La expresión Greenwashing significa literalmente “lavado de imagen ecológica”. Consiste en presentar como respetuosos con el medioambiente a entidades, empresas o países cuando realmente no lo son. Puede hacerse con afirmaciones vagas como “100 % verde” o “carbono neutro”, difíciles de verificar o el de proclamar logros ambientales reales mientras se ocultan desastres ecológicos. Este lavado de imagen es parte del guion de la delegación venezolana en la Cumbre Mundial del Clima COP31en Turquía (09-20/11/2026). La conferencia se encuentra en desarrollo, sus decisiones y acuerdos se conocerán el 20 de noviembre, aunque en los primeros días ya refleja contradicciones fundamentales. Los gobiernos reconocen la necesidad de reducir las emisiones, pero sus intereses económicos, energéticos y geopolíticos no siempre coinciden con sus compromisos ambientales. Por otra parte, se hacen la pregunta sobre quién debe financiar esa transformación ecológica y cuándo se deben abandonar los combustibles fósiles sin alterar sus economías.
Contradicciones y falsedades en la COP31: El Greenwashing de Venezuela
A pesar de la retórica ecológica en la COP31, Venezuela enfrenta acusaciones de "greenwashing" por su historial de devastación ambiental.
Delcy Rodríguez, durante su intervención en la COP31 el 12/11/2026, reconoce la existencia de una “emergencia climática mundial” y anuncia que “Venezuela ampliará su producción petrolera”, escudándose en la afirmación de que “somos un país carbono neutro donde nuestra capacidad natural de absorción supera ampliamente a nuestras emisiones”. Estas afirmaciones, en boca de una de las responsables de la tiranía depuesta es de un extremo descaro, debido a que entre 2001 y 2025 (era chavista-madurista), Venezuela perdió aproximadamente 2,6 millones de Hectáreas de bosque primario húmedo (un ecosistema de especial importancia para la biodiversidad, hábitat natural de los pueblos indígenas y almacenamiento de carbono), además de 700.000 Hectáreas perdidas de bosque natural y emisiones acumuladas estimadas en 1.200 millones de toneladas de CO equivalente, lo que representa un promedio aproximado de 48 millones de toneladas anuales. Esta cifra refleja una de las consecuencias climáticas de la destrucción y degradación de los bosques, que además de almacenar carbono desempeñan funciones esenciales en la conservación de la biodiversidad (https://www.globalnaturewatch.org/). “Proteger la naturaleza es proteger la vida”, exclamó con emoción Rodríguez, una frase innegable pero contradictoria en su boca, al presentarse como protectora del medio ambiente sin hacer ninguna referencia o hacer mea culpa a la devastación de la biodiversidad del ecosistema amazónico por organizaciones criminales de minería asociadas al régimen corrupto al que ha pertenecido.
¿Venezuela es un país carbono neutral?
El Arco Minero del Orinoco, establecido por decreto el 24 de febrero de 2016 durante el régimen chavista, del que Rodríguez ha sido corresponsable, abarca aproximadamente 112.000 km² en el sur de Venezuela. Militares y organizaciones criminales asociadas al régimen emprendieron una minería descontrolada provocando la devastación de bosques tropicales que contribuyen a absorber CO atmosférico, contaminando con mercurio los ríos, la fauna y arriesgando la vida de las comunidades indígenas que habitan en sus riberas. Por otra parte, la nueva Ley de Hidrocarburos, que ampara el acuerdo petrolero del gobierno tutelado con la administración estadounidense incluye contratos de campos petroleros en territorios indígenas, obviando sus derechos y la demarcación de sus territorios, calificando como “zonas de seguridad” a todo el territorio nacional donde existan yacimientos de petróleo, oro o de tierras raras.
La afirmación de que “somos un país carbono neutro” no se corresponde con la realidad. Las emisiones totales venezolanas de gases de efecto invernadero aparecen reflejadas en el informe EDGAR 2026 de la Comisión Europea (EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research), cuantificándolas en 178,39 millones de toneladas COe. Por otra parte, el Banco Mundial sitúa a Venezuela entre los países del mundo que más volúmenes de gas han quemado (gas flaring) en 2024, otra fuente de graves emisiones (Banco Mundial — Gas Flaring Tracker 2026). Esto, sin mencionar los derrames e incendios provocados por una infraestructura petrolera arruinada por el chavismo. Para afirmar que un país ‘es carbono neutral’, no basta con disponer de enormes extensiones forestales, si no se toma en cuenta cuánto carbono dejan de absorber sus ecosistemas cuando son deforestados o degradados por la minería indiscriminada apoyada por el falso Estado. Las cifras disponibles sitúan a Venezuela en el puesto 39 en el ranking de CO según las estimaciones de Global Carbon Project (2024).
