Como era de prever, una vez pasadas las elecciones madrileñas y catalanas, ha emergido con fuerza el tema de los indultos a los condenados por sedición (y malversación). En este artículo no me voy a detener en la interpretación jurídica porque el Tribunal Supremo y reputados juristas ya han dado una serie de argumentos jurídicos de mucho peso. Sin embargo, creo interesante analizar la argumentación favorable a la concesión de dicha medida de gracia. Naturalmente, el relato que intenta justificar ante la sociedad que se conceda la libertad a los condenados por el “prusés” solo pretende ocultar la respuesta a esta sencilla pregunta: si el gobierno Sánchez no necesitase el apoyo parlamentario del separatismo ¿se habría planteado siquiera conceder los indultos?

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El hilo narrativo creado por los muñidores de la Moncloa, como ya nos tienen acostumbrados, está pensado tanto para convencer como para divertir con cortinas de humo en forma de polémicas que nos distraen de la cuestión nuclear del tema, básicamente, la respuesta a la pregunta que planteaba al inicio del artículo. Resulta interesante visualizar los tres relatos pergeñados, el primero de ellos podríamos denominarlo el “sentimental/emocional”, el segundo sería “moral” y el último entraría en el de la “utilidad política”. Si nos fijamos, todos ellos, eluden el problema nuclear y son pasto para encender apasionados debates.

Preguntas ineludibles

Empecemos por la emocionalidad, por tratar de humanizar a los condenados de la mano de la sentimentalidad. Se aduce a que ya “llevan muchos años en prisión” y, por tanto, como ya son “muchos” es oportuno y “humano” conceder una medida de gracia excepcional que, en el fondo, revierte lo decidido por uno de los poderes del Estado, el judicial. ¿Qué significa mucho o poco en una sentencia judicial? ¿es el poder ejecutivo el que debe decir en último término la aplicación de las leyes pasando por encima de los otros dos poderes del Estado? ¿O es que quizás los políticos presos deben tener otro tipo de consideración por el mero hecho de haber sido políticos? ¿No creen que todas aquellas personas que cumplen condena siempre piensan que su estancia en prisión es demasiado larga? ¿En base a qué criterio un gobierno puede decidir cuándo una condena está siendo “demasiado larga”? ¿Si el Gobierno interpreta que tres años por una condena por sedición es excesiva por qué no recurre al poder legislativo para cambiar dicha “anomalía”?

Vamos a por el relato moral, interesante en sí mismo por la cosmovisión que trasluce, lógicamente, me refiero a lo de “venganza y revancha” aducido por el presidente del Gobierno. En cualquier manual de primero de ciencia política te dice que en democracia la Justicia nunca es revancha o venganza, y menos en un sistema jurídico tan garantista como es el nuestro. Pero ¿por qué traer a colación esta terminología tan alejada de nuestro ordenamiento particular y de la democracia en general? Básicamente, es un intento de confusión, haciendo creer que los que defienden la Constitución son los que defienden los indultos y están del lado de la “humanidad” (como ven, continúo con el hilo narrativo) frente a otros que solo buscan el daño, la revancha y la venganza. Es fácilmente interpretable que estamos ante un intento más de moralizar la política en función del interés inmediato y del posicionamiento ideológico, es algo que roza el identitarismo ideológico y cultural. Pero volvamos, ¿qué tiene de venganza el cumplimiento de una pena de prisión dictada por un tribunal en un país democrático?, ¿qué tiene de revancha pedir el cumplimiento de la pena para unos condenados que reiteran una y otra vez que volverán a cometer el mismo delito en cuanto tengan (o les den) la ocasión? Pero respondiendo a estas preguntas nos alejamos más y más del problema y origen real de esta situación...

Derechos lingüísticos

Me van a permitir una pequeña digresión para consolidar el porqué de la absurdidad del argumento de la revancha. Habría que preguntar a los condenados qué significa eso de que “lo volverán a hacer”. ¿Se referirán a que volverán a proponer unas leyes de desconexión más propias de una dictadura pisando los derechos de todos los catalanes y saltándose la Constitución? ¿Volverán a manifestarse delante de la Consejería de Economía, destrozando vehículos oficiales, amedrentando a una funcionaria judicial que estaba investigando un posible delito de corrupción? ¿Intentarán hacer referéndums que solo están diseñados para sus creyentes y para provocar la reacción del Estado? ¿Volverán a convocar huelgas generales desde la Generalitat para intentar provocar un enfrentamiento civil? ¿Algunos de ellos volverán a apoyar los disturbios de la plaza de Urquinaona y/o justificarán la violencia para alcanzar sus objetivos políticos? Me he referido a estos hechos concretos porque la conculcación de los derechos lingüísticos de más de la mitad de los catalanes ya lo siguen haciendo, la imposición identitaria campa a sus anchas, el secuestro del espacio público es la tónica habitual o la presión y muerte civil de todo aquél que ose manifestarse en contra de la ideología única es algo que ya tiene garantizado.

Pero volviendo al hilo narrativo orquestado por Moncloa, seguiré al de la “utilidad política” de los indultos. Este último relato es el que ha encontrado más adeptos, algunos bienintencionados y, otros, siempre dispuestos a acercarse a la enorme sombra que proyecta el paraguas de la Moncloa. Pues bien, resulta que para recuperar la convivencia en Cataluña hay que conceder los indultos porque ello logrará acabar con el relato victimista del separatismo y así poder entablar un diálogo con los separatistas. Es llamativo ver cómo esta argumentación falla desde el inicio, el problema de la convivencia en Cataluña parte de los que la fracturaron y pretendieron crear dos comunidades en función de una ideología (los buenos y los malos catalanes), son los que utilizaron las instituciones de todos para laminar los derechos y libertades de la mayoría, son los que jugaron con la violencia para tratar de poner en una situación imposible al Estado, son ellos los mismos que lo hicieron y los mismos que pretenden volver a hacerlo. La convivencia pasa por el diálogo, sí. Pero un diálogo en igualdad de condiciones y con el mismo marco de juego: la Constitución. Fuera de ello todo es arbitrariedad y trapicheo político.

Finalmente, los que creen que los indultos acabarán con el victimismo interpretan muy mal el escenario (algunos ingenuamente, otros interesadamente). En cuanto haya indultos, la maquinaria propagandística catalana (el noventa y mucho por ciento de los medios editados en Cataluña) lo venderán como un triunfo sin paliativos frente a un Estado con tintes autoritarios. Veremos la liturgia y el espectáculo con el que nos regalará horas y horas de prime time en TV3 (et alii), entrevistas con excarcelados y familiares, publirreportajes, manifestaciones y, cómo no, la firma de los indultos por parte de su majestad el Rey Felipe VI como forma de humillación por su papel el 3 de octubre de 2017. En resumen, si la medida de gracia trata de normalizar la situación catalana, pretende desarmar la narrativa victimista, en verdad, solo logrará reforzar el relato de superioridad moral en el que siempre se ha basado el separatismo. No verlo así es no entender la realidad catalana, no saber el tipo de sustrato cultural catalán y volver a dejar de lado a los catalanes que sí queremos y creemos en la convivencia (no olvidemos que somos aquellos de cuya movilización dependerá las futuras mayorías en el Congreso).

Lo importante es responder a la pregunta que planteé inicialmente: si el Gobierno Sánchez no necesitase el apoyo parlamentario del separatismo ¿se habría planteado siquiera conceder los indultos?

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