Un grupo de 40 extrabajadores de la Exxon Mobil iniciaron esta semana una huelga de hambre frente al Banco Central de Venezuela, a poca distancia del Palacio de Miraflores. Para el momento de escribir esta nota solo se mantenían en la protesta 33 de ellos. Los otros habían desistido ante la evidente indiferencia de las autoridades a quienes no les importa que ellos mueran. Los extrabajadores provienen de los estados Guárico, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre. Exigen el pago de pasivos laborales que les adeudan desde 1997 hasta 2007.

El trato de la dictadura a estos venezolanos es similar al que Maduro aplica al resto del país. La imagen simboliza con rudeza al pueblo venezolano. Sobre cartones deshechos sus cuerpos se van secando entre la pasividad y la ausencia de alimentos; algunos apelan a la basura para encontrar energía. Lo peor de esta dramática circunstancia es escucharlos invocar al bocazas de Hugo Chávez, a quien salvan de la responsabilidad de esta tragedia. Incluso tienen fotos de él, en este boceto de indigencia y ausencia de Estado.

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Veo esas imágenes y vuelvo a preguntarme si todavía falta para tocar fondo.

El pasado 23 de febrero el mundo nos vio cómo un país agonizante a quien una dictadura, además de impedir el acceso de la ayuda humanitaria, se encargó de reprimir, perseguir, encarcelar y hasta asesinar a quienes la solicitaban.

Más de tres meses después, como era de esperarse, la situación se ha agravado. El último informe de las Naciones Unidas indica que 7 millones de personas requieren ayuda humanitaria y 6,7 millones de venezolanos están bajo inseguridad alimentaria y riesgo nutricional ante la imposibilidad de adquirir alimentos por los altos costos de los mismos y el poco o ningún ingreso. Y sigan contando.

Estas cifras tan gruesas han sido el argumento inicial para que la Asamblea Nacional haya aprobado un acuerdo que alerta sobre el riesgo de una posible catástrofe humanitaria en Venezuela. Este llamado debería activar las alarmas en los gobiernos democráticos del mundo, en los organismos y agencias multilaterales, en las Iglesia, las Organizaciones No Gubernamentales y todo ser vinculado a supervisar y colaborar en cuanta acción humanitaria se requiere.

Se dice fácil, pero esto significa el peor momento de nuestra historia. La catástrofe es una etapa superior a la emergencia humanitaria. Es letal, es masiva es irrefrenable. Es ¡sálvese quien pueda! Y no solo se trata de una precisión de términos. Considerarnos en situación de catástrofe es un alarido a la comunidad internacional sobre el estallido de una tragedia cuyos efectos repercutirán necesariamente a la región. Bajo las proyecciones, el éxodo podrá duplicarse. No hay país vecino que resista esto sin graves consecuencias. Y en este sentido es comprensible que Colombia y Brasil terminen tan involucrados en la situación venezolana. Ellos en lo interno tampoco la llevan fácil. Pero los dos han reconocido al presidente interino Juan Guaidó y han sido enfáticos al propugnar una alternativa democrática por la vía electoral junto a la salida del usurpador Nicolás Maduro.

Más recientemente se especuló sobre la posición del presidente de Brasil Jair Bolsonaro y el posible diferimiento de la entrega de cartas credenciales por parte de la embajadora designada María Teresa Belandria. El asunto quedó zanjado al cumplirse el proceso el pasado 4 de junio. Del resto, queda claro que todos los gobiernos tienen su calvario y parece que el de Bolsonaro lleva una cuota pesada en su relación con los militares. Y es justamente en Brasil donde el general Manuel Antonio Barroso, expresidente de Cadivi durante casi siete años, se desempeña como agregado militar. Barroso, que aún no ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sido señalado por el otorgamiento de dólares preferenciales a empresas maletín y por ser operador financiero de Diosdado Cabello. En Brasilia mantiene a la delegación diplomática de 11 miembros –a algunos los aloja en la residencia- a pesar de que la embajada no tiene ingresos desde octubre pasado.

En todo caso, una catástrofe amerita una intervención y el cese de la usurpación. No hemos podido confrontar la emergencia humanitaria compleja porque en el poder está Maduro que para mayor descaro, pretende escudar su responsabilidad con las sanciones impuestas recientemente. Jamás podremos salir de una catástrofe mientras él continúe allí. Ya no se trata de paliativos. Urgen acciones que solo con la comunidad internacional y con un gobierno responsable podrían ser ejecutadas.

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