Extractivismo vs Derechos Humanos
Desde el punto de vista jurídico, un Estado posee soberanía sobre sus recursos naturales y tiene todo el derecho soberano a ampliar su producción petrolera. Sin embargo, esa soberanía no es ilimitada y debe estar acompañada de responsabilidades de protección ambiental, conservación de la biodiversidad y respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “La inacción climática puede constituir una violación de derechos humanos cuando supone el incumplimiento de obligaciones estatales de protección y prevención” (CIDH Opinión Consultiva OC-32/25, adoptada el 29/05/2025). Esta doctrina tiene especial relevancia para examinar la degradación ambiental, deforestación, contaminación de ríos, fauna y humanos con mercurio y la pérdida de biodiversidad en el Arco Minero del Orinoco. Ya lo hemos alertado en artículos anteriores, los pueblos indígenas corren el riesgo de padecer el síndrome Minamata debido a la exposición y consumo de mercurio presente en el subsuelo, el agua, la fauna y los peces.
Afirmar, como lo hizo Rodríguez, que los bosques venezolanos absorben más carbono del que emite el país, es un intento sagaz de presentar el Greenwashing de un régimen depredador del ambiente. La contradicción y el cinismo de quien ha formado parte ejecutiva de un régimen tiránico y corrupto, señalado como responsable de la brutal devastación ambiental ocasionada por la explotación minera al sur del Orinoco para el enriquecimiento de sus élites, no calza con la imagen de defensora del medioambiente. Cuando el gobierno interino utiliza sagazmente la capacidad de absorción de carbono de sus bosques para justificar el extractivismo, la selva y las culturas milenarias que allí habitan dejan entonces de ser reconocida por su valor ancestral y cultural, pasan a funcionar como una compensación contable de actividades contaminantes. No se trata de negar el papel positivo de los bosques en el balance de la regulación climática, sino de cuestionar su utilización como coartada ecológica para justificar un modelo extractivo, destructor del medio ambiente.
Crisis de confianza y legitimidad
Venezuela experimenta una crisis de representación, confianza y legitimidad que se proyecta en las instancias internacionales. El interinato de Delcy Rodríguez impuesto por decisiones del protectorado de facto o tutela estratégica norteamericana a raíz del descabezamiento de la tiranía, aparte de permitirle ejercer la autoridad política y administrativa dentro de Venezuela, la posiciona ante la comunidad internacional como representante del Estado venezolano. Es una forma de normalización diplomática de la realpolitik imperante que aparenta legitimidad política sin implicar, necesariamente, legitimidad democrática. Es un simulacro, como lo que actualmente acontece en Venezuela alrededor del tema de la transición. Con la astucia y el cinismo aprendidos durante los veintisiete años de tiranía, Rodríguez intenta un greenwashing o lavado de los crímenes ambientales y humanitarios del régimen, al utilizar un discurso de protección ambiental para proyectar en la COP31 una imagen ecológica que no se corresponde con realidad.
Las selvas al sur del Orinoco forman parte de la Amazonía y conforman el pulmón verde del planeta, produciendo oxígeno para toda la humanidad. Es vital su papel en la regulación climática, el ciclo del agua y el almacenamiento de carbono que evita el efecto invernadero. Destruir sus bosques significa alterar el equilibrio entre la naturaleza y el planeta, comprometiendo no solamente la biodiversidad, sino también el patrimonio ecológico de las futuras generaciones de venezolanos. El bosque amazónico alberga milenarias culturas ancestrales, relaciones ecológicas y procesos evolutivos cuya existencia posee un valor más allá de cualquier contabilidad de compensación de emisiones por la extracción minera o petrolera. Parafraseando a Hans Jonas, (El principio de responsabilidad, Editorial Herder, 1979), “La naturaleza no es simplemente una propiedad disponible para su explotación, sino una condición de posibilidad de la existencia humana”.
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