Secretario Rubio testifica en juicio contra excongresista David Rivera por nexos ocultos con Venezuela

Durante una hora de declaración, Rubio detalló los acercamientos de su antiguo compañero en Tallahassee, quien intentó promover una supuesta transición negociada en el país sudamericano a cambio de un alegado contrato de 50 millones de dólares.

Encuentro clave

Rubio describió ante el tribunal una reunión solicitada por Rivera en julio de 2017. El exlegislador viajó a Washington para plantearle un supuesto plan respaldado por el empresario venezolano Raúl Gorrín, quien prometía facilitar la salida de Nicolás Maduro del poder.

El actual jefe de la diplomacia estadounidense aseguró bajo juramento que mantuvo reservas sobre la propuesta desde el primer momento.

“Yo era escéptico”, declaró Rubio durante su testimonio y luego añadió que el gobierno de Maduro estaba lleno de “dobles agentes” que constantemente presentaban planes para traicionar a Maduro.

“Pero si había un 1% de probabilidad de que fuera real, y yo tenía un papel que desempeñar con el fin de alertar a la Casa Blanca, estaba dispuesto a hacerlo”, agregó.

Rubio dejó claro que en ese momento desconocía por completo el presunto trabajo a sueldo de Rivera para el régimen chavista.

Códigos secretos

El proceso judicial destapó supuestas maniobras de engaño por parte de los acusados.

Los fiscales federales revelaron comunicaciones en la aplicación de WhatsApp en un grupo denominado "MIA", donde Rivera y sus asociados utilizaban alias para ocultar sus operaciones de las autoridades.

Las pruebas demostrarían que llamaban a Rubio "El Pequeño Cubano", mientras a Delcy Rodríguez, hoy al frente del régimen venezolano, la identificaban como "La Dama de Rojo" y se referían a los millones de dólares como "melones".

La fiscalía aseguró que, poco después de las reuniones, Rubio pronunció un discurso en el pleno del Senado con puntos de discusión presuntamente proporcionados por el excongresista.

Millonario contrato de cabildeo

La acusación del gobierno federal abarca también a la consultora política Esther Nuhfer. Ambos enfrentan cargos por lavado de dinero y violación a la ley FARA tras firmar un contrato a principios de 2017 con PDV USA, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela.

El fiscal Roger Cruz calificó el caso como un acto de “avaricia y traición”. De acuerdo con la fiscalía, la intención del pacto ordenado por Delcy Rodríguez era lograr la normalización de las relaciones diplomáticas, evitar sanciones contra la cúpula chavista y resolver disputas comerciales petroleras.

Desvío de fondos y la defensa de los acusados

Las investigaciones financieras arrojarían luces sobre el destino del dinero cobrado por Rivera, estimado en unos 20 millones de dólares.

Los registros evidencian el desvío de al menos 3,75 millones hacia una empresa del sur de Florida para el mantenimiento de un lujoso yate propiedad de Raúl Gorrín.

Frente a estas acusaciones, la defensa de Rivera y Nuhfer argumenta la legalidad de sus actos bajo la premisa de que el contrato provenía de una filial estadounidense y no de un gobierno extranjero.

Los abogados defensores mantienen la postura de que el excongresista siempre trabajó a favor de la oposición venezolana para propiciar la caída de Maduro.

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