Preocupa impacto en finanzas de ley de seguridad de edificios

A partir de 2025, la ley estatal requerirá que las juntas de condominios reserven dinero para cubrir futuras reparaciones, y según anticipan muchos los fondos disponibles estarán sujetos a la salud financiera de las asociaciones y la economía de los propietarios.

“Para determinar cuánto dinero reservar, las juntas de condominios deben realizar estudios de reservas, lo que sería un análisis preliminar de las finanzas y los posibles costos de reparación”, comentó Mario Moreno, presidente de Access Insurance.

Este estudio, que requiere la presencia de un ingeniero o un arquitecto para validar el informe de seguridad, no garantiza ni reservas ni costes de reparación, dado el carácter preliminar a futuro, y podría convertirse en “un dolor de cabeza” para las asociaciones y propietarios, según anticipó Moreno.

En efecto, según el estudio realizado por Association Reserves a Champlain Towers South un año antes del derrumbe, la asociación necesitaba reservar algo más de 10 millones de dólares para reparaciones, pero unos meses después, cuando se realizó la inspección exhaustiva, el monto ascendió a 15 millones, según informaron, y los propietarios se rompían la cabeza para encarar la factura.

“Para realizar una reparación, agregar un elemento estructural, se requiere primero que el problema exista, y si hay una grieta y no hay dinero disponible la situación se complica, como sucedió en Champlain Towers South”, señaló.

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No obstante, a pesar de los inconvenientes, Moreno cree que el estudio es un paso de paso de avance en la dirección correcta hacia la seguridad de condominios y otras edificaciones.

Según datos aportados por Association Reserves, en Florida, donde hay un 50 % más de asociaciones que en otros estados, hay agrupaciones de condominios que tienen menos del 30 % de los fondos recomendados en sus reservas.

“Vivir en un condominio se está complicando aún más”, comentó Moreno. “Cuando se tiene una casa, uno está en control absoluto de las finanzas y los arreglos, pero cuando depende de la organización de otros es más complicado”, argumentó.

Por ello, “establecer medidas para garantizar la seguridad y los fondos, un plan de proactivo podría ser la respuesta, con un programa de prioridades y buena administración, sería la respuesta”, anticipó.

Contar incluso con un plan de financiación adecuado. Incluso un préstamo si es aceptado por los propietarios.

“Veremos aumentos sistemáticos del coste de mantenimiento, que usualmente pagamos todos los meses”, señaló.

“Tal vez mayores cuotas extras de pago”, subrayó.

Por ejemplo, edificaciones menores, de cuatro y cinco pisos, que hace apenas un par de años emplearon fondos para realizar mejoras, como pintura y jardines, hoy piden a los propietarios pagar 100 dólares más al mes para realizar otras reparaciones relacionadas con seguridad.

Hace apenas cuatro meses, cuando el Congreso estatal debatía aún la nueva ley de seguridad en edificios, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, declaró: “Trabajamos con todos los sectores para encontrar alternativas para las asociaciones y propietarios de condominios cuando no tienen los fondos para reparar sus edificios”.

En 2017, el Congreso estatal adoptó, bajo la iniciativa de un grupo de senadores liderado por José Javier Rodríguez, la creación de la oficina supervisora Business & Professional Regulations, con sucursal en 8240 NW 52 Terr., Suite 520, en Doral.

A esta oficina, propietarios de condominios en Miami-Dade pueden llevar sus quejas o inquietudes sobre la administración de sus condominios, pero es poco lo que pueden hacer dado el presupuesto operativo limitado que poseen.

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