El precio del petróleo y el valor de una Nación

Cuando conocí inicialmente el anuncio, sin disponer todavía de los detalles que posteriormente se hicieron públicos, mi primera reacción fue cuestionar la legitimidad de un compromiso de semejante magnitud asumido por quienes ejercen actualmente el poder en Venezuela. También advertí entonces una evidente dimensión política interna estadounidense en la forma como el presidente Trump comunicó el acuerdo. Hoy, con más información disponible, algunas afirmaciones requieren ser matizadas. Pero las interrogantes esenciales permanecen.

No se trata de oponerse a un acuerdo energético con Estados Unidos. Mucho menos de desconocer la conveniencia histórica que podría tener para Venezuela una alianza estratégica excepcional con la principal potencia económica y militar del hemisferio. Precisamente porque esa asociación puede ser extraordinariamente beneficiosa para ambas naciones, debería estar edificada sobre legitimidad, transparencia, seguridad jurídica, reciprocidad estratégica y una visión integral de reconstrucción nacional.

Un acuerdo extraordinario, pero todavía rodeado de interrogantes.

La Casa Blanca presentó la operación como el mayor acuerdo petrolero de la historia y afirmó que proporciona a Estados Unidos “majority control” sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas. Sin embargo, la arquitectura conocida es más compleja que esa expresión política.

Según la información oficial estadounidense, las autoridades interinas venezolanas otorgaron a North American Blue Energy Partners (NABEP) derechos sobre 17 campos petroleros por hasta cien años. Paralelamente, el Office of Strategic Capital del Departamento de Guerra obtiene una participación económica del 35% en la empresa matriz de NABEP; el Departamento de Estado adquiere el derecho a comprar 20% de la producción a costo y obtiene preferencia para adquirir el restante 80%. Washington dispone además de importantes facultades de gobernanza corporativa, incluido poder de veto sobre los nombramientos de la junta directiva. Algo que, a primera vista, resulta monstruoso económicamente beneficioso para cualquier negociante. La distinción es importante.

No estamos ante una simple transferencia de 65.000 millones de barriles desde Venezuela hacia Estados Unidos. Pero tampoco estamos frente a un contrato petrolero convencional. La estructura concede al gobierno estadounidense una posición económica, energética y de gobernanza extraordinariamente relevante sobre una empresa privada que, a su vez, recibió derechos sobre 17 campos que representan aproximadamente una quinta parte de las reservas venezolanas. Y allí comienza el problema.

José Ignacio Hernández ha advertido que la reforma venezolana de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero de 2026 permite contratos de participación productiva, pero que estos no equivalen jurídicamente a concesiones sobre los yacimientos. También cuestiona que una autoridad interina sin mandato democrático pueda comprometer semejante cantidad de recursos durante un siglo. Por tanto, antes de discutir si el acuerdo es bueno o malo, aparece una pregunta anterior: ¿Quién posee hoy legitimidad constitucional suficiente para comprometer durante generaciones una parte tan importante del principal recurso estratégico de Venezuela?

Legitimidad no significa rechazo a la inversión.

Aquí debe hacerse una distinción esencial. Cuestionar la legitimidad o determinadas condiciones del acuerdo no significa rechazar la inversión estadounidense ni regresar al modelo estatista que contribuyó al colapso de la industria.

Humberto Calderón Berti ha formulado una posición particularmente interesante: Venezuela necesita inversión petrolera; Estados Unidos constituye un mercado natural y geográficamente privilegiado. Los proyectos petroleros requieren compromisos de largo plazo, pero quien comprometa al país debe tener mandato para hacerlo y las condiciones deben ser conocidas por la nación. Incluso ha planteado la posibilidad de que un acuerdo de semejante trascendencia sea sometido a consulta popular, algo que debemos impulsar hasta dentro del mismo orden democrático a conquistar. Ese planteamiento permite escapar de una falsa disyuntiva.

