Esos elementos van a caracterizar la sociedad cubana en aquellos años.
Al releer varios documentos con estadísticas de los años 50, resaltan los datos de las encuestas nacionales de la Agrupación Católica Universitaria, realizadas en los años de 1954 y 1957; las que ofrecen informaciones que ratifican los elevados niveles de pobreza de la sociedad cubana.
Las encuestas de los católicos son reveladoras cuando dicen, que el 11% de la población podía clasificarse dentro de la pequeña, mediana o alta burguesía y el 89% restante clasificaba como pobres o muy pobres.
O cuando señalan que en el campo vivían algo más de 2.5 millones de personas, donde consecuencia del nivel de pobreza, el 14% padecía de tuberculosis, el 13% de tifoidea, el 36% de parasitismo y el 31% de paludismo.
El desempleo o subempleo alcanzaba al 26.4%, el 99% de las familias residían en los conocidos bohíos, viviendas rusticas edificados de tablas y guano de palmas; donde el 60% tenían pisos de tierra, el 82% no disponía de baños y ducha, el 64% no contaba con servicios sanitarios (inodoros) sino letrinas y sólo el 6% lograban tener el agua que consumían a través de cañerías.
A la paupérrima situación de las viviendas rurales se agrega, que el 81% de la población del campo debía acudir a la medicina privada; donde el 60% de los médicos y el 80% de las camas hospitalarias se localizaban en la Habana.
Antes de 1959 el reducido sistema de seguridad social se encontraba basado, fundamentalmente, a través del pago de cuotas, sistema no siempre factible a toda la población sino sólo al que podía pagarlas.
El nuevo poder revolucionario
Al triunfo de la revolución comienzan a gestarse las grandes transformaciones económico/sociales y junto a ellas van a ir gradualmente desarrollándose los sistemas laborales, educativos, de salud, deportes, cultura y asistencia social; conformándose coherentemente una política de seguridad social.
En 1963 se dicta la ley 1100 que ampara a los trabajadores y sus familias ante situaciones de enfermedad, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, vejez o muerte.
Más adelante en 1980 otra ley amplía el alcance y cobertura social a una mayor parte de la población; concediendo prestaciones monetarias (en servicios o especies).
Las prestaciones en servicios comprenden alimentos, cuidados en el hogar, a adultos mayores, hogares de ancianos e impedidos, asistencia cultural y recreativa, ingreso a círculos infantiles, seminternados…
Las prestaciones en especie consisten en productos gratuitos, ayudas monetarias en forma continua a personas o familias necesitadas y programas sociales a grupos vulnerables.
Resulta difícil presentar una idea general o compacta del periodo transcurrido entre 1959 y 1990, al no ser similares las etapas ni las políticas económicas y sociales que se desarrollaron. No obstante y saltando las diferencias de épocas, lo más significativo ha sido, que el modelo de seguridad social mantuvo como premisas el fomento de empleos, el acceso universal y gratuito a los servicios sociales básicos y a la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas.
Ajustes y reformas
Hace varios años el país se encuentra desarrollando reformas al modelo establecido (reducción o eliminación de subsidios económicos, desburocratización del sector estatal, entregas de tierras en usufructo para ser explotadas agrícolamente, desarrollo del trabajo por cuenta propia y surgimiento de miles de microempresas privadas, desarrollo de cooperativas en la agricultura, los servicios, el comercio , los transportes e industrias, búsqueda de eficiencia de las empresas estatales y promoción de inversiones foráneas y domésticas; haciendo surgir los llamados sectores emergentes (privados y cooperativos), visualizándose una economía mixta; lo que supone ocasione modificaciones en la política social, como en otros aspectos institucionales, jurídicos o incluso políticos.
Los cambios económicos insinúan la conveniencia de remozar la política social y sugieren atención a los impactos sociales que se originan; lo que es lógico así sea, en un sistema que no desea descargar los ajustes económicos con políticas de choque sobre la población a la que desea mejorar.
En tales circunstancias valorar medidas que contribuyan al bienestar de la población, e impedir crezca la pobreza o se expandan los grupos vulnerables es siempre positivo.
Un modelo de política social actualizado
Son múltiples las acciones de beneficio social que pueden instrumentarse, aprovecho para esbozar sólo ciertas ideas que pueden ser de utilidad:
Por ejemplo crear un instrumento público de jerarquía estatal (Comisión, Comité, Secretaria, Instituto, Grupo), cuyas funciones sean las de elaborar políticas sociales, proponerlas al gobierno y asamblea nacional y una vez aprobadas velar por su desarrollo y cumplimiento.
A través de la institución o el propio gobierno poner en ejecución o coordinar entre los organismos del estado, un conjunto de actividades que contribuyan a garantizar, fortalecer o hacer más eficiente la política social.
