Los odiadores defienden su ley

Me refiero a la normativa usada tanto por Nicolás Maduro como por Delcy Rodríguez, quienes han contado con la apasionada defensa de Cabello, quien considera esa ley “una necesidad indispensable para frenar mucho desvarío”.

Encarnado en el represor del interinato, Diosdado apunta no solo al castigo de la protesta política; su obsesión mayor es callar toda expresión de protesta en un escenario de libertad que escape de sus manos y cuya penetración él envidia: las redes sociales.

La Ley contra el odio nació como respuesta represiva a las protestas de 2017, y hoy, miembros del oficialismo defienden su existencia a pesar de evidencias que prueban que su aplicación ha sido instrumento de graves violaciones a los derechos humanos.

Pero ahora el Rodrigato tutelado está bajo presión y la ley contra el odio se ha vuelto costosa para sus cabezas. Por eso, atemorizados ante la presión de considerar su derogación, plantean la necesidad de que solamente sea revisada. Y no lo proponen por un descubrimiento tardío de graves torturas —que ellos han cohonestado—. No, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez lo hacen acusando el golpe de la presión de los Estados Unidos cuyos jefes conocen abusos ampliamente documentados desde hace 9 años por Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, y ONG´s, entre ellas el Foro Penal, cuyo presidente Alfredo Romero alertó que “el andamiaje jurídico de la represión política sigue intacto en el país”.

Ahora el debate en el Rodrigato se centra en cómo mantener al pueblo venezolano contenido, atemorizado y controlado, tal como ha venido sucediendo hasta ahora. Ellos saben que la fuerza de la calle es imposible de contener —menos aún con la llegada de María Corina Machado— y se sienten urgidos de un instrumento que con apariencia legal les permita seguir utilizando la violencia contra los ciudadanos.

De ahí la blanda y disfrazada disposición de oponerse a dicho instrumento jurídico. Y por eso el Rodrigato evade sumarse directamente a los ataques a la ley, prefiriendo advertir que cree en sus principios, admitiendo que excepcionalmente ha habido uso abusivo y proponiendo ciertas limitaciones que la suavicen, como penalizar determinadas conductas.

Así, el Rodrigato intenta limpiar sus manos manchadas de la sangre de los venezolanos solo por el interés de reducir el costo internacional de uno de los símbolos jurídicos más visibles de la represión.

Intentan entonces una alternativa estratégica: conservar el instrumento astutamente maquillado en una reforma, para efectos de la evaluación internacional.

Por eso Delcy Rodríguez propone apenas una reforma parcial. De esta manera, valida el principio de la ley trasladando su mala aplicación al pasado, y a la culpa de algunos funcionarios que en lugar de ser castigados serán debidamente protegidos.

Y es que los violadores de los derechos humanos en Venezuela han contado desde hace mucho, con el aplauso y la protección. Así ha sido desde las primeras protestas de calle cuando se fue engrasando un sistema dentro de los poderes públicos que han sido estratégicamente poblados de corruptos e inmorales. Así, fiscales, jueces, policías, diputados, militares y civiles, constituyeron una maquinaria que con impunidad aún se aferra al poder y protege a quienes tienen el control del Ejecutivo.

Un sistema creador de monstruos como Alexander Granko, el mejor símbolo documentado del torturador protegido y premiado cuyos crímenes son tomados como una gesta que ha sido engrosada con muertos, víctimas de sus torturas.

Habría que recordar el caso de Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta que llegó al tribunal -que le acusaba de conspirador-, en silla de ruedas. Era 28 de junio de 2019. El militar no podía mover ni manos ni pies, y apenas logró susurrar que había sido torturado en la DGCIM; y si bien se ordenó su traslado con urgencia, llegó al hospital militar sin signos vitales. Su caso constituye uno de los expedientes más sólidos que demuestra la conspiración de organismos militares y civiles, contra la vida de detenidos por el régimen.

El cuerpo de Rafael Acosta Arévalo tenía decenas de lesiones externas e internas compatibles con golpes severos, suspensión y electricidad. El registro de la autopsia lo dice todo: politraumatismo generalizado, con rabdomiólisis -descomposición grave del tejido muscular-, tromboembolismo pulmonar, insuficiencia respiratoria aguda y edema cerebral severo. En términos simples: su organismo colapsó después de sufrir múltiples traumatismos graves.

Exactamente un año y tres días después, el 1 de julio de 2020, Alexander Granko Arteaga fue ascendido a teniente coronel y nombrado jefe de Asuntos Especiales de la DGCIM, a pesar de haber sido sancionado por Estados Unidos.

Y después, el 29 de junio de 2024, un día después que se habían cumplido cinco años de la muerte de Acosta Arévalo, el torturador Granko fue ascendido a coronel, con la posterior condecoración de parte de Maduro con la Orden Bicentenario de la Victoria de Ayacucho.

El espacio se hace corto para mencionar los fabulosos botines que le han permitido a Granko ser poseedor de una fortuna expresada en bienes muebles e inmuebles arrebatados a procesados inocentes, o simplemente tomados por asalto a cualquier venezolano.

Por eso hay que ser firmes en presionar para que la ley contra el odio sea derogada.

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