Informe Otálvora: Trump establece modus vivendi con dictadura chavista

La expresión “protectorado” fue asomada inicialmente por la reputada consultora Beatrice Rangel en un artículo de principios de febrero, publicado en diversos portales del continente bajo el título de “El protectorado como eje del nuevo orden internacional”. Y con el pasar de los días, el concepto fue ganando peso explicativo y argumental incluso en espacios académicos. En la merideña Universidad de los Andes tuvo lugar a finales de febrero un evento convocado por el decanato de FACES-ULA en el cual expertos en derecho constitucional, Historia y Economía analizaron el futuro de Venezuela. Una de las interrogantes a ser debatidas por los expositores fue justamente “Venezuela, ¿hacia un protectorado o país libre y asociado?”.

Por su parte, el editor y agudo analista Rafael Poleo, en alguno de sus usuales textos en X, ha asomado la expresión de “puertorriqueñización” de Venezuela.

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Desde el chavismo histórico ha surgido una interpretación propia de lo que ocurre en Venezuela y en la cual reconoce haber sido desplazado del poder. “Hoy en Venezuela hay dos fuerzas principales que se disputan el poder. Ambas son fracciones de la burguesía: la tradicional representada por María Corina, y la otra, la burguesía emergente, o nuevos ricos representados por el Delcy-Madurismo traidor. Cada una de estas fuerzas posee su expresión civil y su expresión militar. Lamentablemente, en este momento, la opción revolucionaria está ausente en la disputa del poder en Venezuela: el Socialismo, el Chavismo auténtico, no aparece en la contienda (por ahora)”. El texto corresponde a un artículo firmado por el protochavista Toby Valderrama difundido en Internet el 03MAR26. Valderrama formó parte del partido dirigido por Douglas Bravo que captó al joven militar Hugo Chávez a finales de la década de los años setenta.

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El primer gobierno Trump no reconoció los resultados de las votaciones presidenciales del 20MAY18 en Venezuela y, en consecuencia, desconoció la proclamación de Nicolás Maduro para encabezar el gobierno que arrancaría el 10ENE19. En ese marco, EEUU reconoció el 23ENE19 a Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como “Presidente Interino de Venezuela”. El desconocimiento a Maduro, el reconocimiento a Guaidó y luego a la Asamblea Nacional como cabezas del Estado venezolano fue mantenida como política por el gobierno de Joe Biden. Incluso Biden reconoció oficialmente el 19NOV24 a Edmundo González Urrutia como “presidente electo” de Venezuela y lo recibió en la Casa Blanca el 06ENE25.

En el arranque del segundo gobierno Trump quedaron en evidencia los diferentes enfoques y grupos que procuraban imponer la línea y administrar la acción de EEUU hacia la dictadura venezolana. Justo un año atrás, el Informe Otálvora consultó al Departamento de Estado sobre la posición que el nuevo gobierno de EEUU tenía sobre el asunto. La respuesta recibida oficialmente “adjudicable a un vocero del Departamento de Estado” fechada el 07MAR25 fue: “Estados Unidos sigue reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como el gobierno de Venezuela”.

Después, el 29AGO25, el embajador Michael Kozak, en nombre del Departamento de Estado, remitió una carta a la Fiscal General Adjunta Brenna Jenny del Departamento de Justicia para su tramitación ante los tribunales respectivos. El destinatario del contenido era la Corte del Distrito Sur de Nueva York a propósito de un caso sobre bonos de deuda de PDVSA. Pero dada la pertinencia y carácter general del documento, copias del mismo fueron incorporadas en los expedientes de otros diversos casos. La carta de Kozak se presentaba como el “seguimiento” de una comunicación emitida el 16SEP20 por el entonces representante especial para Venezuela del primer gobierno Trump, Elliot Abrams. “Escribo ahora para actualizar la postura de reconocimiento del gobierno de EEUU respecto de Venezuela, a la luz de los acontecimientos ocurridos en el país”, decía Kozak en marzo de 2025 cuando se refería a que “el 28 de julio de 2024, más de doce millones de venezolanos acudieron a las urnas para participar en elecciones presidenciales (…) a pesar de la desinformación, amenazas y violencia, esos ciudadanos valientes votaron de manera abrumadora por el candidato opositor Edmundo González Urrutia”. Por lo cual “Maduro no representa al pueblo venezolano. Tal como explicamos en nuestra presentación previa al tribunal, desde el 23 de enero de 2019, EEUU no ha reconocido a Maduro ni a sus asociados como gobierno de Venezuela. La Asamblea Nacional elegida en 2015 fue y sigue siendo la única institución pública democráticamente elegida en el país. Aunque el liderazgo de esa Asamblea ha cambiado desde nuestra última comunicación, EEUU continúa reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como el gobierno de Venezuela”. Esa era la posición del gobierno Trump el 29AGO25.

