Disputa por el Canal de Panamá

Nos encontramos ante un contrato entre dos partes que exige seriedad y profesionalidad para ser cumplido

El año 2014 arrancó con un sorprendente anuncio del consorcio multinacional, liderado por la empresa española Sacyr, que está llevando a cabo las obras del Canal de Panamá. Si no se atendía su reclamación de cobrar 1.600 millones de dólares adicionales fruto de los sobrecostes de los trabajos de ampliación, el 20 de enero próximo se retirarían del proyecto y las obras quedarían paralizadas. n

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Inmediatamente, y con toda la lógica, el presidente Ricardo Martinelli puso el grito en el cielo y exigió a las empresas que cumplieran el compromiso adquirido mediante un concurso público que premió a la oferta más ajustada. El Gobierno español, a su vez, respondía poniéndose a disposición de las partes para contribuir a la consecución de un acuerdo. n

Sin embargo, lejos de estar ante un conflicto diplomático entre Gobiernos, nos enfrentamos a la disputa entre la Autoridad del Canal de Panamá, una agencia estatal autónoma, y un consorcio formado por empresas privadas.

Es importante resaltar que Martinelli o la ministra española de Fomento, Ana Pastor, tienen poco que decir ante un asunto que, de no resolverse por las buenas, acabará dirimiéndose en una Junta de Resolución de Disputas y un arbitraje internacional en un tribunal de Florida. n

Lo deseable sería que las empresas cumplan con su compromiso y que desde la ACP exista la flexibilidad de abonar las cantidades desviadas justificadas que se contemplaban como factibles en el acuerdo inicial. n

Poco margen entonces para la política y la negociación. Nos encontramos ante un contrato entre dos partes que exige seriedad y profesionalidad para ser cumplido. Lo que sí deben tener en cuenta esas partes privadas es que su diligencia va a marcar las relaciones futuras entre empresas españolas y los países de América Latina.