No se necesitan muchas palabras para registrar la ferocidad con que el régimen intenta callar a los periodistas en Venezuela. Basta describir el estado en que se encuentra Ramón de Jesús Centeno Navas, el comunicador preso más antiguo de la dictadura. Ramón fue detenido el 2 de febrero de 2022 por entrevistar a un narcodiputado que había sido apresado en un operativo antidrogas. Después de la entrevista un accidente automovilístico lo llevó a quirófano con fracturas muy graves de cadera y fémur. Luego de eso fue acusado de tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación para delinquir. Cuando fue llevado a declarar sus verdugos lo obligaron a estar todo el tiempo de pie. De nada sirvió su llanto de dolor. Su cadera y sus piernas quedaron destruidas. Ramón ya no camina, sufre de hipertensión e infecciones y presenta un grado depresivo severo. Nunca pudo publicar la entrevista.
La obsesión del régimen para callarnos
Los periodistas y trabajadores de la comunicación detenidos son víctimas de prolongado sufrimiento, mientras los medios oficiales vilipendian y se burlan del inocente en prisión a quien acusan de los peores delitos
Los operativos de las detenciones, así como la saña con la que los colegas son inculpados, procesados y torturados, obliga a concluir que la decisión del régimen es aplastar cualquier intento de difundir la verdad y a quienes lo intenten.
Quien se atreva a romper el silencio es perseguido y terminará en prisión en la clásica demostración de terrorismo.
Los periodistas y trabajadores de la comunicación detenidos son víctimas de prolongado sufrimiento, mientras los medios oficiales vilipendian y se burlan del inocente en prisión a quien acusan de los peores delitos.
Las detenciones y los traslados de los comunicadores a los centros de reclusión se producen a espaldas de familiares, amigos y abogados. No importa el estado de salud del detenido. Pueden transcurrir días, semanas sin que la persona objeto del castigo reciba atención médica o asistencia jurídica como establece la ley.
Muchas veces es Diosdado Cabello quien desde su programa se burla de la indefensión de profesionales de la información a quienes adjudica absurdos y tenebrosos delitos y anuncia sus sentencias. Cabello lo hace en su programa de televisión, al que adulantes o ignorantes premiaron el Día del Periodista.
Los mensajes de la dictadura son para obligar al silencio y para presionar que se difundan mentiras. Pero el régimen tiene algunos problemas para lograrlo: las redes sociales y la iniciativa de comunicadores voluntarios que aún sin formación académica para ejercer el periodismo se convierten en multiplicadores de verdades al registrar imágenes desde sus teléfonos que muestran hechos irrebatibles.
Son recursos a los que apela la sociedad cuando 20 periodistas o trabajadores de la comunicación están presos, algunos de ellos como Ramón, con una salud agonizante; cuando también más de 400 medios de comunicación han sido cerrados y todo aquel que difunda una verdad por cualquier vía es vulnerable de secuestro y detención acusado de delitos tan terribles como terrorismo o incitación al odio. Más de dos mil periodistas nos hemos visto obligados a salir del país, lo que al menos nos permite difundir la verdad de lo que ocurre en Venezuela.
Las detenciones en nuestro país son selectivas. La violencia va también contra comunicadores de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, miembros de partidos políticos como Vente Venezuela o Voluntad Popular y en general cercanos a María Corina Machado, líderes sociales o dirigentes de grupos ciudadanos activos en política, así como reporteros cuya cobertura informativa ha pisado un callo de algún miembro de la élite del régimen y sus intereses. En realidad, todos estamos en peligro.
No hay límites para castigar el atrevimiento a defender la libertad. La muestra más reciente fue el asalto que movilizó a las dos de la madrugada a más de 20 efectivos que operaron encapuchados y se trasladaron en unos 18 vehículos entre motos y carros, a la avenida Andrés Bello donde funcionan las sedes del Colegio Nacional de periodistas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Círculo de Reporteros Gráficos; allí, sometieron al vigilante del edificio para luego destruir el cerco eléctrico de seguridad y extender una escalera para desmontar torpemente una gigantografía que identificaba a los 20 periodistas y trabajadores de medios de comunicación que están en prisión. La pancarta tenía menos de 48 horas de desplegada.
El vandalismo fue un acto más de las muchas acciones violentas del régimen que no cesa la persecución contra los comunicadores. Oficialmente por lo menos 40 colegas están perseguidos o amenazados, pero hoy todo aquel que defienda o difunda la verdad incluso de manera privada está en peligro.
Sin embargo, el periodismo resiste. La dictadura puede ser burlada. Nuestro compromiso con la verdad nos obliga a seguir, hasta el final.
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