La “diplomacia de los dólares” fue el término aplicado a la política exterior del presidente William Howard Taft (1909–1913), con el que buscaba la estabilidad financiera de América Latina y Asia oriental, al mismo tiempo que expandía los intereses corporativos del país en esas regiones. O como dijo Taft en su discurso del Estado de la Unión en 1912, “sustituir balas por dólares”.
Los objetivos de política exterior de Estados Unidos han sido variados, pero generalmente relacionados con la búsqueda de un mundo más democrático, seguro y próspero en beneficio de los intereses estadounidenses y la comunidad internacional. Una propuesta que tiene un valor unificador, ya que ninguno de los poderes establecidos podría argumentar algo en contra.
Era común decir que, en materia de política internacional, no había grandes desacuerdos partidistas entre poderes en Estados Unidos.
Obviamente, cada rama tiene sus competencias y cada presidente ha tenido su doctrina, aunque en política exterior, entre el Congreso y el Ejecutivo, se ha dado pie para el debate sobre el papel de cada uno, y con el pasar de los años, luego de que Estados Unidos asumió el papel de líder mundial, las competencias del Presidente aumentaron en su calidad de Comandante en jefe.
Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores, consideraba, por ejemplo, que el Presidente debía tener potestad única e ilimitada en política extranjera. En cambio para James Madison Jr esa autoridad primordial debe estar en manos del Congreso.
En fin, un recurrente juego de tira y afloja entre el Presidente y el Congreso que no es producto de la Constitución, sino un objetivo en sí mismo, según Jonathan Masters, del Consejo de Relaciones Internacionales.
Por ello es el bien habido sistema de pesos y contrapesos que limita los alcances de poder, entre poderes.
Ahora, una vez más, el sistema se pone a prueba con la posibilidad de hacer un juicio político al presidente Donald Trump, específicamente por un tema relacionado con política exterior que tendría un impacto nacional, del que nadie está a salvo.
Los tres comités controlados por la Cámara de Representantes, que analizan si hay evidencias suficientes para iniciar el proceso de destitución presidencial, se han centrado no solo en Trump sino también en su secretario de Estado, Mike Pompeo, por la controvertida conversación telefónica que presenció entre el mandatario estadounidense y el nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, cuando en julio pasado Trump pidió que investigara al candidato presidencial y principal rival demócrata, Joe Biden, y a su hijo Hunter.
Hasta ahora, Pompeo había logrado mantenerse al margen de la controversia.
Sin embargo, la semana pasada el secretario de Estado admitió que había sido uno de los que escuchaba el diálogo entre los dos presidentes, sin hacer referencia a la parte en la que Trump le pidió a Zelensky el favor.
Tampoco habló sobre la acusación de que la llamada telefónica estaba relacionada con la suspensión de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania.
En otras palabras, un “quid pro quo” que de ser cierto involucraría la intromisión de un Gobierno extranjero en asuntos nacionales con la venia del mandatario.
Los demócratas acusan a Trump de extorsionar a Zelensky con perder millones de dólares en ayuda militar, sino investiga a los Biden.
La administración por su parte alega que, cuando Biden fue vicepresidente, instó al entonces Gobierno ucraniano a despedir al fiscal que investigaba la corrupción en el país, por unas acusaciones contra la compañía en la que Hunter Biden era director, o sea tráfico de influencias.
Hasta que se reveló el “gate” ucraniano con la consiguiente investigación por juicio político, ordenado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Pompeo era considerado como el miembro más poderoso de la actual administración.
Trump por su parte ha insistido en que no hizo nada malo y que todo fue parte de su esfuerzo por combatir la corrupción.
Para reforzar su posición, aparentemente el Presidente pidió a China que investigue a Biden señalando que Pekín había invertido 1.500 millones de dólares en un fondo estadounidense en el que Hunter Biden resultó favorecido, después de un viaje a la nación asiática en 2013, cuando su padre era vicepresidente con Barack Obama en la presidencia.
Mientras el país se prepara para una intensa campaña electoral, las dudas y la desconfianza salpican tanto a los demócratas como a los republicanos, sobre sus verdaderas intenciones: ¿Bien común o interés personal?
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