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ELECCIONES 2026

Impuestos a la propiedad marcan pulso de contiendas legislativas en Miami-Dade

Diecisiete distritos de la Cámara estatal y cuatro escaños del Senado de Florida con presencia en el condado definen a sus representantes entre la primaria de agosto y la general de noviembre

Por Daniel Castropé

MIAMI. - Los electores de Miami-Dade definirán este año su representación en el Poder Legislativo de Florida, con diecisiete distritos de la Cámara estatal y cuatro de los seis escaños senatoriales que abarcan el condado en la boleta.

Las primarias quedaron fijadas para el 18 de agosto y la elección general para el 3 de noviembre, en un ciclo que coincide con una enmienda constitucional impulsada por el gobernador Ron DeSantis para ampliar la exención del impuesto a la propiedad, asunto que se ha convertido en el principal eje del debate entre aspirantes republicanos y demócratas.

Mapa de contiendas

Miami-Dade tiene presencia en diecisiete distritos de la Cámara de Representantes estatal, numerados del 104 al 120. El 104 y el 105 comparten territorio con Broward, mientras que el 120 se extiende hasta Monroe y los Cayos.

En el Senado, el condado está representado por seis distritos —el 34, 36, 37, 38, 39 y 40—, aunque solo cuatro renuevan mandato en este ciclo, ya que la Cámara Alta repone la mitad de sus cuarenta escaños cada dos años. Quedan fuera de la boleta de noviembre el distrito 37, del senador independiente Jason Pizzo, y el 39, del republicano Bryan Ávila, cuyos mandatos no expiran en este ciclo.

El tablero presenta varias particularidades. El distrito 116, que ocupa el presidente de la Cámara, el republicano Daniel Pérez, queda abierto porque el legislador agotó el límite de mandatos y no puede aspirar a la reelección. El 113, que dejó vacante la republicana Vicki López tras su nombramiento a la Comisión del condado en noviembre, permaneció sin representante durante la sesión legislativa porque el gobernador no convocó una elección especial.

Esa silla reúne ahora a seis aspirantes —tres republicanos, dos demócratas y una candidata inscrita como write-in, cuyo nombre no se imprime en la boleta y debe anotarse a mano— en una de las contiendas más reñidas del sur de Florida, en un distrito donde los votantes sin afiliación partidista superan tanto a republicanos como a demócratas.

En el 109, la demócrata Ashley Viola Gantt dejó su escaño para competir por el Senado en el distrito 34, lo que abrió una primaria de cuatro precandidatos de su partido.

Buena parte de los escaños llega a noviembre con la contienda casi resuelta por la ausencia de rival del partido contrario. En el 104, el 105 y el 107 figuran como únicos aspirantes calificados los titulares demócratas Felicia Robinson, Marie Woodson y Wallace Aristide.

Del lado republicano ocurre lo propio en el 110 con Tom Fabricio, en el 111 con David Borrero, en el 112 con Alex Rizo, en el 114 con Demi Busatta y en el 120 con Jim Mooney.

Las disputas más abiertas se concentran en los distritos sin titular, como el 108, el 109 y el 113, donde se acumulan las precandidaturas.

Enmienda en la boleta

La pieza que atraviesa casi todas las campañas es la enmienda denominada «Save Our Homes from Excessive Property Taxes», aprobada por el Congreso en una sesión especial celebrada del 1 al 3 de junio. La Cámara la respaldó por 75 votos contra 26 y el Senado por 30 contra 9.

De ratificarla los electores con al menos el 60 % de apoyo, la exención de la vivienda principal subiría de 50.000 a 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 en 2028 para el impuesto que cobran el condado, los municipios y otros gobiernos locales, sin afectar la porción destinada a las escuelas. Con ese cambio, cerca del 60 % de los propietarios con residencia principal dejaría de pagar buena parte de ese gravamen local.

La medida excluye los tributos escolares, reduce del 10 % al 5 % el tope anual de revalorización de las propiedades de inversión y obliga a quienes fijen residencia en el estado después de 2026 a esperar cinco años para acceder al beneficio pleno.

Los análisis legislativos calculan que la reforma restaría a los gobiernos locales unos 4.600 millones de dólares en el primer año y 8.400 millones en el segundo, cifras que alimentan el principal punto de fricción de la campaña. El umbral del 60 % no es menor: la enmienda sobre el derecho al aborto de 2024 obtuvo el 57 % de los votos y no logró ratificarse.

Dos acentos

La senadora Ileana García, que busca un nuevo período por el distrito 36, defiende la propuesta sin reservas y atribuye las críticas a un cálculo político. “Es una pena la campaña de desprestigio que le están haciendo, simple y llanamente porque proviene de un gobernador republicano”, afirmó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

García sostuvo que solo el 35 % de las viviendas de Miami-Dade cuenta con la exención de residencia principal, mientras que el 65 % restante corresponde a propiedades de inversión, y rechazó el argumento de que los municipios colapsarían sin esa recaudación.

