EEUU volverá a evaluar el uso de ayudas públicas para otorgar la residencia permanente

La disposición fue publicada este jueves en el Registro Federal y aparecerá oficialmente el próximo 20 de julio. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la normativa comenzará a aplicarse el 18 de septiembre.

Bajo esta política, quienes soliciten una green card deberán demostrar que cuentan con los recursos suficientes para mantenerse y que no dependerán de la asistencia pública del gobierno estadounidense.

Entre los programas que podrían ser considerados durante esa evaluación figuran cupones de alimentos, Medicaid, vales de vivienda y otros beneficios públicos.

La reactivación de la norma ocurre en momentos en que la administración republicana endurece su estrategia migratoria, con medidas dirigidas tanto a combatir la inmigración irregular como a restringir distintos mecanismos de inmigración legal, en un contexto marcado además por el incremento del costo de la atención médica y los alimentos en todo el país.

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en X, USCIS afirmó que el gobierno federal busca reafirmar el principio de autosuficiencia entre los inmigrantes.

“Estamos reafirmando el requisito de la autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro”, señaló la agencia.

USCIS añadió que, bajo el mandato de Trump, vuelve a aplicarse el principio de que quienes inmigran a EEUU deben ser capaces de mantenerse económicamente sin depender de programas financiados con recursos públicos.

La denominada norma de “carga pública” fue implementada por primera vez en febrero de 2020 como parte de la política migratoria en el primer mandato del presidente Donald Trump. Sin embargo, fue eliminada tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

Aunque la legislación federal ya contempla que los solicitantes de la residencia permanente acrediten que no se convertirán en una responsabilidad para el Estado, la versión impulsada por Trump amplía los criterios de evaluación al incorporar un mayor número de programas de asistencia pública cuyo uso podría influir en la decisión migratoria.

La iniciativa fue presentada inicialmente en 2018 con el argumento de garantizar que los nuevos inmigrantes fueran económicamente autosuficientes. No obstante, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes criticaron la medida al considerar que imponía una especie de “prueba de riqueza” para acceder a la residencia permanente.

Especialistas en salud pública también advirtieron que esta decisión podría desalentar el acceso a servicios médicos y programas de asistencia, mientras diversas organizaciones no gubernamentales sostuvieron que la incertidumbre generada llevó a numerosos inmigrantes, e incluso a familiares nacidos en el país a renunciar a beneficios para los que calificaban por temor a afectar su situación migratoria.

DIARIO LAS AMÉRICAS dará seguimiento a esta medida con el análisis de abogados especializados en inmigración, quienes explicarán su alcance, las categorías de solicitantes que podrían verse afectadas y las recomendaciones para quienes actualmente gestionan su ajuste de estatus o la obtención de la green card.

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