El falso progresismo y la amenaza a la libertad

El pensador, economista y catedrático en la Hoover Institución lleva mucho tiempo analizando la política norteamericana y en todos sus trabajos se nota una sencillez expositiva que facilita el entendimiento de las tendencias, problemas y controversias conceptuales que han llegado hasta nuestros días, manipulados por las narrativas progresistas dominantes.

Llama la atención en el artículo, que Sowell señale el origen del progresismo moderno en EE. UU. en el momento en que los dos grandes líderes de la política nacional --Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson-- se enfrentaron en las elecciones de 1912. El expresidente Roosevelt había creado el Partido Progresista, después de perder la nominación presidencial del Partido Republicano ante su antiguo protegido y rival conservador, William Howard Taft.

Entonces, aprovechando el voto republicano dividido, Wilson fue elegido presidente, lo que posibilitó que la versión demócrata se apoderara del proyecto del progresismo para desarrollarlo desde el poder durante ocho años.

Se trata de un artículo muy sorprendente e instructivo de Sowell, pues uno descubre que Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson como políticos tenían muchos puntos en común, pero sobre todo uno que aún sigue seduciendo a no pocos republicanos y demócratas que reconocen ser continuadores de su legado: la defensa de un papel cada vez más amplio del gobierno federal en la economía y un rol cada vez más limitado de la Constitución en la vida pública de los ciudadanos.

Un aspecto verdaderamente desconocido en los análisis que se han hecho de la historia política de EE. UU. y que ha sido abordado por Sowell es el hecho de que Theodore Roosevelt, el presidente encargado de regir los destinos de la nación entre 1901 y 1909, fuera un enemigo de las grandes empresas y de los principios de la encomia de mercado.

Sowell en su investigación destaca que Roosevelt solía utilizar en sus discursos una narrativa populista en la que esgrimía tópicos como los "poderosos magnates industriales" y la "tiranía de la mera riqueza", solo con el pretexto de hacerlos parecer los responsables directos de la injusticia y de las desigualdades sociales.

Sin embargo, en las dos primeras décadas del siglo XX, el crecimiento económico y el auge de las empresas en EE. UU. consiguieron un tamaño sin precedentes en diversos sectores como resultado de las economías de escala que reducían los costos de producción. Esta boyante situación les permitió obtener mayores beneficios aun con precios más bajos, contribuyendo a reducir la pobreza y garantizando mejores niveles de vida para todos los ciudadanos.

El artículo de Sowell muestra también como Roosvelt, al igual que otros progresistas que creían que el futuro del país dependía de su persona, comenzó a crear alarma ante un panorama económico en rápida transformación, además de generar incertidumbres y descalificaciones sobre la riqueza que favorecía al país y la prominencia de nuevos empresarios como John D. Rockefeller.

“Se les llamaba ‘barones ladrones’ pero quienes les pusieron esta etiqueta no especificaron tampoco a quiénes habían robado”, apunta Sowell.

No me ha sorprendido, por ejemplo, cuando Sowell señala que Roosevelt quería un impuesto sobre la renta para desviar parte de las ganancias de los ricos. La Constitución de los Estados Unidos prohibía dicho impuesto, pero en los círculos progresistas se insinuaba la modificación, si fuese necesario, de la propia Carta Magna para conseguir tal propósito.

A partir de este momento comenzó un giro peligroso en la historia constitucional de EE. UU., liderado por Roosevelt primero y Wilson después, en sus reiterados esfuerzos por otorgar al Estado un rol más preponderante en la distribución del ingreso, la ampliación de los derechos sociales y la impartición de justicia, aun al precio de lesionar la esencia del sistema jurídico-político y las bases del gobierno representativo, la división de poderes, la propiedad privada y la economía de mercado.

Especialmente controversial fue la aprobación de la Decimosexta Enmienda, que otorgaba al Congreso el poder de establecer un impuesto federal sobre la renta sin necesidad de repartirlo entre los estados según su población. Los opositores temían que este gravamen centralizaría demasiado poder en el gobierno federal, invadiendo la autonomía de los estados y de los individuos. De hecho, durante la administración de Woodrow Wilson se llegó a imponer un gravamen del 73% para las rentas más altas.

A partir de entonces, la historia constitucional norteamericana del último siglo acopia reiterados proyectos revisionistas producidos por los políticos progresistas en su intento de otorgarle un papel más hegemónico al Estado, sin renunciar por ello teóricamente a las bases del gobierno representativo y la división de poderes.

Con el revisionismo constitucionalista en cave federal de Roosvelt, el progresismo estableció una conexión cómplice con la receta mágica de las subidas de impuestos para los ricos, que no hizo mas que afianzarse con el gobierno de Wilson.

La ratificación en 1913 de la Decimosexta Enmienda evidenciaba el interés de las fuerzas progresistas por dotar al gobierno federal de un control más directo sobre las tasas impositivas. El pretexto era facilitar la creación de grandes programas federales, al tiempo que los ideólogos progresistas fabricaban un mensaje que promovía más la política de lucha de clases que la recaudación de ingresos.

