Golpe judicial en Venezuela

Luego de 56 sentencias en contra de la Asamblea Nacional y del retiro paulatino de sus funciones, el desconocimiento de sus decisiones y de sus atribuciones constitucionales para legislar, el Poder Judicial decidió dar un paso más allá y llevar al terreno "legal" lo que de facto aplicaban. Es decir, desaparecer de un plumazo al Parlamento.

Las funciones de la Asamblea Nacional les fueron atribuidas por la Constitución y representa al pueblo de Venezuela, ya que es elegida a través del voto popular.

La Sala Constitucional, por el contrario, no representa al pueblo, pues no tiene origen en el voto. Por esto, la Sala no puede asumir una representación que no tiene. El TSJ está usurpando el poder que da el voto democrático. De ahí la magnitud de la gravedad de este hecho que ha sido repudiado por el mundo entero e incluso por la Fiscal General, vinculada con el chavismo por mucho tiempo.

Por si fuera poco, el Tribunal Supremo ha ido más allá le ha otorgado todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que considere, para dar contratos, para endeudar al país y para perseguir a los venezolanos. Es un golpe de Estado que no deja dudas, no hay disimulo, ni barniz legal que pueda ocultar que se trata de una medida fuera de la Constitución que supone un punto de quiebre entre democracia y dictadura.

Es hora de cerrar filas en favor de la democracia, no hay tiempo que perder y el papel de comunidad internacional es clave para presionar la restitución del hilo constitucional y el adelanto de una salida electoral en Venezuela.

El país vive una crisis humanitaria con una economía totalmente colapsada; insistir tozudamente en aislarse internacionalmente es profundizar los padecimientos del ciudadano venezolano.

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