Tribunal bloquea parte de ley Stop Woke impulsada por DeSantis en Florida

En una decisión considerada histórica por organizaciones defensoras de los derechos civiles, el tribunal sostuvo que el Estado no puede utilizar el financiamiento público o el empleo de los docentes para imponer una visión oficial sobre asuntos controvertidos en las aulas universitarias.

"La norma de Florida que condiciona el salario a lo que se dice en el aula representa una afirmación extraordinaria de poder para excluir ideas impopulares del debate público", escribió la corte. Los jueces añadieron que las universidades son "centros de investigación" donde corresponde a los estudiantes analizar ideas "buenas y malas, fáciles y difíciles" para acercarse a la verdad.

El fallo agrega que, independientemente de si el Estado está de acuerdo o no con determinadas ideas, "la Primera Enmienda confía en que los estudiantes puedan resolverlas por sí mismos”.

Revés para una de las leyes emblemáticas de DeSantis

La ley Stop Woke, impulsada por el gobernador Ron DeSantis y aprobada en 2022, buscaba restringir la enseñanza de conceptos relacionados con el racismo sistémico, el sexismo, el privilegio y los prejuicios inconscientes en instituciones educativas y lugares de trabajo.

La legislación imponía sanciones severas a las universidades públicas, incluida la posibilidad de perder millones de dólares en fondos estatales por desempeño y medidas disciplinarias contra profesores que presuntamente infringieran sus disposiciones.

Sin embargo, la corte concluyó que la ley traspasa los límites establecidos por la Primera Enmienda para proteger la libertad de expresión en las universidades públicas.

"Si la Primera Enmienda ofrece algún límite de protección para las aulas de las universidades públicas, esta ley lo cruza", señaló el tribunal.

La demanda

La decisión responde al caso Pernell v. Lamb, presentado en 2022 por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Florida, el Legal Defense Fund (LDF) y el bufete Ballard Spahr en representación de profesores de universidades públicas de Florida que alegaron que la legislación afectaba directamente su labor docente.

LeRoy Pernell, profesor de la Facultad de Derecho de Florida A&M University y demandante principal, celebró el fallo.

"Estamos encantados de que el tribunal haya detenido el borrado de temas que tienen implicaciones reales para nuestros estudiantes, permitiéndoles aprender, debatir y desarrollar herramientas para combatir el complejo problema del racismo en nuestro país sin ser silenciados por quienes pretenden imponer únicamente el pensamiento aprobado por el Estado", afirmó.

ACLU: "La educación superior no puede depender de los políticos"

Leah Watson, abogada principal del Programa de Justicia Racial de la ACLU, calificó la decisión como un precedente nacional para la libertad académica.

"Este fallo establece un precedente sólido de que la educación superior no puede quedar limitada a los caprichos de los políticos. Todos los estudiantes y educadores merecen un intercambio libre y abierto de ideas sin control gubernamental", sostuvo.

Carrie McNamara, abogada principal de la ACLU de Florida, afirmó que el tribunal protegió el principio fundamental de la libertad de expresión en las universidades.

"Nuestras aulas deben ser espacios de curiosidad, creatividad y aprendizaje. Cuando sofocamos ese pensamiento crítico, corremos el riesgo de perder nuestro sistema educativo tal como lo conocemos", expresó.

Por su parte, Jin Hee Lee, directora de Iniciativas Estratégicas del Legal Defense Fund, afirmó que la legislación intentaba censurar especialmente las perspectivas de las comunidades afroamericanas y LGBTQ+, y advirtió que la Constitución impide borrar esas experiencias mediante legislación estatal.

Reacciones de los sindicatos docentes

El fallo también fue recibido con satisfacción por organizaciones que representan a profesores y maestros en Florida.

Robert Cassanello, presidente de United Faculty of Florida, afirmó que la decisión representa una victoria para la libertad académica.

"El tribunal ha reconocido que nosotros, como expertos en nuestras disciplinas y académicos, tenemos derecho a decidir el contenido de nuestras clases. El gobernador y los legisladores no pueden obligarnos a repetir un discurso político redactado por el Estado", declaró.

Andrew Spar, presidente de la Florida Education Association, aseguró que durante años se bloquearon ideas que fomentaban el pensamiento crítico únicamente porque algunos dirigentes políticos no compartían esos enfoques.

"El fallo deja claro que no se pueden limitar los derechos de otras personas simplemente porque no te gusta lo que dicen", afirmó.

¿Qué fue exactamente lo que anuló el tribunal?

El tribunal declaró inconstitucionales las secciones de la norma que impedían a los profesores de universidades públicas de Florida enseñar o debatir determinados conceptos relacionados con, racismo, sexismo, privilegio, prejuicios inconscientes, y otros temas vinculados con raza y género. Además, quedaron sin efecto las sanciones asociadas a esas restricciones en la educación superior, como la posible pérdida de fondos estatales para las universidades y las medidas disciplinarias contra docentes por impartir esos contenidos.

El fallo no anuló la totalidad de la ley Stop Woke, no afecta las partes de la ley relacionadas con la educación primaria y secundaria (K-12) ni otras disposiciones que no fueron objeto del litigio.

Un precedente con impacto nacional

Los demandantes destacaron que esta es la primera ocasión en que un tribunal federal de apelaciones analiza la constitucionalidad de este tipo de leyes de censura educativa, lo que podría influir en litigios similares en todo el país.

Desde que Florida aprobó la Stop W.O.K.E. Act, más de treinta estados han impulsado iniciativas para restringir contenidos relacionados con raza, identidad de género y diversidad en la educación superior.

La organización Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), que también participó en uno de los casos analizados por el tribunal, indicó que otros seis circuitos federales han emitido decisiones similares sin que exista hasta ahora un fallo contrario.

El abogado de FIRE, Greg H. Greubel, sostuvo que la resolución reafirma el papel de las universidades como espacios de debate.

"La decisión de hoy significa que las universidades siguen siendo lugares donde profesores y estudiantes pueden debatir temas controvertidos, incluso cuando los políticos no estén de acuerdo con ellos. Los gobiernos no pueden censurar el camino hacia la libertad", afirmó.

Con este fallo, la Corte de Apelaciones mantiene la decisión previa del tribunal de distrito y limita la aplicación de una de las disposiciones más controvertidas de la agenda educativa impulsada por el gobernador Ron DeSantis, reforzando la protección constitucional de la libertad de expresión y la libertad académica en las universidades públicas de Florida.

cmenendez@diariolasamericas.com

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