La legisladora enmarcó la enmienda como una herramienta para forzar disciplina fiscal. “Nuestro norte es exigir que los gobiernos locales sean eficientes, que no derrochen y que no abusen del ciudadano”, señaló.

Su colega Ana María Rodríguez, que aspira a otro periodo en el distrito 40, comparte partido, pero introduce una lectura más cauta. “Va a ser una decisión difícil”, reconoció ante este rotativo.

La senadora advirtió que numerosos servicios municipales que hoy se ofrecen sin costo dejarían de ser gratuitos si los gobiernos locales perdieran recaudación. “Cada vez que asistas a un evento de la ciudad o del condado de esta índole, representará un gasto de tu propio bolsillo”, explicó, con referencia a actividades como los fuegos artificiales del 4 de Julio o los programas deportivos en parques.

Rodríguez precisó que el impacto variará según el porcentaje de viviendas con exención en cada municipio: menor donde ese porcentaje sea bajo y más severo donde abunden las propiedades protegidas.

La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36.

Réplica demócrata

Desde la oposición, los aspirantes coinciden en el diagnóstico del alto costo de vida, pero cuestionan el diseño de la enmienda. Lucía Báez-Geller, precandidata por el distrito 106 y exmiembro de la junta escolar de Miami-Dade, con casi cuatro décadas de residencia en la zona, asegura que centra su campaña en la educación pública y el desvío de fondos.

“Los maestros de Florida ocupan el puesto número 50 en el país”, lamentó al ser entrevistada por este medio, con referencia a los salarios docentes. Báez-Geller vinculó el cierre y la fusión de escuelas en el condado a la caída de la matrícula y a las políticas estatales de vales escolares.

Los legisladores “no deberían retirar fondos del erario para entregárselos a las escuelas privadas”, afirmó, aunque reconoció el derecho de cada familia a elegir plantel.

Entretanto, Rey Lázaro Sordo, candidato demócrata por el distrito 119 e hijo de inmigrantes cubanos, planteó una objeción más frontal a la enmienda sin descartarla por completo.

“Decir que una sola solución funciona para todos por igual es mentira”, expresó a DLA. Sordo recordó que el tributo financia a la policía, los bomberos, los paramédicos, las escuelas y el mantenimiento de los parques, y reclamó un estudio detallado del impacto antes de cualquier recorte.

También ilustró la presión del costo de vida con un ejemplo cotidiano: el cuidado infantil, dijo, “puede costar 2.000 dólares al mes, lo que equivale al pago de una hipoteca”.

Lucía Báez-Geller

Rey Lázaro Sordo.

Seguros, vivienda y más

Sin embargo, el impuesto a la propiedad no agota la agenda. La senadora García señaló que la crisis de los seguros de vivienda dejó de ser un problema de oferta para convertirse en uno de acceso.

“El inconveniente actual no es la falta de compañías, sino que estas no pagan cuando se hace un reclamo justo”, apuntó. La legisladora ilustró el problema con reclamos modestos que, a su juicio, las aseguradoras rechazan sin fundamento y que terminan en litigios costosos.

Sobre el debate migratorio que la situó en los titulares de prensa meses atrás, García defendió a quienes ingresaron por vías legales y a la fuerza laboral esencial de Miami. “El tiempo me dio la razón y estaba escuchando lo que mi propia comunidad me manifestaba”, sostuvo.

Por su parte, Rodríguez subrayó las prioridades ambientales y de recursos hídricos de los Cayos, junto con el acceso a la vivienda asequible mediante la ley Live Local.

Báez-Geller y Sordo, en cambio, pusieron el acento en el desgaste de las familias trabajadoras y en el tono del debate público. “Un hogar con dos salarios apenas es suficiente para cubrir el costo de vida diario”, resumió la precandidata del distrito 106.

Sordo, por su parte, apeló a la “unidad frente a la polarización” y citó la advertencia de despedida de George Washington contra las divisiones partidistas.

Factor participación

El resultado de noviembre dependerá en buena medida de la participación. Rodríguez describió su distrito como seguro para el Partido Republicano, con una ventaja superior a diecisiete puntos en el registro de votantes, pero advirtió que ningún escaño está garantizado.

“Todo depende de la participación electoral, el turnout, es decir, de quienes realmente salgan a votar”, afirmó. En distritos como el 113, donde los electores sin partido marcan la diferencia, el desenlace permanece abierto, y tanto republicanos como demócratas aspiran a quedarse con la silla vacante.

Con la enmienda de impuestos como telón de fondo y un calendario que arranca con las primarias del 18 de agosto, las contiendas legislativas de Miami-Dade perfilan un pulso entre la promesa de alivio fiscal y la advertencia sobre el costo de los servicios locales. Los electores del condado tendrán la palabra el 3 de noviembre.

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