Pineyro abre puerta a romper acuerdo con ICE en Doral bajo una condición

El funcionario reiteró su preocupación por las consecuencias de las operaciones federales de inmigración en una municipalidad donde aproximadamente siete de cada diez residentes nacieron fuera de Estados Unidos y cuya numerosa comunidad venezolana ha enfrentado meses de incertidumbre por las políticas migratorias.

“Desde mayo, junto a la alcaldesa Christi Fraga, hemos venido trabajando, expresando nuestras preocupaciones y solicitando respuestas sobre las operaciones federales de inmigración que han afectado a nuestra comunidad”, expresó Pineyro en un comunicado enviado a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El acuerdo 287(g), autorizado por unanimidad por el Concejo Municipal en abril de 2025 y formalizado en enero de 2026, establece un mecanismo mediante el cual determinados agentes policiales pueden ejercer funciones migratorias específicas bajo capacitación y supervisión federal.

Sin embargo, Pineyro aseguró que la Policía de Doral no ha ejercido esas facultades, no cuenta con oficiales certificados para desempeñarlas y tampoco registra arrestos realizados bajo la autoridad delegada del programa.

“Nuestros oficiales están para proteger y servir a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio. También debemos ser claros: rescindir el acuerdo 287(g) no impediría que ICE continúe realizando operaciones dentro de Doral, ya que su autoridad proviene del gobierno federal”, señaló.

Una revisión condicionada por la ley

La posibilidad de cancelar el convenio ha generado distintas interpretaciones sobre las obligaciones de los gobiernos municipales frente a la legislación migratoria de Florida.

La sección 908.11 de los estatutos estatales establece expresamente que los alguaciles y responsables de centros de detención de los condados deben suscribir acuerdos de cooperación migratoria con ICE, aunque no contempla una obligación equivalente de manera general para todos los departamentos policiales municipales.

No obstante, otras disposiciones estatales exigen cooperación con las autoridades federales y prohíben determinadas políticas de las llamadas ciudades santuario, lo que ha generado interrogantes sobre las consecuencias de rescindir un convenio previamente firmado.

En ese contexto, Pineyro recordó que la alcaldesa Fraga solicitó orientación a la oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, para determinar las posibles repercusiones jurídicas de modificar o cancelar el acuerdo.

La discusión cobró renovada actualidad después de que la concejal Maureen Porras solicitara incluir el asunto en la agenda del Concejo Municipal del próximo 18 de noviembre, una propuesta que encontró objeciones del abogado de la Ciudad, Lorenzo Cobiella, por sus posibles implicaciones legales y financieras.

Pineyro celebró que su colega se incorporara a la discusión, al tiempo que cuestionó que no hubiera respaldado antes las gestiones realizadas durante los momentos de mayor incertidumbre para la comunidad.

No obstante, Porras había manifestado a DIARIO LAS AMÉRICAS durante la reciente campaña electoral su disposición a cancelar el convenio si existían garantías jurídicas para hacerlo.

“Estoy de acuerdo en cancelarlo si es necesario”, declaró entonces la concejal, quien explicó que se estaban examinando opiniones legales y jurisprudencia que podrían permitir la terminación del acuerdo sin afectar los recursos estatales destinados a la ciudad.

“Han salido varias opiniones, jurisprudencia, que probablemente nos dé la posibilidad de poder cancelarlo sin ningún tipo de daño a la Ciudad ni a los fondos que recibimos del Estado”, agregó Porras en aquella entrevista.

El asunto adquiere especial relevancia en Doral, donde comerciantes han denunciado importantes reducciones en sus ventas, algunas de hasta 70% y 80%, que atribuyen al temor provocado por las operaciones migratorias. Estas cifras corresponden a testimonios de empresarios y no representan una medición general de la economía municipal.

Una reforma desde Washington

Más allá de la discusión sobre las facultades del gobierno local, Pineyro sostuvo que los problemas migratorios requieren decisiones legislativas de alcance nacional y anunció que ha comenzado contactos con representantes federales para promover iniciativas que puedan reunir el respaldo de ambos partidos.

“Durante décadas, administraciones republicanas y demócratas no han logrado una reforma migratoria integral y duradera. El problema migratorio de Estados Unidos no comenzó en Doral y tampoco se resolverá únicamente desde nuestra ciudad”, aseveró.

El vicealcalde defendió una reforma que combine la seguridad fronteriza y el cumplimiento de las leyes con alternativas para las familias inmigrantes que llevan años establecidas en Estados Unidos.

“Como inmigrante que llegó a este país buscando oportunidades, conozco personalmente lo que representa el sueño americano. Desde mi posición como funcionario electo, continuaré trabajando para promover una reforma que garantice la seguridad de nuestras fronteras, respete nuestras leyes y ofrezca soluciones reales a las familias trabajadoras que durante años han contribuido a este país”, afirmó.

A su juicio, las dificultades que enfrentan numerosas familias inmigrantes no podrán resolverse exclusivamente mediante decisiones municipales, por lo que insistió en la necesidad de superar las diferencias partidistas para alcanzar soluciones duraderas.

“Las familias de Doral y de todo nuestro país merecen mucho más que debates o shows políticos. Merecen soluciones reales, estabilidad y oportunidades. La reforma migratoria no puede seguir siendo una promesa pendiente. Es momento de que republicanos y demócratas trabajen juntos para hacerla realidad”, concluyó.

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