Juristas alertan que la solicitud de honorarios de abogados, tras bloqueo de los pagos por OFAC, sería el inicio de una estrategia para la nulidad del caso
Un grafiti de Nicolás Maduro quien busca anular su acusación en Nueva York
AFPEl pago de honorarios a los abogados que representan a Nicolás Maduro, depuesto dictador de Venezuela, y a su esposa Cilia Flores se ha convertido en un asunto clave para el futuro de la acusación por conspiración del narcotráfico y otros delitos federales, que cursa en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
El reclamo del abogado Barry Pollack, representante legal de Maduro en el caso, a través de una moción consignada ante el juez Alvin Hellerstein, acerca del impedimento del gobierno de EEUU a que el régimen venezolano le pague sus honorarios sería el inicio de una estrategia jurídica para conseguir la nulidad del proceso, según el abogado Omar Estacio, especialista en derecho penal.
“Se está armando un caso para alegar que a su defendido se le ha impedido el derecho a la defensa y con ello presentar una posible solicitud de nulidad del juicio más adelante”, advirtió acerca de la moción que plantea nuevas interrogantes.
El 20 de febrero pasado, Pollack, en representación de Maduro, consignó en el tribunal del juez Alvin Hellerstein una moción para que se desestimen los cargos contra el depuesto jefe del régimen venezolano.
Argumentó que el gobierno de EEUU a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) revocó la licencia “en horas” que había emitido el 9 de enero para que el régimen pagara los honorarios por concepto de la defensa de Maduro. Y esto estaría obstaculizando su derecho al debido proceso, lo que dejaría sin representación a un encausado que podría pasar años en prisión.
Similar memorándum fue entregado por el representante legal de Flores, Mark Donnelly, al tribunal el 3 de marzo.
El 28 de febrero, la OFAC “modificó abruptamente” la autorización que había emitido el 9 de enero a la firma a Parker, Sanchez & Donnelly, PLLC para que esta recibiera el pago de honorarios legales de Venezuela por la representación de Flores, según el memorándum.
Según los juristas, ni Maduro ni su esposa tendrían recursos para costear el pago de sus abogados. Incluso, Cilia Flores aseguró en la moción que estaba dispuesta a presentar una declaración jurada, “si el tribunal lo solicita, para demostrar mi incapacidad para financiar mi propia defensa legal”.
“Cualquier juicio que se lleve a cabo bajo estas circunstancias será inconstitucionalmente defectuoso y no podrá producir un veredicto que resista impugnaciones futuras”, consideró Pollack en la moción basado en la Sexta Enmienda de la Constitución.
Tras dejar claro su respeto a los derechos de cualquier acusado, Estacio señaló la libre atribución de la OFAC para otorgar licencias y revocarlas a través de una cantidad de mecanismos.
“Cuando esta agencia federal va a tomar decisiones como otorgar una licencia, puede consultar a otros organismos del Estado al respecto”, precisó y mencionó entre estos al Departamento de Estado que tiene la facultad “ilimitada” de catalogar quién es jefe de Estado y quién no lo es, con base a reiterada y abundante jurisprudencia norteamericana.
Bajo esos parámetros, Estacio advirtió que Maduro podría estar incurriendo en perjurio a la luz de las leyes estadounidenses al jurar ser un presidente que según EEUU no es.
Las mociones de los representantes legales de Maduro y Flores han puesto en evidencia además que el Estado venezolano ha erogado “ilegalmente” los recursos para la defensa del acusado, según sostienen abogados. El pago de honorarios constituiría una pesada carga para la maltrecha economía nacional.
Según Donnelly, desde el 9 de enero hasta el 28 de febrero de 2026 “mi firma ha recibido reembolso del gobierno de Venezuela por honorarios y gastos, en virtud de la licencia vigente de la OFAC”, argumentó en la moción llevada ante el juez Hellerstein.
El régimen a cargo de la jefa encargada Delcy Rodríguez se lo habría arrogado sin chistar, según confirma Flores en escrito al tribunal. “Hasta el momento, el gobierno venezolano ha estado pagando mis honorarios legales y he confiado en que continuarían financiando mi defensa”.
Al menos, el costo del trabajo legal de Pollack, jefe de uno de los escritorios jurídicos más importantes en EEUU, se calcula entre los 300 millones y 400 millones de dólares, previo pago de una inicial de 50 millones de dólares para casos como el de Maduro, según aseguró Antonio Marval, presidente del Tribunal Supremo venezolano que opera en el exilio.
Pero el pago por honorarios proveniente de las finanzas del Estado venezolano, como lo reclama Maduro y ahora Flores, no está reconocido por las leyes venezolanas que la justicia estadounidense tendría la opción de considerar.
“No es verdad que, bajo las leyes ni las prácticas de la República Bolivariana de Venezuela, él tenga derecho a que el Estado le pague los costos de su abogado defensor”, aseveró Estacio. “Jamás en la historia del país se ha visto que el Estado tenga que pagarle a ningún funcionario los honorarios mientras se debate su inocencia o su culpabilidad. Eso nunca se ha visto en el país”, precisó.
“En Venezuela ha habido casos muy excepcionales en los que un funcionario público es sometido a un proceso criminal o incluso disciplinario y después de que es absuelto, y no en el transcurso del juicio, pudiera reclamarle al Estado el pago de su abogado; primero tendría que ser declarado inocente”, puntualizó Estacio.
Destacó como otro factor importante que en todo caso el pago por concepto de una representación o defensa legal debe estar vinculado esencialmente a una actividad inherente al ejercicio de su función de Estado.
“Así como el Estado no tiene que pagar honorarios al abogado de un funcionario que arrolla a alguien mientras va manejando el automóvil con su familia, tampoco Maduro tiene derecho de acuerdo con la ley de Venezuela a que se le paguen honorarios, que procedería el pago”, aseguró el abogado.
“Él está imputado en los Estados Unidos por conspiración en el tráfico de cocaína al país y por supuestas prácticas terroristas, y ninguna de estas actividades tienen que ver con las funciones de un cargo presidencial si así ese fuese el caso”, añadió.
Marval informó que el Supremo que preside, el cual opera fuera del país por la alegada ilegitimidad del régimen desde 2019, solicitó al fiscal del caso, Jay Clayton, que exija a Maduro la documentación que pruebe la procedencia del dinero para el pago de su defensa legal.
Aseguró que el exjefe del régimen venezolano dijo en una carta al tribunal que devengaba en el cargo de la presidencia 120 bolívares, equivalente a menos de un dólar a la tasa de cambio del Banco Central.
En esa carta aseguró que era el presidente del país, “una componenda de Maduro y su procurador”, acotó Marval en un programa por Youtube, y dijo no creer que los aliados del dictador se presten a aparecer “en este entramado de corrupción”, porque sus nombres quedarían manchados.
“Tendrían que conseguir el dinero a través de terceros”, indicó.
FUENTE: Entrevistas juristas Omar Estacio, penalista; y Antonio Marval, presidente del Supremo enel exilio/YouTube Napoleón Bravo
Descarga LA APP