Venezuela no tiene que escoger entre aislamiento energético o entrega de sus recursos. Puede y debe construir una profunda asociación energética con Estados Unidos y con capital internacional, pero mediante instituciones legítimas, reglas previsibles y condiciones capaces de sobrevivir a los gobiernos que circunstancialmente ocupen Miraflores o la Casa Blanca. Un verdadero acuerdo estratégico no debería depender de Donald Trump ni de Delcy Rodríguez. Debería existir y poder sobrevivirlos políticamente a ambos.

El problema de la seguridad jurídica.

Las reservas petroleras no se convierten en producción mediante decretos, anuncios presidenciales o publicaciones en redes sociales. Necesitan capital y el capital necesita confianza. Reuters informó que algunos grandes productores estadounidenses han expresado reservas frente a la estructura del acuerdo, particularmente por sus implicaciones jurídicas y competitivas. La concesión de los campos a NABEP se produjo además sin un proceso competitivo conocido públicamente. Este punto resulta particularmente sensible para Venezuela.

Las grandes compañías internacionales conocen la historia venezolana: nacionalizaciones, expropiaciones, arbitrajes, modificaciones contractuales, sanciones, inseguridad jurídica y destrucción institucional. No basta entonces con ofrecer petróleo. Hay que ofrecer Estado de Derecho, y que anhela en su ardua lucha la gran mayoría de la población venezolana.

El Dr. Calderón Berti ha advertido también que compañías sujetas a accionistas y estrictas responsabilidades corporativas evitarán inversiones que puedan exponerlas posteriormente a litigios. Su cálculo sobre los tiempos productivos es igualmente importante: obtener cantidades realmente significativas de nuevos desarrollos puede requerir varios años, no algunos meses. Este aspecto será fundamental cuando examinemos la dimensión política estadounidense del anuncio.

NABEP, Betancourt y una contradicción que exige transparencia.

El extenso análisis publicado por Nacho Montes de Oca ha contribuido a colocar bajo observación pública la particular arquitectura de NABEP, la participación estadounidense y el papel de Alejandro Betancourt. Su trabajo formula interrogantes importantes sobre cómo una compañía privada relativamente nueva llegó a ocupar una posición tan extraordinaria dentro del futuro petrolero venezolano. La selección de North American Blue Energy Partners (NABEP) adquiere especial importancia no solamente por la dimensión de los activos involucrados, sino por los antecedentes públicos de su principal figura, Alejandro Betancourt.

Este asunto debe ser tratado con rigor. No corresponde convertir cuestionamientos, investigaciones o acusaciones políticas en una declaración de culpabilidad, más allá de la magnitud de los señalamientos tanto en el mismo campo petrolero como el eléctrico. Betancourt no ha sido condenado por estos hechos y ha negado haber cometido irregularidades, como todo criminal en víspera de acusaciones. Pero tampoco sería responsable ignorar los antecedentes existentes cuando su empresa recibe una posición excepcional dentro de una operación destinada a comprometer una parte sustancial de la riqueza petrolera venezolana durante generaciones.

La primera contradicción procede del propio poder venezolano. En febrero de 2020, Jorge Rodríguez acusó públicamente desde Miraflores a Betancourt de participar en una trama de corrupción relacionada con PDVSA y sostuvo que recursos provenientes de esas operaciones habían sido utilizados para financiar sectores de la oposición. Años después, el mismo sistema político que formuló aquellos graves señalamientos presenta a la empresa encabezada por Betancourt como pieza fundamental de la nueva apertura petrolera, mientras Delcy Rodríguez sostiene ahora que no existen causas activas en Venezuela contra el empresario.

Ese cambio de posición requiere una explicación institucional. Si aquellas acusaciones carecían de fundamento, debería aclararse por qué fueron formuladas públicamente desde las más altas instancias del Estado. Si existieron investigaciones, corresponde explicar cómo concluyeron, cuáles fueron sus resultados y sobre qué fundamento jurídico fueron archivadas o desestimadas.

La cuestión adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa el escenario internacional. Betancourt ha sido objeto de investigaciones en Estados Unidos, España y Suiza relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero y fondos supuestamente desviados de PDVSA. En España y Suiza han existido procedimientos judiciales recientes, incluyendo actuaciones relacionadas con solicitudes de cooperación internacional y extradición. Al mismo tiempo, debe dejarse claramente establecido que esos antecedentes aún no equivalen a una condena.

