Florida mantiene en pausa expansión de KidCare para 40.000 niños pese a presión de organizaciones sociales

“Ron DeSantis se niega a permitir que 40.000 niños obtengan un seguro médico asequible”, escribió Wasserman Schultz en X, para denunciar que esta “desprotección” se produce pese a que la expansión fue aprobada por unanimidad en Florida hace casi dos años. La alarmante cifra proviene de un análisis oficial de la Cámara de Representantes de Florida que estimó que la ampliación de Florida KidCare beneficiaría a unos 42.073 menores en todo el estado.

Se trata principalmente de hijos de familias trabajadoras atrapadas en una especie de “vacío” financiero. Son familias que ganan demasiado para calificar al subsidio tradicional del programa KidCare, pero no lo suficiente para costear un seguro privado o los altos precios del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

La ley que Florida aprobó y no implementa

Lo más llamativo de esta problemática es que en 2023, la Legislatura estatal aprobó de forma unánime la ley HB 121, firmada posteriormente por DeSantis. La medida elevó el límite de ingresos de las familias para acceder a KidCare del 200% al 300% del nivel federal de pobreza.

En términos prácticos, esto significó que una familia de tres integrantes dejó de tener como límite unos 53.300 dólares anuales para poder aplicar al programa KidCare. Con la expansión aprobada, el umbral del ingreso en el hogar subió a cerca de 79.950 dólares.

Los legisladores de ambos partidos estuvieron de acuerdo que el objetivo era aliviar el llamado “abismo” económico que enfrentan miles de familias cuando reciben un pequeño aumento salarial y automáticamente pierden subsidios de salud, quedando expuestas a costos prohibitivos. Paradójicamente, aunque DeSantis promovió y firmó la ley, su administración no la ha implementado.

El conflicto con el gobierno federal

La razón principal de la demora fue una batalla legal entre Florida y la administración federal.

En 2024, durante la administración del presidente Joe Biden, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) aprobaron reglas que obligan a los estados a garantizar 12 meses continuos de cobertura médica para niños inscritos en Medicaid y CHIP, incluso si la familia deja de pagar temporalmente las primas mensuales.

Entonces, la administración DeSantis demandó al gobierno federal alegando que esa exigencia convertía a KidCare en un programa “gratuito para todos”, aumentaba excesivamente los costos y amenazaba la estabilidad financiera del sistema.

El gobernador defendió además el concepto de “responsabilidad personal”, argumentando que las familias debían seguir contribuyendo al programa mediante pagos mensuales para garantizar su sostenibilidad fiscal.

Sin embargo, la demanda fue desestimada y Florida perdió también una apelación posterior. Más adelante, ya bajo la administración del presidente Donald J. Trump, el estado presentó otra querella buscando un escenario más favorable. Finalmente, en febrero de 2026, Florida retiró la demanda federal.

Desde entonces, organizaciones defensoras de acceso a la salud cuestionan por qué la expansión sigue paralizada pese a que el principal obstáculo legal desapareció hace meses.

Cómo impactaría a las familias

El beneficio potencial para las familias sería considerable. Antes de la expansión, una familia podía pasar de pagar apenas 20 dólares mensuales subsidiados a enfrentar costos cercanos a 259 dólares por cada hijo si superaba ligeramente el límite de ingresos permitido. Eso significa que un hogar con dos hijos podría terminar pagando alrededor de 5.748 dólares al año en seguros médicos infantiles.

Con la expansión aprobada por HB 121, se crea una estructura gradual de primas para evitar esos saltos abruptos y permitir que las familias mantengan cobertura asequible mientras mejoran económicamente.

La legislación también establece que los gastos combinados entre primas y copagos no superen el 5% de los ingresos anuales familiares.

¿Qué es el nivel federal de pobreza?

El llamado “Federal Poverty Level” o nivel federal de pobreza es una referencia económica utilizada por el gobierno estadounidense para determinar quién puede acceder a programas sociales como Medicaid, SNAP o seguros subsidiados.

Ese indicador cambia según el tamaño de la familia y se actualiza cada año.

Cuando la ley HB 121 elevó el límite al 300% del nivel federal de pobreza, permitió que hogares de ingresos moderados —no necesariamente pobres— pudieran acceder a seguros infantiles más baratos.

Los defensores de la medida sostienen que precisamente ahí radica el corazón del problema. Las familias trabajadoras que no califican para ayuda tradicional, pero tampoco pueden asumir los elevados costos de un seguro privado.

Presión judicial y política

La falta de implementación de la ley aprobada en Tallahassee provocó nuevas acciones legales. En marzo último, el Florida Health Justice Project y el National Health Law Program demandaron a la Agencia de Administración de Atención Médica de Florida (AHCA) y a Florida KidCare para obligar al estado a aplicar la ley aprobada por la Legislatura.

La demanda fue presentada en nombre de tres menores —dos hermanos del condado Indian River y otro niño de Broward— cuyos padres reclaman acceso inmediato a la cobertura bajo el nuevo límite de ingresos.

Mientras tanto, la administración estatal no ha anunciado una fecha concreta para poner en marcha la expansión.

El caso refleja una contradicción política incomprensible. Por un lado DeSantis firmó la expansión de KidCare como una vía para ayudar a familias trabajadoras, pero simultáneamente ha frenado su implementación durante casi dos años por su enfrentamiento con las reglas federales que obliga a doce meses de cobertura continua.

cmenendez@diariolasamericas.com

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