan que se respeten las normas y reglas de las juntas administradoras de condominios: una demanda, al parecer sin suficiente sustento legal, que perdió la actual administración con detrimento del patrimonio de los miembros de la asociación de propietarios; requerimiento de documentos sobre movimientos financieros que el administrador se ha negado a enviar; reuniones irregulares de presupuesto; construcción de un jacuzzi, que algunos residentes consideran innecesaria y a un costo “inflado”, y amenazas de acciones legales, por parte de los abogados de la junta, contra aquellos que se han opuesto a lo que consideran como malos manejos, manipulaciones y arbitrariedades de Durán.

El administrador y la presidenta no quisieron hablar con DIARIO LAS AMÉRICAS. Sin embargo, esta última ofreció dar una entrevista, en compañía de “mi abogada”, pero después de las elecciones.

La abogada Rosa De la Camara (del bufete de abogados Becker & Poliakoff) sí respondió a las preguntas que le enviamos a su correo electrónico. Ella y su colega Guillermo Mancebo, de la firma Mancebo Law, –quien también ha enviado comunicaciones amenazantes contra los residentes que se oponen a la presidenta– estuvieron presentes el día de la votación.

Irregularidades

Uno de los residentes –que vive en el exterior pero pasa vacaciones en Miami– firmó uno de los sobres electorales al parecer con la disculpa, según lo afirmó Pereira, de que no hubiera un aumento en la cuota de administración. “Yo a ese propietario le mostré el sobre que yo tenía de la elección del año pasado, y me respondió que era el mismo. El hijo de ese propietario me dijo que Julio [Sánchez, el administrador] se lo había llevado a su oficina y vio que su padre firmaba el sobre, Chelín también estaba ahí, era un sobre electoral. El señor no hizo ninguna elección”, de acuerdo con el recuento de Pereira.

Las boletas, por ley, no podían estar disponibles antes de enero.

En una respuesta por correo electrónico, la abogada De la Camara indicó que “ese propietario llevaría gran parte de la culpa porque simplemente firmó un documento sin asegurarse de qué se trataba. De igual manera estoy de acuerdo en que esas supuestas acciones que ustedes describen no están de acuerdo con los requerimientos legales de una elección en un condominio”.

También informó que la junta de la asociación de propietarios permitirá a los propietarios que no hayan recibido sus sobres electorales a tener el paquete de reemplazo del material electoral.

La abogada asume, como lo dijo en otro mensaje enviado a DIARIO LAS AMÉRICAS, que la asociación envió, por correo electrónico, el primer y segundo aviso de la reunión anual y de las elecciones exigidas por la ley. “Los materiales de elección fueron enviados a cada propietario en la misma fecha”, explicó la abogada De la Cámara.

Pero hay varios propietarios que no recibieron dichos materiales y se estrellaron con la negativa del administrador a escucharlos o responderles sus requerimientos.

Documentos

El pasado mes de noviembre, Pereira pidió los estados de cuentas bancarias y los movimientos financieros de la junta de marzo a octubre de 2017. “Me dieron un resumen de esa información, pero no los documentos que yo pedía”, explicó.

Se quejó al DBPR (la agencia que administra las normas y regulaciones de profesiones y oficios, y también las nuevas normas de condominios) y esta agencia respondió el pasado 8 de enero con un aviso de que estaba realizando la investigación pertinente.

Esa oficina le pidió a la abogada de la junta que le entregara a Pereira toda la documentación que requería. De La Camara pidió una primera extensión, que le fue concedida.

Ahora, el DBPR le ha dado 14 días más de plazo para que cumpla con el deber de entregar lo que ha pedido Pereira.

Ella no se da por vencida, quiere utilizar los recursos que le da la ley para aclarar un proceso electoral supuestamente viciado y lograr que haya más transparencia y armonía en la relación entre vecinos.

“La preocupación de nosotros es por qué nos han endeudado y cada día les debemos más dinero a los abogados. Quiero que mi propiedad esté libre de deudas. No quiero que una persona me esté endeudando sin mi consentimiento. Y como hago los reclamos, empiezan la persecución y discriminación, con órdenes a los guardias de que no me abran la puerta y ni reciban mi correo”.

Pereira se refiere, por ejemplo, a un largo litigio legal de casi cinco años contra el propietario de uno de los penthouse del edificio, Thomas Lund Hansen. Su esposa, Florys Samuely Lund Hansen, recordó que todo empezó cuando su marido se postuló para la junta, en 2013, y “cuestionó los estados financieros de la administración, sobre todo un préstamo de 1.2 millones de dólares para algunas reformas locativas”.

Cerca de la fecha de la elección de junta de ese año, una llamada anónima hecha a la alcaldía de la ciudad de Miami provocó una inspección de ese penthouse, porque había una terraza construida 15 años atrás, sin respetar las normas. Los nuevos propietarios habían heredado ese problema y estaban dispuestos a solucionarlo.

El 21 de mayo de 2013 la junta decidió de manera unánime que los nuevos dueños debían tumbar esa terraza y asumir los costos de esa operación. A esa reunión asistió Lund Hansen con el arquitecto y el contratista para exponer su plan, pero no fueron escuchados.

Lud Hansen, sin embargo, logró los permisos de la ciudad para reformar la terraza y lograr que cumpliera los códigos. Pero los vigilantes del edificio, por orden de la junta y del administrador, supuestamente impidieron la entrada del contratista para iniciar los trabajos de reforma.

La junta no aceptó conciliar con el dueño del penthouse. De acuerdo con la esposa de Lund Hansen, “el juez falló a nuestro favor. Tratamos de trabajar con la asociación pero fue tal el acoso de Becker & Poliakof que tuvimos que contratar un abogado y llevarlo de la manera legal”.

Córdoba, ante los presuntos abusos que se han cometido, resumió el caso del edificio donde vive de la siguiente manera: “Es inaceptable que Chelin Durán, Julio Sánchez y Rosa de la Camara, los tres cubanos, hayan traído el modelo de los atropellos, abusos y falsedades del régimen de la Cuba castrista al edificio Brickell Shores”.

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