El problema que plantea todo ello no sería algo personal. Es mucho más institucional en todo caso. Una operación que involucra derechos sobre 17 campos petroleros, decenas de miles de millones de barriles y compromisos proyectados hasta por un siglo debería estar sometida a estándares extraordinarios de transparencia, debida diligencia y escrutinio público. Por eso la pregunta fundamental es:

¿Qué procedimiento permitió seleccionar a NABEP para asumir una posición de semejante importancia estratégica; qué procesos de debida diligencia fueron realizados; qué valoración se hizo de los antecedentes judiciales y políticos conocidos; qué otras empresas fueron consideradas y cuáles fueron las razones económicas, técnicas y jurídicas que determinaron finalmente su escogencia?

Estas preguntas resultan todavía más necesarias cuando los propios actores que ayer formularon acusaciones contra Betancourt participan hoy del sistema político que valida su nueva posición. La transparencia no constituye un obstáculo para el acuerdo. Por el contrario, es una de las condiciones necesarias para conferirle credibilidad y permanencia. Porque si Venezuela pretende abandonar definitivamente una época en la cual grandes decisiones sobre los recursos públicos se realizaban mediante relaciones privilegiadas, opacidad institucional y discrecionalidad política, la reconstrucción no puede comenzar reproduciendo precisamente aquellas prácticas que se propone superar. Un nuevo modelo petrolero venezolano no debería pedirle a la sociedad que confíe en personas. Debería permitirle confiar en procedimientos, instituciones y leyes.

La coacción: una pregunta que no puede simplemente descartarse.

Existe además una cuestión particularmente delicada. El acuerdo no fue negociado dentro de circunstancias políticas normales. Se produce después de los acontecimientos del 3 de enero, la captura y remoción de Nicolás Maduro y el establecimiento posterior de una relación profundamente asimétrica entre Washington y las autoridades encabezadas por Delcy Rodríguez. Esto no demuestra jurídicamente que el consentimiento venezolano haya sido obtenido mediante coacción. Pero tampoco permite ignorar el contexto. La pregunta legítima es hasta qué punto puede hablarse de plena autonomía negociadora cuando una de las partes posee una capacidad extraordinariamente superior para condicionar la estabilidad política, económica e internacional de la otra.

Y esta interrogante acaba de adquirir una dimensión inesperada desde dentro del propio chavismo. Iris Varela, diputada del PSUV y figura histórica de ese movimiento, sostuvo públicamente que el acuerdo fue adoptado bajo “coacción” y planteó que podría ser revisado o revocado cuando desaparezcan las circunstancias que, según ella, lo hicieron posible. Su declaración no constituye prueba jurídica de coacción. Pero es políticamente significativa. Que una figura relevante del mismo sistema de poder del cual procede Delcy Rodríguez formule semejante acusación demuestra que la controversia sobre la libertad del consentimiento no puede reducirse a una objeción de la oposición venezolana.

Por eso sería irresponsable afirmar hoy, sin conocer documentos, conversaciones y condiciones de negociación, que el acuerdo fue jurídicamente impuesto. Pero sería igualmente ingenuo no preguntarse si fue negociado dentro de un entorno objetivamente coercitivo y profundamente asimétrico. Dados los hechos del 3 de enero y los interinos, haber quedado incursos en los mismos señalamientos por los cuales se activó la Operación Resolución Absoluta. Esa incertidumbre constituye, por sí misma, un riesgo para cualquier compromiso destinado a durar cien años.

Trump, el petróleo y las elecciones estadounidenses.

Existe otra dimensión que tampoco debe ignorarse, la política interna estadounidense. El presidente Trump presentó el convenio con un lenguaje extraordinariamente enfático: “the biggest oil deal in world history”. La Casa Blanca lo relacionó directamente con “American energy dominance”, suministro petrolero de bajo costo, empleos estadounidenses y reducción del precio de la gasolina. Nada de ello demuestra que el acuerdo haya sido concebido exclusivamente con propósitos electorales. Peeerooo…

Pero el momento político obliga a incorporar esa variable a cualquier análisis. Las elecciones legislativas estadounidenses se celebrarán el próximo 3 de noviembre. Trump ha anunciado que participará intensamente en la campaña republicana, mientras su partido defiende estrechas mayorías legislativas. Una encuesta Reuters/Ipsos publicada el 31 de agosto situó su aprobación en 33% y registró dificultades particularmente importantes alrededor del costo de vida.

