Hombre de Miami es condenado a 6 meses de cárcel por fraude al fondo COVID

Willie Curry, de 58 años, fue sentenciado en un tribunal federal de Miami, según indica el registro judicial.

De hecho, Curry se declaró culpable de fraude para agilizar el proceso judicial y obtener una pena menor.

Según el documento, Curry solicitó un préstamo al programa federal de Desastre por Lesiones Económicas con la SBA en junio de 2020 y mintió al decir que la empresa que dirige Will Curry Computers se estableció en 2015 y que contaba con 10 empleados e ingresos brutos anuales de aproximadamente 755.416 dólares.

Más tarde, el equipo investigador descubrió que Curry habría establecido el negocio en 2020, no tenía empelados y que tenía ingresos mucho más bajos.

Basado en la solicitud fraudulenta, SBA entregó a Curry un anticipo de 10.000 dólares y luego 150.000 dólares.

El dinero fue recuperado.

Fraude

La justicia estadounidense logra condenar a quienes mienten o falsifican documentos necesarios para obtener ayudas o préstamos del Gobierno federal.

En lo que va de año, acorde al informe d ela fiscalía federal, más de 200 personas han recibido condenas carcelarias por mentir y/o falsificar documentos, relacionados con el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), desde que los bancos y agentes de préstamos comenzaron a procesar solicitudes en nombre de la Administración de Pequeñas Empresas el 3 de abril de 2020.

¿Cómo se detecta el fraude de la SBA?

La fiscalía federal investiga casos sospechosos, para verificar la veracidad de ciertos documentos como:

• Cartas de obsequio falsas o declaraciones juradas de obsequio
• Pagarés falsos y acuerdos específicos
• Estados financieros sospechosos
• Extractos bancarios y cheques de caja sospechosos

¿Qué sucede si miente sobre el préstamo de la SBA?

La fiscalía federal recuerda que si miente sobre un préstamo de PPP sería acusado de delito federal. Este acto está tipificado como delito en la sección 1014 y, si lo declaran culpable, puede enfrentarse a una multa considerable junto con una pena de prisión de hasta 30 años.

Un año después de que la pandemia paralizara gran parte de la economía del país, crecientes casos de fraude subrayan cómo la supervisión de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de sus programas de préstamos masivos respaldados por los contribuyentes ha sido objeto de estafadores.

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