Detectan fraude en gobierno de España en compras de pulseras electrónicas con fondos de la Unión Europea

Los dispositivos son utilizados en personas bajo medidas cautelares y condenados por delitos de violencia de género.

La investigación dirigida por la oficina fiscal en Madrid, la cual comenzó en 2025, se ha reforzado con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, órgano central de investigaciones judiciales.

"Estas medidas se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género", afirmó la fiscalía en reporte oficial.

Despacho del gobierno bajo la lupa

El organismo judicial europeo no informó sobre el monto comprometido ni las personas investigadas, como tampoco el alcance de las actuaciones que se practican tanto en el ministerio como en el Tribunal de Cuentas español, en estricta reserva del caso.

La investigación se conoció en momentos en que la UCO allanó las oficinas del Tribunal de Cuentas, mencionado en supuesto fraude, en busca de información sobre fondos irregulares para el PSOE.

La inspección fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien investiga los gastos y el financiamiento irregular del partido socialista del gobierno español, al encontrar discordancias en la información recibida por autoridades de la organización política.

Investigación por fraude

La investigación de la Fiscalía Europea se centra en un posible uso fraudulento de fondos de la Unión Europea destinados a adquirir los dispositivos electrónicos y engrosa la lista de casos de irregularidades que pesan sobre el gobierno de España.

Según la información, el caso de las pulseras llamó la atención de la Comisión Europea en noviembre de 2025, cuando se disponía a examinar fallas detectadas en las pulseras telemáticas, y había una razón.

El funcionamiento correcto de estos dispositivos está vinculado al cumplimiento del plan de recuperación español y, en consecuencia, al pago que era el octavo de parte de los fondos europeos, se informó.

Al conocer de la información de Bruselas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, negó la responsabilidad en el supuesto fraude y garantizó "transparencia absoluta" de su despacho, durante una conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre próximo.

Hace un par de años, el propio Tribunal de Cuentas detectó "graves deficiencias" en la contratación y en el seguimiento del sistema telemático, después de que la Fiscalía General del Estado alertó en su memoria de 2024 de "múltiples fallos" en los dispositivos electrónicos, dijeron agencias.

Por ello, decidió fiscalizar los contratos celebrados sucesivamente por Igualdad para la prestación del servicio en los ejercicios 2018, 2021 y 2023, vigente hasta mayo de 2026.

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FUENTE: Con información de antena3.com; abc.es; lavanguardia.com