Simultáneamente, los estadounidenses están enfrentando precios de gasolina excepcionalmente elevados. Reuters situó el promedio nacional para el fin de semana de Labor Day alrededor de $4,03 por galón, en medio de las presiones internacionales sobre el petróleo derivadas, entre otros factores, del conflicto con Irán. Ese contexto todo importa y todo vale.

Porque el lenguaje escogido por Trump transforma una operación jurídica, energética y geopolítica extraordinariamente compleja en un mensaje político inmediatamente comprensible; más petróleo, gasolina más barata, empleos estadounidenses y seguridad energética sin costo para el contribuyente. Ese mensaje posee una evidente utilidad electoral. No significa necesariamente que esa haya sido la razón por la cual se concibió el acuerdo. Significa que su presentación pública cumple simultáneamente una función de política exterior y una función de comunicación política interna.

Y allí surge una contradicción que merece especial atención. La urgencia electoral estadounidense es de meses; la recuperación petrolera venezolana es de años. La propia Casa Blanca sostiene que parte de la producción adicional comenzaría a llegar pronto al mercado estadounidense, pero los especialistas advierten que desarrollar volúmenes realmente importantes en campos venezolanos deteriorados o subexplotados exige inversiones, perforación, infraestructura y tiempo. Calderón Berti calcula años para obtener incrementos sustanciales.

Por ello cabe preguntarse también: ¿Qué parte de la promesa de menores precios de gasolina corresponde al impacto energético inmediato del acuerdo y qué parte pertenece a su narrativa política? No es una acusación, es una pregunta necesaria en democracia.

Rubio y una política venezolana que también está cambiando.

Marco Rubio ocupa una posición particularmente compleja. Como secretario de Estado representa y ejecuta la política exterior definida por el presidente. No corresponde atribuirle privadamente discrepancias que no haya expresado. Pero sí puede observarse que la política estadounidense hacia Venezuela está transitando hacia una secuencia diferente de prioridades.

La Casa Blanca la define expresamente como estabilización, reconstrucción y transición democrática. Según su argumentación, la recuperación económica constituye una condición previa para crear posteriormente las circunstancias necesarias para unas elecciones y una transición sostenible. Esa secuencia merece atención. Durante años, buena parte de la política estadounidense hacia Venezuela colocó la restitución democrática en el centro de la presión internacional. El modelo actual parece otorgar prioridad inmediata a estabilizar el país, reconstruir su capacidad económica y energética y avanzar posteriormente hacia la transición.

No podemos decir que es una diferencia semántica. Aquí tenemos una fuerte diferencia estratégica y la pregunta de los venezolanos es entonces inevitable: ¿La estabilización económica facilitará la democracia o terminará convirtiéndose en una razón para postergarla?

María Corina Machado ha colocado precisamente allí una parte esencial de su cuestionamiento al afirmar que solamente un gobierno serio y democrático puede ofrecer la estabilidad de largo plazo que requieren los inversionistas petroleros. Porque existe un peligro histórico conocido, confundir estabilidad con permanencia y de ello, estos personeros del régimen lo han convertido en constante estrategia.

Las objeciones formuladas por María Corina Machado parecen haber adquirido suficiente relevancia para coincidir con un renovado acercamiento desde Washington. En último momento de la revisión de este trabajo, leo que María Corina Machado fue llamada a conversar a Washington antes de regresar a Venezuela, tras su último pronunciamiento sobre este discutido acuerdo. Queda ver que los apuntes de sus palabras tengan la carga necesaria para responder interrogantes. No existe todavía confirmación pública de una reunión con el presidente Trump. Pero su eventual concreción sería políticamente significativa, indicaría que las interrogantes sobre legitimidad, transparencia y transición democrática no han quedado fuera de la conversación estratégica que Washington mantiene sobre el futuro venezolano.

