Venezuela: 25 años negociando el poder, sin negociar la República

Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela ha vivido una sucesión de confrontaciones, negociaciones, acuerdos parciales y rupturas, situaciones rodeadas de atropellos y vejaciones a los derechos de las personas. Cada proceso generó expectativas nacionales e internacionales; cada mesa se presentó como una oportunidad de estabilidad; y cada fracaso dejó una sociedad más escéptica. No porque haya perdido la esperanza en la democracia, sino porque ha visto cómo las soluciones anunciadas no transformaron su realidad.

La pregunta que acompaña esta nueva etapa no debería ser únicamente qué acuerdos pueden alcanzar los actores políticos, sino una más profunda: ¿qué es exactamente lo que Venezuela necesita negociar?

Durante 25 años, la mayor parte de los esfuerzos se concentró en la disputa por el poder: quién participa, quién reconoce a quién, cuáles son las condiciones electorales y qué mecanismos permiten la convivencia entre quienes gobiernan y quienes aspiran a gobernar. Peor aún, parte de la disputa sigue siendo quiénes son los verdaderos opositores, dadas las luchas internas dentro de la oposición, situación que ha favorecido el mantenimiento del poder durante dos décadas de un régimen que ha causado daños terribles a la nación.

La experiencia venezolana demuestra que una democracia no se sostiene únicamente sobre elecciones. Se sostiene sobre instituciones capaces de garantizar derechos, limitar el ejercicio del poder y generar confianza en los ciudadanos. Esa es la verdadera deuda pendiente de Venezuela: pasar de una negociación sobre el poder a una negociación sobre la reconstrucción de la República.

El paro petrolero: el nacimiento de la desconfianza

La primera gran negociación del siglo XXI venezolano llegó tras los sucesos de abril de 2002 y el paro petrolero que paralizó la economía entre diciembre de ese año y febrero de 2003. La Mesa de Negociación y Acuerdos, facilitada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), canalizó la disputa hacia el referéndum revocatorio presidencial de 2004. La consulta evitó una ruptura institucional mayor, pero dejó abierta una herida duradera: la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones electorales.

Aunque los observadores internacionales reconocieron el proceso, sectores políticos mantuvieron cuestionamientos sobre las condiciones en que se desarrolló. Hoy existen pruebas de las irregularidades de aquel proceso, que terminó siendo una burla al sentir de la gente. El país quedó marcado por una conclusión que se repetiría después: una elección puede resolver una controversia inmediata, pero no necesariamente cierra una crisis institucional profunda.

El Vaticano, Santo Domingo, Oslo, Barbados y México: la negociación permanente de una crisis permanente

Los procesos que siguieron —la mediación del Vaticano en 2016, las conversaciones de Santo Domingo en 2017 y 2018, y los posteriores procesos de Oslo, Barbados y México— mantuvieron una lógica similar. Cada iniciativa estuvo acompañada de expectativas e importantes esfuerzos internacionales. Hubo avances parciales, acuerdos relevantes y momentos en los que pareció posible una salida negociada. Todos, sin embargo, enfrentaron una dificultad común: la distancia entre los compromisos políticos alcanzados y la existencia de instituciones capaces de garantizar su cumplimiento.

Las conversaciones se concentraron principalmente en aspectos electorales y políticos: condiciones para competir, reconocimiento de actores, garantías para los participantes y mecanismos para una eventual transición. Mientras tanto, la crisis venezolana había adquirido una dimensión mucho más profunda. No era solamente una disputa entre grupos políticos; era una crisis del Estado, de sus instituciones y de la confianza ciudadana.

Mientras las mesas discutían los mecanismos del poder, millones de venezolanos enfrentaban las consecuencias concretas de la crisis: deterioro económico, pérdida de oportunidades, separación familiar y una migración histórica que transformó la realidad social del país. La sociedad comenzó a percibir una distancia cada vez mayor entre la agenda de las negociaciones y sus propios problemas cotidianos.