Esta concepción monopolizadora de las tasas impositivas se hizo especialmente virulenta contra las rentas más altas. Roosvelt, sin tener los más mínimos conocimientos en economía, se convirtió en un azote de los millonarios de la época para justificar un correlativo aumento del intervencionismo gubernamental en la economía.

¿Quién fue su chivo expiatorio? La Standard Oíl Company, compañía contra la que el presidente norteamericano emprendió una batalla antimonopolio, acusándola de prácticas anticompetitivas. En aquel momento, la empresa de Rockefeller controlaba casi el 90% de las refinerías de petróleo en EE. UU.

Según Sowell, a Roosevelt le parecía injusto que los ferrocarriles le cobraran tarifas más bajas a la Standard Oil que a otros transportistas, y por eso el presidente justificaba una intervención estatal con el argumento moral de que estas tarifas eran discriminatorias y debían prohibirse de cualquier forma.

Pero lo que no explicaba Roosvelt es que la Standard Oil usaba, para transportar sus mercancías, vagones cisterna propios, lo que requería mucho menos trabajo para los ferrocarriles que cargar barriles individuales del resto de los competidores.

Con sus medidas antimonopolio, el presidente Roosvelt demostraba su injustificable ataque contra empresas que ofrecían precios más bajos que sus competidores, castigando de esta manera la eficiencia empresarial y, al mismo tiempo, a los consumidores.

La fijación de precios y costos empresariales se fundamenta en procesos dinámicos de mercado, no en modelos estáticos y controladores. Únicamente la coordinación entre empresas y la libre competencia son los factores que determinan de manera eficiente los precios, contrariamente a las concepciones intervencionistas. Por tanto, Roosvelt utilizaba las estadísticas del enriquecimiento legítimo de una empresa para justificar su política intervencionista.

En definitiva, Sowell presenta el caso de Roosevelt y la Standard Oil para demostrar cómo la intervención gubernamental basada en la política (y en el resentimiento social) terminan distorsionando el mercado.

En lugar de ofrecer seguridad jurídica y regulaciones poco intervencionistas y burocratizadas, la idea del progresismo del presidente norteamericano estaba definida más por la confrontación con el sector de los grandes empresarios que por buscar soluciones reglamentarias a favor del verdadero progreso económico del país. La causa ciega de la justicia social y el igualitarismo económico dominaron su programa.

En este sentido, la inclinación ejecutivista del estado centralizado permitió el abandono de los mecanismos institucionales. El concepto de progresismo versus oligarquización del poder sustituyó al de democracia.

Riguroso defensor de los principios constitucionales, Sowell también alerta sobre el intervencionismo de Woodrow Wilson en nombre de la justicia social y su expansión constante de los poderes arbitrarios en el gobierno federal, calificándolo como una extralimitación peligrosa que socava la libertad individual y la eficiencia económica.

En ese sentido, son muy revaloras las observaciones que hace el economista cuando advierte el afán de Wilson de regular, controlar, limitar o apropiarse de bienes privados por parte del gobierno para satisfacer intereses públicos o sociales.

"Si las ganancias privadas han de ser legitimadas, si las grandes fortunas privadas han de ser consideradas honorables, estas grandes fuerzas que actúan en el ámbito moderno deben, tanto individual como colectivamente, adaptarse a un propósito común", apuntaba Wilson.

Para Sowell quedaba claro que la criminalización empresarial emprendida por la administración de Wilson, le daba patente de corso para “intervenir, cuestionar y elegir ganadores y perdedores en un complejo proceso económico del que a menudo carecen de información, o incluso están mal informados, y en el que no pagan ningún precio por sus errores, independientemente del alto costo que esto suponga para la economía”.

Mientras las teorías intervencionistas de Keynes sostienen que el Estado puede y debe regular el crecimiento económico, en su obra “Camino de servidumbre”, Hayek considera indispensable un orden legal inquebrantable que proteja la propiedad privada, el respeto de los contratos y un poder judicial honesto, capaz y totalmente independiente del poder político.

El pensamiento liberal de Hayek es una respuesta moral y política al “totalitarismo democrático” que pudiera derivarse de toda planificación intervencionista, como la llevada a cabo por los presidentes progresistas Teodoro Roosvelt y Woodrow Wilson.

El mecanismo de la intervención estatal dentro de la política norteamericana se transfirió a las siguientes administraciones, fundamentalmente demócratas. El principal proyecto económico de los progresistas se consolidaría años después con el “New Deal” de Franklin D. Roosevelt, una serie de reformas políticas que terminaron con una intervención masiva del gobierno para regular la economía bajo el pretexto de una redistribución igualitaria de la riqueza y de una mayor protección social.

(*) The 'Progressive' Legacy by Dr. Thomas Sowell. February 14, 2012 Creators Sindicate

Juan Carlos Sánchez. Periodista y escritor.

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