Sólo siete meses después, el 11MAR26, tocó al propio embajador Kozak notificar al sistema de justicia de EEUU que el gobierno Trump había cambiado de opinión sobre a quién reconoce como representante de Venezuela. EEUU seguía sin reconocer a Maduro, pero había decidido reconocer a uno de sus “asociados”.

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La política de sanciones y licencias sobre empresas y altos jerarcas políticos venezolanos, diversos procesos judiciales en marcha y el reconocimiento de Juan Guaidó como cabeza del Estado venezolano en 2019 han creado una intrincada maraña legal en EEUU en cuanto a Venezuela.

El 03DNE26, a pocas horas de la operación de captura de Maduro, Donald Trump ofreció una rueda de prensa sobre los sucesos acontecidos en la madrugada y sobre sus planes para Venezuela. Interrogado sobre quién quedaría al frente del gobierno venezolano, Trump sacó a relucir a la vicepresidenta ejecutiva (designada, no electa) Delcy Rodríguez. Dijo Trump: “¿quién va a tomar el control? Quiero decir, no hay nadie que pueda tomar el control. Tienes una vicepresidenta que fue nombrada por Maduro. Y, en este momento, ella es la vicepresidenta. Y ella es, supongo, la presidenta”. Este comentario del 03ENE26 y las declaraciones de Trump en los siguientes días sobre “acuerdos” alcanzados por Marco Rubio con Rodríguez incluso sobre administración coordinada de recursos provenientes de la venta de petróleo, desataron acciones judiciales buscando respuesta a una pregunta aparentemente simple: ¿Quién a los efectos del gobierno de EEUU y, en consecuencia, para el sistema judicial de ese país, representa a la República Bolivariana de Venezuela?. El 12ENE26 la juez Sarah Netburn, quien preside la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ofició al Departamento de Justicia transmitiendo esa interrogante, alegando cuatro casos en los cuales la respuesta era pertinente y fijando el 11FEB26 como fecha máxima para la respuesta oficial. El gobierno Trump y el aparato estatal estadounidense no estaban preparados para dar una respuesta al interrogante del tribunal sobre un proceso que ostensiblemente estaban diseñando sobre la marcha.

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Además de las conversaciones a larga distancia de Marco Rubio y otros representantes del gobierno de EEUU con los jerarcas del régimen chavista, luego del 03ENE26 se registraron diversas visitas de altos funcionarios estadounidenses, el ingreso progresivo al país de personal de seguridad e inteligencia, así como la activación del personal local de la Embajada en Venezuela que permaneció en nómina a pesar de la suspensión de operaciones desde el 12MAR19. Según un informe del Inspector General del Departamento de Estado fechado en septiembre de 2025, el gobierno de EEUU mantuvo un total de 150 empleados locales en la nómina de la misión diplomática en Caracas pese a que la embajada estaba cerrada.

El 14ENE26 se produjo una primera conversación telefónica entre Trump y Rodríguez y al día siguiente el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una visita de horas a Caracas para un encuentro con Rodríguez. Ratcliffe habría sido acompañado por el embajador John McNamara quien para la fecha era aún el jefe de la misión diplomática de EEUU en Colombia y jefe de la “Venezuela Affairs Unit” VAU que operaba desde Bogotá. Las fotografías oficiales del encuentro fueron alteradas para no mostrar al acompañante de Ratcliffe.

