El nuevo reto de la sociedad civil: cambiar los ejes de vigilancia

Durante años los venezolanos tuvimos claro quién era el adversario. La dictadura tenía un rostro, un discurso y una estructura de poder identificable. En ese claro contexto de brutal represión, la sociedad civil aprendió a documentar abusos, denunciar violaciones de derechos humanos, organizarse y resistir. Esa estrategia nos permitió construir la abrumadora mayoría política que se expresó en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Hoy el escenario es distinto. Las nuevas realidades exigen nuevas respuestas. El centro de gravedad del poder ha cambiado, lo que nos impone cambiar el eje de nuestra vigilancia.

Venezuela ha pasado de una dictadura que concentraba el poder casi exclusivamente en Miraflores a un sistema cuya supervivencia depende también de decisiones tomadas fuera de sus fronteras y, muy específicamente, en Washington. Ese desplazamiento del poder ha generado una comprensible confusión. Si el poder ya no reside únicamente en Caracas, ¿dónde debe concentrarse la vigilancia de la sociedad civil?

Como el nuevo centro del poder se encuentra en Washington y desde allí, sometido a las leyes de Estados Unidos, se administra el gobierno interino conformado por los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, el principio de la transparencia y la rendición de cuentas, consagrado en la legislación norteamericana, abre una nueva y fértil área para el trabajo de la sociedad civil venezolana. Propongo cuatro ejes.

El primer eje: vigilar el ejercicio del poder económico. Desde comienzos de este año, la comercialización del petróleo venezolano, de acuerdo con el Financial Times, habría generado ingresos superiores a los 13.000 millones de dólares. Sin embargo, no existe ninguna explicación pública ni desde Caracas ni desde Washington sobre el destino de esos recursos: cuánto ingresó efectivamente al país, bajo qué mecanismos se administró ni quién supervisa su utilización. Eso es inaceptable. No es casual que miembros del propio Congreso de Estados Unidos hayan comenzado a exigir mayor información sobre estos recursos. Si ellos consideran necesaria esa supervisión, la sociedad civil venezolana debería asumir también esa tarea de vigilancia.

El segundo eje: vigilar el ejercicio del poder político, es decir, la negociación política. La comisión negociadora que inició sus reuniones el primero de agosto tiene la responsabilidad de construir una agenda electoral. Ese esfuerzo requiere seguimiento permanente. Los venezolanos ya aprendimos que las promesas sin cronogramas verificables suelen convertirse en mecanismos para comprar tiempo por parte de los dictadores. terremoto”.

Cuando la revista Time le preguntó a Delcy Rodríguez cuándo habría elecciones en Venezuela, respondió: "Venezuela tendrá elecciones cuando esté lista para ello". No pude resistir recordar a Cantinflas prometiendo hacer algo con su enfático: "inmediatamente después que pueda". Venezuela exige fechas, etapas verificables y mecanismos claros de cumplimiento. El gobierno interino de Delcy Rodríguez tiene una legitimidad de facto, no de origen. Esa legitimidad de facto está condicionada a que cumpla, junto con Estados Unidos, con definir las condiciones para llevar a cabo unas elecciones lo antes posible. No debemos aceptar demoras injustificadas.

El tercer eje: vigilar el ejercicio del poder coercitivo defendiendo los derechos humanos y exigiendo la liberación de los presos políticos. Según el balance más reciente de Foro Penal, para el 27 de julio, 379 venezolanos continuaban encarcelados por razones políticas, pese a la puesta en vigencia de una Ley de Amnistía que, obviamente, no resolvió esta injusticia.

El cuarto eje: vigilar el respeto al mandato soberano del 28 de julio. En este contexto cobra especial importancia la decisión de María Corina Machado de regresar al país junto con Edmundo González Urrutia. Con la legitimidad conferida por millones de venezolanos, la función de la sociedad civil debe ser proteger el mandato ciudadano que ambos recibieron. Acompañarlos implica defender la voluntad popular frente a cualquier intento de diluirla o reemplazarla. Igualmente, exigir el libre retorno de los exiliados políticos para hacer viable la reconstrucción de las instituciones democráticas.

Nuestra tarea ya no consiste únicamente en denunciar una dictadura. Consiste también en impedir que la transición se convierta en una zona opaca donde decisiones trascendentales se adopten lejos del escrutinio público.

Por lo tanto, debemos convertirnos en auténticos watchdogs, perros guardianes de esta nueva etapa. Exigir transparencia sobre los recursos petroleros, supervisar el trabajo de la comisión negociadora, exigir un cronograma electoral verificable, reclamar la libertad de todos los presos políticos y apoyar el pronto retorno del liderazgo político exiliado.

Los venezolanos queremos resultados tangibles. No queremos más engaños ni promesas incumplidas. En la década de los ochenta apareció un grafiti en un muro de Brasil durante su transición democrática. Decía simplemente: "No queremos más sueños. Queremos realidades."

Después de tantos años de promesas incumplidas, de negociaciones interminables y de tragedias mal atendidas, esa frase parece escrita para la Venezuela de hoy.

Porque quien comparte el ejercicio del poder comparte también la obligación de rendir cuentas. Ese es, precisamente, el nuevo reto de la sociedad civil venezolana. www.venamerica.org.

*Miembro activo de VenAmérica y Vicepresidente del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo (MCVM).

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