MIAMI.- En la oficina de Katherine Fernández Rundle, la fiscal estatal del condado Miami-Dade, varios legisladores estatales, demócratas y republicanos, de Cámara y Senado, anunciaron la presentación, la semana entrante, de una propuesta de ley que busca atacar la corrupción y los abusos en las juntas de propietarios de condominios.
En la reunión también estuvieron presentes los representantes de los propietarios.
El proyecto de ley, el SB 1682, tiene como patrocinador principal, en el Senado, a René García, republicano, con el copatrocinio de José Javier Rodríguez, demócrata. En la Cámara, tiene el patrocinio de José Félix Díaz.
Esa iniciativa legislativa recoge varias de las recomendaciones hechas en un reporte realizado por un jurado de instrucción que investigó durante varios meses las denuncias presentadas por los propietarios y por los medios de comunicación en las que, como lo reconoció Fernández Rundle, por irregularidades “que no eran delitos en Florida”.
Además, la policía del Condado Miami-Dade no tenía jurisdicción para investigar las quejas que se presentaban a la oficina de condominios del DBPR (Department of Business and Professional Regulation), la agencia estatal encargada de supervigilar y hacer respetar las normas y regulaciones de profesiones y negocios.
Malas conductas
La combinación de malas conductas no tipificadas como delitos, la falta de personal, leyes y voluntad del DBPR para investigar y castigar a los infractores, convirtieron a muchas de la juntas de propietarios en un espacio de graves abusos.
En el condado hay 1.4 millones de propietarios de casas o apartamentos. “Esos propietarios van a tener una voz”, indicó la fiscal de Miami-Dade. En la ley se buscaría remediar cuatro problemas fundamentales detectados en quejas, informes y el reporte del jurado de instrucción.
El primer punto sería el acceso público a los documentos financieros. Toda esa información estaría en línea. Y habría multas y sanciones penales para quienes violaran ese requerimiento de la nueva ley.
En segundo lugar, habría un límite en la duración de los miembros de las juntas. Ya no habría aquellos que pudieron reelegirse casi a perpetuidad por vacíos en la ley. Habrá la posibilidad de cuatro periodos consecutivos de dos años y, en caso de que no haya candidatos, alguien podrá sobrepasar ese tiempo si es elegido por una supermayoría.
Como tercer punto, se establecerá con claridad los conflictos de interés. Es decir, los familiares de miembros de las juntas directivas no podrán tener contratos con dichas juntas.
Por último habrá castigos para quienes violen el proceso electoral dentro de las juntas de propietarios. “Muchas de ellas parecen regímenes dictatoriales”, señaló el senador García, por la alteración de los votos o, simplemente, por el robo de las elecciones.
El senador Rodríguez preciso que las juntas se dividen en tres grupos. Aquellas que actúan de manera honesta, administran de manera responsable los condominios y no violan las escasas normas que los gobiernan. El segundo grupo está compuesto por las juntas que sí violan la ley, hay mala administración, tienen problemas con las elecciones, y las quejas “caen el hueco negro del DBPR”. Y en el tercer grupo están las asociaciones convertidas en empresas criminales, donde se da el robo sistemático, corrupción, ocultamiento o desaparición de documentos públicos y, por supuesto, la alteración de votos y los resultados electorales para elegir directivos y miembros de las juntas.
¿Hay esta vez voluntad?
Ya ha habido varios intentos fracasados en Tallahasse para tratar de controlar los abusos en las juntas de condominios.
Además, puede ser que la delegación de Miami-Dade esté muy comprometida, pero hacia el norte del estado la situación es muy distinta. Incluso, a esta rueda de prensa no asistió ningún medio en inglés del sur de la Florida, a pesar de que esta ley también afectaría a los residentes no hispanos.
Por otra parte es bien conocido el agudo enfrentamiento que hay entre el presidente de la Cámara, Richard Corcoran, y el gobernador Rick Scott, en temas de presupuesto.
“Primero que todo esta propuesta no va a costar millones de dólares”, aclaró García. “Pero si va a costar algo de dinero para tener las herramientas para poder hacer respetar las leyes, que la fiscalía y el condado puedan asegurar que las investigaciones se lleven a cabo”, recalcó.
García también indicó que que José Felix Díaz, republicano, tiene el apoyo de los líderes de su partido en la cámara. Asimismo en el senado, su vicepresidenta, Anitere Florez, apoya este proyecto de ley. “Demócratas y republicanos están trabajando juntos y eso es algo que no se ha visto en los últimos años. Esa es la diferencia más grande”, enfatizó García.
El senador Rodríguez informó que ha hablado con varios de los cabilderos que en otras épocas han ejercido gran presión para dejar las cosas como están. “A varios de ellos no les ha gustado la ley que estamos proponiendo”, reveló.
Sin embargo, dijo que toda la delegación de Miami-Dade apoya esa iniciativa legislativa. “Tenemos aliados en otras partes del estado, es un proyecto bipartidista, es algo que no entra en conflicto sino que nos une. El trabajo real será enfrentar a esos intereses que quieren que nada cambie”, enfatizó Rodríguez.
“Esta vez el único objetivo de este proyecto es una reforma a favor de los dueños”, subrayó. Lo otro nuevo es que los legisladores tienen influencia en el presupuesto y pueden influir con claridad en la manera como debe funcionar el DBPR.
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