Estados Unidos no es el adversario.

Nada de lo anterior debería conducir a una lectura antiestadounidense. Sería un error considerarlo así. Estados Unidos posee intereses nacionales legítimos en Venezuela; seguridad energética, estabilidad del Caribe, protección de cadenas de suministro, control de espacios estratégicos próximos a su territorio y reducción de la presencia de potencias rivales.

Venezuela posee también intereses nacionales legítimos: inversión, tecnología, mercados, infraestructura, recuperación productiva, reinserción financiera y seguridad. Esos intereses pueden converger. De hecho, la propia Casa Blanca vincula explícitamente el acuerdo con la reducción de la presencia rusa y china en sectores estratégicos venezolanos y con la construcción de cadenas de suministro hemisféricas más seguras. Allí aparece una oportunidad histórica.

Durante años Venezuela se convirtió en espacio de penetración y proyección para Cuba, Rusia, China e Irán. Una relación estratégica renovada con Estados Unidos podría contribuir a reinsertar al país dentro de una arquitectura de cooperación occidental y hemisférica. Pero una alianza de esa magnitud no debería construirse sobre dependencia y si debe construirse sobre reciprocidad.

No debería ser solamente una asociación para extraer hidrocarburos venezolanos y asegurar energía estadounidense. Debería convertirse en una relación estratégica integral que fortalezca simultáneamente la seguridad, prosperidad, institucionalidad y estabilidad democrática de ambos países y, con ello, del hemisferio.

Reconstruir Venezuela no es reconstruir solamente su industria petrolera.

Aquí se encuentra quizás el problema más profundo. ¿Qué significa realmente reconstruir Venezuela? Si reconstrucción significa aumentar producción, rehabilitar pozos, introducir capital extranjero y exportar nuevamente millones de barriles, habremos reconstruido una industria. No necesariamente habremos reconstruido una nación.

Venezuela ha sufrido durante más de dos décadas un proceso de deterioro que excede ampliamente al sector energético. Se destruyeron capacidades institucionales, se deterioró el sistema eléctrico, colapsaron servicios públicos, se debilitó la infraestructura, se redujo dramáticamente la capacidad productiva privada, millones de venezolanos abandonaron el país, profesionales, ingenieros, médicos, profesores, técnicos y trabajadores altamente especializados se dispersaron por el mundo, el sistema educativo perdió capacidades, el sistema sanitario sufrió enormes carencias. La administración pública fue progresivamente sustituida por estructuras partidistas, las instituciones militares y de seguridad fueron profundamente politizadas y la independencia institucional del Estado sufrió una erosión prolongada.

Por eso la reconstrucción venezolana debe concebirse como reconstrucción nacional integral. El petróleo puede financiar parte de ella, pero no puede sustituirla. Venezuela necesita recuperar simultáneamente Estado de derecho, independencia de poderes, profesionalización de la administración pública, infraestructura, electricidad, agua, transporte, telecomunicaciones, educación, salud, seguridad ciudadana, capacidad productiva, agricultura, industria, tecnología y capital humano. Necesita además recuperar a una diáspora profesional extraordinaria que hoy trabaja en Estados Unidos, Europa, Canadá, América Latina y Medio Oriente.

Calderón Berti ha señalado específicamente la necesidad de incorporar nuevamente a miles de profesionales petroleros venezolanos dispersos internacionalmente. Pero esa idea debe extenderse a toda la nación, donde la verdadera riqueza venezolana no está solamente bajo la tierra. También está caminando por Houston, Miami, Madrid, Bogotá, Santiago, Ciudad de México, Toronto y cientos de ciudades del mundo. Reconstruir Venezuela significa crear las condiciones para que ese conocimiento vuelva a participar en su futuro.

Del Estado petrolero a una nación productiva.

Venezuela debe además aprender de su propia historia. El objetivo no puede ser simplemente regresar a producir tres millones de barriles diarios. El país ya tuvo inmensos ingresos petroleros y, sin embargo, terminó institucionalmente devastado. El desafío del siglo XXI consiste en transformar la renta energética en capital humano y su mayor desarrollo, infraestructura, productividad, innovación y diversificación económica. Petróleo y gas, sí. Pero también agricultura, industria, turismo, minería responsable, tecnología, servicios, infraestructura logística, telecomunicaciones, inteligencia artificial, universidades, investigación y emprendimiento. La pregunta verdaderamente importante no es cuántos barriles producirá Venezuela, es para este caso: ¿Qué Venezuela producirá esos barriles y qué hará con la riqueza generada?

