Por ADOLFO P. SALGUEIRO

La presión para facilitar una intervención extranjera ha ido tomando distintas variantes. Primero se mencionó el artículo 187.11 de la Constitución que faculta a la Asamblea Nacional para autorizar el empleo de misiones militares extranjeras. Guaidó prefirió no transitar esa vía. Después se consideró el tema de la Responsabilidad de Proteger que consiste en reconocer que la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los pueblos desasistidos cuyos gobiernos no quieren o no pueden hacerlo. Ahora se activa el procedimiento legislativo para reingresar a Venezuela como miembro del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) del cual nos habíamos retirado en el 2012.

El TIAR fue suscrito en 1947 por veinticuatro estados del continente de los cuales seis luego se retiraron. Entonces se presentaba como una alianza de solidaridad automática pero en realidad se trataba del ejercicio de la influencia norteamericana para protegerse de la expansión soviética desatada al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

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Ahora la Asamblea Nacional apunta a restituir a Venezuela como parte del TIAR (del cual los EEUU también lo es) y así abrir la posibilidad de invocar el espíritu de “los tres mosqueteros” expresado en la obligación de todos los Estados/parte de acudir en la defensa del que lo necesite.

La acción es interesante porque abre una ventana legal a la intervención militar siempre que haya algún estado que desee tomar la iniciativa de atender esa obligación. ¿Habrá quién?

Suponemos que el presidente (E) haya sondeado o conversado con otros estados del continente para asegurarse de que una vez preparada la estructura jurídica habrá quienes acudan a hacerse cargo.

Entre quienes pudieran intervenir hay que considerar su capacidad, posibilidad y disposición para hacerlo. En cuanto a capacidad militar son muy pocos; en cuanto a posibilidad económica, menos aún, y en cuanto a disposición, ya venimos viendo que el Grupo de Lima ha expresado reiteradamente su oposición al uso de la fuerza. Ello deja como único posible candidato a los EEUU en cuyos círculos políticos no parece existir un consenso determinante.

Hasta ahora han sido las sanciones norteamericanas las que han puesto al usurpador contra las cuerdas siendo evidente que el interés en hacerlo se fundamenta tanto en el rescate de la democracia en Venezuela pero en función de la “seguridad nacional” de los EEUU.

Trump viene buscando deshacerse de los conflictos que ocupan actualmente fuerzas militares norteamericanas por lo cual luce poco probable que quisiera abrir un nuevo frente. Solo Irán está candente y además en el periódico The Washington Post recientemente se ha comentado que él parece no estar muy conforme con el tono belicista hacia Venezuela de su principal asesor (Bolton).

Otro tema es la aspiración reeleccionista de Trump que parece marchar con viento a favor después de haber sido “reivindicado” por el informe Mueller. Por ello parecería poco probable que el casi seguro candidato republicano iniciara una aventura militar decididamente impopular para su base de votantes y el público norteamericano en general poco dispuesto a invertir recursos en defensa de democracias lejanas.

Así pues, aun cuando la muy repetida expresión de que “todas las opciones están sobre la mesa” el pragmatismo hace dudar que la fase militar tenga muchas posibilidades salvo alguna operación quirúrgica puntual que no requiera el empleo de tropas regulares.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

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