El modelo social deberá continuar implementandose (universal y gratuitamente) los servicios esenciales de salud y educación, sin mediar pago alguno, aunque ejecutados con más racionalidad, eficiencia y menores costos, originando a su vez, de ser posible, vertientes paralelas de ingresos monetarios.
Inventariar los grupos vulnerables (personas de la tercera edad jubilados y bajas pensiones, desempleados, discapacitados, enfermos sin recursos, madres solteras sin empleo o bajos ingresos, segmentos de la población negra o mestiza que arrastran agudas necesidades, individuos sin viviendas, o personas que viven en territorios de pobre nivel de desarrollo económico u otros casos que lo requieran.
Esos individuos de acuerdo a sus requerimientos, recibirían el tipo de ayuda que se corresponda, de manera no queden abandonados o en situaciones vulnerables.
Realizar cada 5 o más años estudios de nivel, modo o calidad de vida, las informaciones que se obtengan junto a otras estadísticas disponibles; posibilitarían identificar, científicamente los diferentes niveles del bienestar de la población y los estratos de la población menos favorecidos.
Consecuencias de los impactos de las reformas que se llevan a cabo, que amplían y consolidan una economía mixta; no es posible concebir la sociedad homogéneamente, lo que hace necesario revisar la racionalidad y mayor eficiencia de los servicios sociales, su alcance universal, e implementar políticas ajustadas a las realidades, reduciéndose costos y aumentando la eficacia.
Será necesario en maneras diversas aumentar la protección a los individuos, familias, o grupos que se encuentren en situaciones críticas de pobreza.
A partir de la crisis de los 90 las personas probablemente más afectadas sean los ancianos, mujeres, negros y mestizos; así como pobladores en territorios de pobre desarrollo económico.
Esos estratos poblacionales merecen ser priorizados para mejorar sus condiciones de vida, pudiendo desarrollarse diversas acciones y programas comunitarios (productivos o de servicios).
En el 2016 el costo de la vida es bien diferente al de veinticinco, quince, o cinco años atrás; sin embargo los ingresos monetarios y pensiones, en la mayoría de los sectores no se han incrementado y por lo general son significativamente bajos e insuficientes.
Cada cierto tiempo deberá analizarse y necesario ajustar las estructuras salariales y las pensiones, referenciándolas no sólo con la producción o la economía sino al costo de la vida.
Autofinanciamiento y exportación de conocimientos
Fuera del país hay gentes y sobre todo economistas (algunos neoliberales), que consideran la universalidad y gratuidad de los servicios sociales no compatibles con las urgencias del crecimiento de la economía; sus necesidades de inversiones y niveles de eficiencia.
Poseen criterios de que esos servicios se encuentran sobredimensionados, en correspondencia al nivel de posibilidades de la economía y los requerimientos urgentes de hacerla crecer.
Pero olvidan que la salud y educación son dos sectores estratégicos en cualquier sociedad, porque la educación califica la fuerza laboral o le agrega valor al trabajo; mientras la salud hace que el trabajador rinda más y prolongue su vida laboral o en general.
Sin embargo cuando se analizan las potencialidades económicas de ambos sectores, se llega a la conclusión que puede autofinanciarse, aproximarse a ello, o aportarles recursos al país.
Tomemos de ejemplo al sector salud, convertido en exportador de conocimientos y con amplias posibilidades de autofinanciación; hoy ubicado en el primer renglón de los ingresos financieros del país.
Además existen condiciones para expansionar los servicios médicos y hospitalarios al turismo internacional, porque se cuenta con la base humana y material calificada y bien distribuida nacionalmente.
Veamos algunas estadísticas y no sólo en las varias decenas de miles de médicos, enfermeras y técnicos de la salud que se han formado.
Datos publicados del 2008 mostraban que el país había invertido el 11.9% del PIB en el sector salud (el más alto de América Latina), unos 1132 dólares p/c.
En esa fecha existían 219 hospitales, 498 policlínicos, 127 puestos médicos, 158 clínicas estomatológicas, 338 hogares maternos y 35 de impedidos, 26 bancos de sangre, 13 institutos de investigación, 24 facultades de medicina, 52 institutos politécnicos de enfermería, 35 salas de terapia intensiva de pediatría y 90 de adultos.
Súmese a ello que los centros de investigaciones científicas se encuentran desarrollando nuevos productos exportables y alrededor de estos se han creado empresas mixtas (cubanas/extranjeras) que luego tributan al sistema de salud o al país.
Finalmente el sector dispone de importantes márgenes de racionalidad y posibilidades de lograr niveles superiores de eficiencia reduciendo gastos.
Y aunque queda tela de donde cortar, algo similar a estas consideraciones pudiera pensarse sobre los sectores de educación, cultura, ciencia y deportes.