Si el petróleo vuelve simplemente a alimentar una estructura de poder, habremos cambiado administradores sin modificar el problema. Si, en cambio, sirve para reconstruir instituciones, financiar infraestructura, formar capital humano y crear una economía diversificada, entonces podrá convertirse finalmente en instrumento de desarrollo.

“In God We Trust”: una reflexión necesaria.

Hay finalmente una dimensión que ninguna ecuación energética debería relegar. Estados Unidos posee como lema nacional una expresión extraordinariamente sencilla y profunda: “In God We Trust”. Así está establecido en su propio Código federal. No pretendo utilizar esa expresión como reproche religioso ni convertir una discusión geopolítica en un argumento teológico. La utilizo como reflexión.

Si esa confianza en Dios expresa algo más que una tradición histórica, también invita a reflexionar sobre la dignidad del ser humano creado por Él. Los intereses nacionales son legítimos, la seguridad energética es legítima, la protección económica de los ciudadanos estadounidenses es legítima. La competencia estratégica frente a otras potencias también forma parte de las responsabilidades de cualquier Estado.

Pero ninguna política exterior debería olvidar a las personas sobre cuyas circunstancias se construyen esos intereses. Venezuela no son 303.000 millones de barriles. Ni son 65.000 millones de barriles, ni tampoco son 17 campos petroleros. No es solamente un territorio estratégico frente al Caribe. Venezuela son los venezolanos.

Una sociedad que durante años ha soportado autoritarismo, persecución política, cárcel, torturas, asesinatos, corrupción, pobreza, migración masiva y destrucción institucional. Por eso una relación verdaderamente estratégica entre Estados Unidos y Venezuela alcanzará su mayor legitimidad cuando el beneficio económico camine junto al restablecimiento de la libertad, la dignidad humana y las instituciones democráticas. Si realmente confiamos en Dios, la persona no debería convertirse en una variable secundaria frente al precio de un barril.

Un acuerdo que debe aspirar a sobrevivir cien años

No cuestiono que Venezuela pueda construir una alianza energética excepcional con Estados Unidos, lo promuevo con ahínco. Creo que debemos discutir exactamente lo contrario: cómo hacerla suficientemente legítima, transparente y beneficiosa para que pueda durar. Un acuerdo de cien años no puede depender de una elección estadounidense. No puede depender de un gobierno interino venezolano. No puede depender de una persona, una compañía o una administración.

Debe descansar sobre instituciones. Si el acuerdo es realmente favorable para ambos países, debe poder ser examinado, auditado, explicado, eventualmente ratificado por instituciones venezolanas legítimas y aceptado por futuros gobiernos sin que estos sientan que recibieron una obligación impuesta por circunstancias excepcionales.

Estados Unidos necesita seguridad energética de largo plazo. Venezuela necesita Libertad, Estado de Derecho para seguridad jurídica, reconstrucción y auténtica democracia. El hemisferio necesita estabilidad. Esas necesidades no son incompatibles. Pueden constituir los pilares de una de las asociaciones estratégicas más importantes del continente, pero para lograrlo debemos mirar más allá del petróleo. La cuestión histórica que tenemos delante no consiste solamente en determinar quién producirá esos 65.000 millones de barriles o quién tendrá preferencia para comprarlos.

La verdadera y ultima interrogante que haría es otra: ¿Estamos construyendo las bases para reconstruir Venezuela o solamente las condiciones para volver a extraer su petróleo?

Porque el petróleo puede reconstruir una industria y contribuir a financiar la recuperación de un país. Pero solo la libertad, la legitimidad, la justicia y la reinstitucionalización pueden reconstruir una República.

Gral. Brig. Ing. Antonio Rivero G.

M.Sc. (Estrategia)

Analista Político-Militar

X: @antonioriverog

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