Debido a que McNamara se jubilaría en breve y ante la necesidad de contar con una jefatura a tiempo completo en la VAU de Bogotá, el 22ENE26 fue designada la embajadora Laura Dogu como jefa de la misión para Venezuela. Después, el 31ENE26, Dogu llegó a Caracas sin aún haberse restablecido relaciones diplomáticas y, al parecer, sin la emisión de las usuales visas diplomáticas. EEUU había decidido reiniciar las funciones de su misión en Caracas para atender desde el terreno su plan de control de Venezuela.

Dogu se reunió en el Palacio de Miraflores con Rodríguez el 02FEB26 restableciendo de facto las relaciones oficiales entre el gobierno de EEUU y el régimen chavista.

Confirmando la normalidad reinante, el 08FEB26 Dogu publicó en X una fotografía que la mostraba a ella y su “equipo” (todos de espaldas) presenciando desde la sede diplomática en Caracas el Super Bowl 2026 que se disputaba en ese momento en Santa Clara, California. La imagen se repetiría el 17MAR26 cuando Dogu mostró la escena de ella y miembros de su equipo (esta vez con sus rostros visibles) viendo el partido de Venezuela versus EEUU en la final del Clásico Mundial de Béisbol. El modus vivendi de EEUU con la dictadura venezolana permite momentos de solaz a los diplomáticos estadounidenses.

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El 11-12FEB26 visitó Caracas el secretario de Energía Chris Wright para ratificar la deriva petrolera que Trump había impuesto en su política hacia Venezuela. El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, fue a Caracas el 18FEB26 con una visita a Rodríguez y reuniones con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y con el alto jerarca chavista y ministro del Interior, Diosdado Cabello. El 04-05MAR26 tocó el turno en Caracas al Secretario del Interior y zar energético Doug Burgum quien realizó visitas a zonas de producción petrolera a manos de la empresa Chevron, apadrinó junto a Rodríguez la firma de un contrato que involucraba a la petrolera Shell y habría cerrado un negocio para la venta de oro por parte del régimen a la intermediaria Trafigura el cual fue autorizado en cuestión de horas mediante una licencia del Departamento del Tesoro.

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El 05MAR26, el Departamento de Estado difundió una nota en la cual dejó saber que “EEUU y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares”. Anticipando el contenido de lo que sería la posición legal que se remitiría a los tribunales del país, Trump dijo durante una reunión con mandatarios latinoamericanos en Doral, Florida, el sábado 07MAR26, que le complacía informar que “esta semana hemos formalmente reconocido al gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente”.

Tras dos solicitudes de prórroga autorizadas por el tribunal de Nueva York, el 10MAR26 finalmente el gobierno Trump emitió su nueva posición sobre Venezuela. Ese día el embajador Kozak en nombre del Departamento de Estado envió al Fiscal federal del Sur de Nueva York, Jay Clayton, la posición oficial, la cual, a su vez, fue convertida por Clayton en una comunicación dirigida a la jueza Netburn fechada el 11MAR26.

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La comunicación de Kozak al fiscal Clayton hace una primera precisión: “desde el 23ENE19, EEUU no ha reconocido a Maduro como Jefe de Estado de Venezuela, y ese no reconocimiento continúa hasta el presente”. Con esta declaración, el gobierno Trump se propone abortar cualquier intento de Maduro para alegar condición de “Jefe de Estado” y solicitar eventuales inmunidades ante el tribunal que lo juzga.

Después, justificándola como una medida para “facilitar” una “transición pacífica hacia un gobierno democráticamente elegido”, el embajador Kozak anuncia que “EEUU está reconociendo a Delcy Rodríguez como la única Jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela”. En consecuencia, Trump dejó de reconocer a la “Asamblea Nacional electa en 2015” como “gobierno de Venezuela”.

El reconocimiento a Rodríguez está condicionado y según Kozak, su gobierno continúa “examinando cuidadosamente las transacciones con las autoridades interinas” y seguirá “utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y otras herramientas disponibles”. El reconocimiento sigue en todo caso condicionado al cuerpo de órdenes ejecutivas, sanciones y licencias que el Ejecutivo estadounidense ha emitido desde que el gobierno Obama, el 08MAR15, declarara a Venezuela como una “inusual y extraordinaria amenaza” y ese reconocimiento está condicionado también a los términos de diversos procesos judiciales en curso. Y lo fundamental, ese “reconocimiento” está condicionado a la continuidad del “modus vivendi” acordado por el gobierno Trump con los jerarcas del chavismo y, al final, a las idas y venidas de la política interna de EEUU.