La negociación pendiente: reconstruir la República

Después de 25 años de experiencias acumuladas, la principal enseñanza es clara: Venezuela no necesita únicamente una negociación electoral. Necesita una negociación orientada a la transición institucional.

Las elecciones son indispensables, pero no constituyen por sí solas una democracia. Una transición democrática implica reconstruir las instituciones que permiten que el poder sea limitado por la ley y que los ciudadanos tengan garantías frente al Estado. Eso supone recuperar la independencia judicial, garantizar la separación de poderes, fortalecer instituciones electorales confiables, restablecer la seguridad jurídica y crear condiciones para que millones de venezolanos puedan regresar al país con libertad y seguridad.

También implica resolver una de las heridas más profundas de la crisis: la persecución política. Las liberaciones de presos políticos obtenidas mediante algunos procesos de negociación han representado un alivio para muchas familias. Pero funcionan como una puerta giratoria: salen presos y entran más presos. Una democracia no puede depender de negociaciones periódicas para corregir lo que las instituciones deberían impedir. El objetivo de una transición no es únicamente liberar a quienes han sido perseguidos. Es construir instituciones que impidan que la persecución vuelva a repetirse. Es, en última instancia, una cuestión de justicia.

La nueva mesa: una oportunidad histórica… y un riesgo de repetición

La nueva mesa enfrenta una sociedad diferente a la que participó en los primeros procesos de diálogo. Es una sociedad marcada por el cansancio, la migración, la pérdida de confianza y la exigencia de resultados concretos. La participación más activa de Estados Unidos como actor internacional introduce un elemento distinto respecto de experiencias anteriores y puede contribuir a generar incentivos para acuerdos verificables.

Sin embargo, hay un problema de fondo que no puede ignorarse. Cada mesa de diálogo ha estado centrada, en buena medida, en la lucha de sus actores por mantenerse reconocidos entre sí. La realidad es que, una y otra vez, se sientan prácticamente los mismos: los mismos del régimen y los mismos de la oposición, igualmente dividida. En eso no hay ninguna novedad.

Y hay un problema estructural aún más grave: la sociedad no está en la mesa. Ni sus problemas ni sus representantes verdaderos. Las negociaciones han sido, en esencia, un diálogo entre élites políticas que se legitiman entre sí, mientras el país real permanece ausente. Esa ausencia explica, en gran medida, por qué la desconfianza se ha convertido en un rasgo permanente de la relación entre los ciudadanos y la política.

La frustración ciudadana es real y legítima. Ninguna de las negociaciones hasta ahora ha buscado, de manera prioritaria, resolver los problemas reales de la gente. Mientras los actores políticos discuten condiciones de reconocimiento mutuo y reglas de competencia, la sociedad sigue siendo atropellada en sus derechos más elementales: el derecho a una vida digna, a la seguridad, a la salud, a la educación, a la propiedad y a la esperanza de un futuro en su propio país.

Ningún actor externo puede sustituir la tarea fundamental: recuperar la confianza de los venezolanos en sus propias instituciones. Esa confianza no se reconstruirá con declaraciones ni con promesas. Se reconstruirá con hechos. Y esos hechos solo serán creíbles si la mesa deja de ser un espacio exclusivo de reconocimiento entre adversarios y se convierte en un instrumento real de reconstrucción institucional al servicio de la gente.

La nueva mesa no será evaluada por sus fotografías ni por la cantidad de reuniones que celebre. Será evaluada por su capacidad para responder a los problemas reales de los ciudadanos y abrir un camino hacia una verdadera transición democrática.

Después de 25 años, Venezuela no tiene pendiente una elección. Tiene pendiente una transición. No tiene pendiente decidir quién ejerce el poder. Tiene pendiente construir las instituciones que lo limiten.

Durante 25 años Venezuela ha negociado el poder.

La deuda pendiente sigue siendo con la República, y con una sociedad que todavía no ha sido invitada a la mesa.

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