La verdad es que si a un representante de la ONU lo amenazan públicamente con secuestrarle un hijo ¿qué le espera a cualquier ciudadano venezolano?
Jorge Rodríguez levantó un cartelón ante las cámaras con la foto de Gianluca Rampolla, coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas y coordinador humanitario en Venezuela, y dirigiéndose a él dijo: “¿te gustaría que te secuestraran uno de tus hijos? Di algo, Rampolla, tú tienes hijos, yo lo sé; ¿te gustaría que te quitaran uno de tus hijos?”
Si eso no es una amenaza ¿qué nombre le ponemos?
La descarada intimidación del presidente del parlamento del régimen contra Rampolla estuvo precedida por el epíteto de basura para Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que continuó con el posterior anuncio de la expulsión de la delegación de la ONU de nuestro país.
Obviamente a la dictadura le ha afectado el reciente informe del organismo internacional que registra la dura realidad de los derechos humanos en Venezuela.
Se trata de un documento inmancable expuesto con científica sobriedad cuya lectura revive el dolor del pueblo venezolano.
Esta nueva expulsión de la delegación (la anterior fue en febrero del año pasado, y había sido suavizada en noviembre) no puede borrar al registro documentado que deja expuesta a la dictadura como un régimen de facto con desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, criminalización de la disidencia, persecución y detención a defensores de derechos humanos, censura implacable, ausencia de derechos políticos, en fin, la realidad venezolana.
Con esa expulsión, la dictadura lejos de descalificar el informe acaba de colocar la lupa sobre la investigación que corrobora que la vida para los venezolanos es una tragedia cotidiana, donde no hay un solo servicio que funcione, no hay un derecho que la autoridad respete, y el ciudadano es violentado y perseguido sin recibir una mínima atención del Estado. Todo esto sin que la dictadura respete el orden constitucional, los principios del estado de derecho ni de los procedimientos democráticos.
El informe de la ONU desglosa por áreas la realidad venezolana. En tanto la salud, por ejemplo, el panorama es desolador. No hay medicamentos, ni equipos esenciales en los centros sanitarios públicos. Las esperanzas de vida se reducen dramáticamente; los estados más pobres están en total abandono, expuestos a las peores enfermedades, ejemplo claro, los pueblos indígenas.
La realidad de los venezolanos es que no tienen acceso ni a un trabajo decente, ni a un nivel de vida adecuado, en un contexto de servicios públicos deficientes con cortes eléctricos constantes y escasez del suministro de agua.
Específicamente sobre los servicios las cifras son dramáticas. Una muestra: entre mayo 2024 y enero 2025 el promedio de horas sin electricidad fue de 14,15 horas al día y el promedio de fallas fue de 47.812 por mes. “El alcance de las carencias y los recortes repercuten en el bienestar económico, físico y mental de las personas, afectando de forma desproporcionada a las personas de rentas más bajas”.
La realidad de la educación duele inmensamente: “la asistencia irregular en el nivel básico fue de 48 por ciento debido, entre otros factores, a la ausencia de profesores, la suspensión de clases y la falta de recursos económicos para el alumnado”.
Contra las universidades lo que hay es una conspiración para limitar el conocimiento, llegando a reducir su presupuesto a 4 por ciento de lo solicitado, sin hablar de la intimidación expresada en ataques y persecuciones contra alumnos y profesores, lo que prueba que la dictadura atenta decididamente contra la educación. A esto hay que sumarle la nueva decisión dirigida por los cubanos de intervenir el contenido de los programas de distintas carreras, anulando el debate y cercenando el libre pensamiento.
Es ineludible que el informe de la ONU registre las violaciones a los derechos humanos, ejecutadas en la criminalización y las detenciones arbitrarias que castigan a dirigentes de oposición, a periodistas a defensores de derechos humanos a trabajadores humanitarios.
El documento destaca la violencia de las redadas para apresar disidentes y de manera muy grave el aplastamiento a la protesta ciudadana en días posteriores a las elecciones del 28 de julio expresado en operativos violentos contra ciudadanos que pedían que se respetara el resultado electoral, siendo apresados, torturados y acusados de terrorismo, asociación para delinquir, incitación al odio y conspiración.
Y todos estos graves delitos han sido ejecutados bajo implacable censura, con clara limitación al espacio digital.
El informe destaca que las violaciones de derechos humanos en Venezuela no hacen distingos de ciudadanos nacionales y extranjeros, de sexo o edad, ni de actividades que por su importancia están protegidas por el derecho internacional. Tampoco importa si un ciudadano tiene alguna discapacidad o si está embarazada.
La dictadura se burla de las sentencias cumplidas y de las órdenes de excarcelación.
Cualquier ser humano puede ser torturado y morir en manos del Estado venezolano. El régimen activa distintos modos de ejecución contra ciudadanos inocentes o inermes, a quienes deja morir sin atender enfermedades que requieren urgente atención, al contrario, la dictadura prolonga el sufrimiento en los detenidos infligiendo distintos tipos de torturas que incitan al suicidio, o activan otros males.
El informe de la ONU destaca un aspecto delicado: que los centros de detención del Estado en el área metropolitana de Caracas han pasado a manos de la DGCIM, el organismo claramente encargado de la aplicación de torturas.
La verdad es que si a un representante de la ONU lo amenazan públicamente con secuestrarle un hijo ¿qué le espera a cualquier ciudadano venezolano?
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