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Asuntos como la designación por Rodríguez de juntas directivas de empresas estatales radicadas en EEUU (como la emblemática Citgo) pasan, entonces, por depender de la opinión favorable del gobierno Trump expresada probablemente en forma de una licencia del Departamento del Tesoro y, además, de una autorización del tribunal que mantenga la respectiva empresa bajo su control.

El gobierno Trump se abstuvo de manifestarse expresamente sobre a quién corresponde la designación de representantes legales de Venezuela en los procesos judiciales que cursan en tribunales de EEUU en los que está involucrada la República de Venezuela. La carta del fiscal Clayton a la juez Netburn afirma que “EEUU respetuosamente se abstiene de opinar sobre la disputa pendiente respecto a “cuáles abogados están autorizados para representar a ciertas entidades estatales venezolanas” aunque el gobierno “deja abierta la posibilidad de una presentación futura, si resulta apropiado, en una etapa posterior del litigio”.

Dado que la declaración del reconocimiento a Rodríguez surgió como la respuesta a un tribunal en referencia a procesos judiciales, el tema ha sido objeto de múltiples interpretaciones por abogados que siguen estos asuntos y relativizan el alcance del pronunciamiento. Pero lo cierto es que a los efectos de EEUU, de su poder Ejecutivo y sus tribunales, la vicepresidenta Ejecutiva designada por Maduro y alta jerarca de la dictadura venezolana es “Jefe de Estado” y la única representante aceptada por Washington.

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El 09ENE26, seis días después de la operación militar de EEUU en Caracas, Trump emitió la Orden Ejecutiva 14373, la cual es un punto clave en el modus vivendi establecido entre EEUU y el régimen chavista.

Mediante esa Orden, Trump creó un fondo administrado por el Departamento del Tesoro y dirigido por el Secretario de Estado “en nombre del Gobierno de Venezuela” denominado “Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero”. Ese fondo está alimentado por pagos recibidos por el gobierno de EEUU que se “derivan de la venta de recursos naturales [por el régimen venezolano] o de la venta de diluyentes al gobierno de Venezuela”. La Orden Ejecutiva estableció que los fondos constituyen “propiedad del Gobierno de Venezuela y no constituyen propiedad de ninguna parte privada, incluidos los acreedores judiciales de Venezuela”, por lo cual los fondos no son objeto de embargo por acreedores. No existen textos oficiales públicos sobre el esquema para la administración de este fondo, pero el 28ENE26, ante un comité del Senado de EEUU, Marco Rubio informó que la dictadura venezolana le presentaría mensualmente “un presupuesto” de gastos a partir del cual el secretario de Estado dispondría el envío de recursos.

El esquema se completa con la emisión de diversas licencias generales y algunas de carácter particular (privadas) mediante las cuales el gobierno Trump, sin dejar sin efecto las sanciones, ha ido liberando el espacio para que el régimen chavista regrese al mercado petrolero y minero. Las reglas establecidas en licencias emitidas y revisadas por la OFAC a partir del 03ENE26 señalan que el gobierno de EEUU selecciona las empresas mayoristas que comprarán crudo y derivados, así como oro o fertilizantes procedentes del régimen venezolano. EEUU indicará y autorizará expresamente las empresas que podrán operar en el sector petrolero o minero en Venezuela, los clientes aceptables para las exportaciones venezolanas, las áreas de operaciones admitidas. Según lo afirmó Trump, las ganancias de la venta de recursos venezolanos se dividirán entre las empresas productoras, el gobierno de EEUU y la dictadura venezolana. Se desconocen los términos exactos de esta ecuación. Las ganancias destinadas al régimen venezolano serán acumuladas en el fondo dirigido por Rubio. Es la concreción contable de lo que Beatrice Rangel ha denominado como un “protectorado”.

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